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Saqueos: Gobierno y empresarios acuerdan agenda para prevenir nuevos conflictos

GABINETE. El gobernador y parte de su equipo de trabajo participaron del encuentro. No hubo foto oficial

Durante más de dos horas repasaron el escenario de 3 y 4 de diciembre y el documento emitido por el G6 horas después. “La preocupación es cómo evitar que este tipo de hechos se repita”, admitió Manuel San Pedro, coordinador del grupo. Acordaron mantener reuniones periódicas desde enero para avanzar en temas específicos, siempre con el mismo objetivo. No se habló de sindicalización policial pero sí de canales de diálogo preventivos.

El gobernador José Manuel de la Sota y dirigentes de entidades empresariales nucleadas en el denominado Grupo de los Seis (G6) acordaron ayer establecer una agenda común de trabajo que apunte a evitar nuevos conflictos sociales como el detonado a raíz del autoacuartelamiento del personal policial, ocurrido los días 3 y 4 de diciembre pasados.

La conclusión fue producto de un encuentro que se extendió desde pasadas las tres de la tarde y por más de dos horas y del que, además del gobernador, participaron los ministros Martín Llaryora, Jorge Lawson, Ángel Elettore, Hugo Testa y Fabián López.

“Fue una conversación franca sobre temas que preocupan”, consideró Manuel San Pedro, coordinador del Grupo de Entidades Empresarias, integrado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Bolsa de Comercio, la Federación Comercial (Fedecom) y las cámaras de Comercio (CCC), de la Construcción y de Comercio Exterior (Cacex).

Por su parte, Lawson, vocero del gobierno, aseguró que se trató de un encuentro “positivo” y que se resolvió avanzar en una “agenda común”.

En el encuentro hubo autocrítica del Gobierno pero también se planteó la responsabilidad de numerosos actores en la situación que derivó en los saqueos.

Por lo pronto, de la reunión no trascendieron medidas puntuales que el Gobierno vaya a tomar en el corto plazo, aunque este medio pudo conocer que el gobernador mencionó algunas decisiones que se conocerían en breve, vinculadas con los temas seguridad y educación.

En ese marco y luego de repasar los diferentes puntos del documento del G-6, las partes acordaron reunirse una vez más en los primeros días de enero y luego de manera periódica una vez por mes, para avanzar en temas específicos y monitorear la evolución de la situación. “Hay una preocupación y expectativa para que en 2014 las protestas no deriven en este tipo de hechos”, señaló San Pedro respecto a los objetivos del encuentro.

Por cierto, dentro de ese fin último hay una serie de pasos previos que involucra a diferentes sectores y acciones a abordar.

“La idea es no tropezar de nuevo con la misma piedra”, reveló el vocero del G-6, y admtió que podrían sumarse otros sectores a la reunión. No obstante, dijo que no se habló de reflotar el Consejo Económico y Social.

Según trascendió, se barajó la posibilidad de abrir canales de diálogo que, sin llegar a la sindicalización de la fuerza policial, permitan descomprimir eventuales situaciones conflictivas mediante ese mecanismo. También, de “alinear a la fuerza policial en un rol claramente democrático”. En ese marco, se apuntó a la formación del personal como uno de los ejes centrales.
Asimismo, se repasó el avance de los planes de ayuda oficial para los damnificados por los saqueos. “Estamos conformes con ese mecanismo”, aseguró San Pedro.

Documento
El texto que había emitido el G-6 a horas de los saqueos apuntó a “actuar, por lo menos en tres ámbitos, la política, la justicia y la educación”.

Respecto a la política, el documento señalaba la necesidad de “erradicar o encauzar las recurrentes metodologías de reclamos salariales, en aquellos servicios públicos esenciales para el desenvolvimiento de la convivencia ciudadana, que implican prácticas extorsivas, o tomar de rehén a la población en su conjunto o afectar derechos colectivos superiores a los que se reclaman. Esta limitación debe hacerse encauzando estos reclamos sin afectar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Para ello se requiere una amplio consenso social y político”.

También, “evaluar la implantación de mecanismos de adecuado registro y tratamiento de eventuales malestares institucionales al interior de la fuerza policial que permitan a las autoridades gubernamentales intervenir a tiempo y de manera eficaz”.

Agregaba: “Analizar los casos existentes en otros países sobre diferentes instancias o modalidades de sindicalización o agremiación de los trabajadores de las fuerzas de seguridad y evaluar las reales posibilidades de adopción de alguno de estos mecanismos en Córdoba”.

“Garantizar que frente a situaciones de crisis de gravedad institucional operen mecanismos e instancias de consulta cívica o de participación de organizaciones de la sociedad civil que no se reduzcan a la mera presencia en actos de comunicación gubernamental o para la configuración de relatos oficiales, sean estos nacionales, provinciales o municipales” y, finalmente, “Exhortar a toda la dirigencia política a que en situaciones de esta magnitud y seriedad se suspenda toda especulación partidaria o electoral”.

En el área Justicia, “ exhortar a que se arbitren las medidas necesarias para garantizar una efectiva participación y acción judicial durante la gestación y el desarrollo de conflictos de esta magnitud y, por sobre todo, la imperiosa necesidad de que se actúe a posteriori identificando y sancionando a todos quienes hayan cometido delitos”.

En tanto, en Educación, “exhortar a que se utilicen adecuadamente estos dolorosos episodios como una oportunidad de acción educativa colectiva y de construcción de una conciencia cívica superadora en toda la sociedad cordobesa”.

Límites a policias

El Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley que sustituye el artículo 252 del Código Penal, incorporando penas específicas para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencias estatales armadas que por su naturaleza tuvieren a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados.