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Provincia “abre el juego”: EPEC deberá competir en un mercado más abierto

DE AVANZADA. El ministro López señaló que el proyecto busca anticiparse a los cambios futuros.

La estrategia oficial apunta a que haya múltiples actores, incluso en el mercado comercializador, que será desregulado. No obstante, la compañía estatal y las cooperativas preservarán el monopolio natural en la distribución. El Ersep regulará las tarifas pero con nuevos criterios. Se busca un valor uniforme y eficiente pero a mediano plazo. Luz y Fuerza, en contra

El anteproyecto de Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica para la Provincia de Córdoba que el Gobierno presentó ayer ante el Consejo Asesor de Política Energética (Capec) prevé un mercado más abierto a futuro, en el cual, si bien la Empresa Provincial de Energía (EPEC) mantendrá el “monopolio natural” en la distribución -al igual que las 204 cooperativas-, incluso podría perder el rol de comercializador si una empresa o grupo ofrece la energía más barata a los usuarios finales.
En ese caso, la EPEC o las cooperativas sólo recibirán ingresos por el uso que haría de sus redes un tercero.
Se trata sólo de uno de los cambios sustanciales que propone el proyecto que ahora será debatido por las entidades que conforman el Capec -integrado por las federaciones que nuclean a las cooperativas eléctricas, universidades y gremios de Luz y Fuerza, además de organizaciones empresariales y colegios profesionales-.
Una vez “corregido”, la iniciativa que elaboró la consultora Quantum llegará a la Legislatura para su análisis y aprobación.
El proyecto tiene 143 artículos y aborda el mercado eléctrico a partir de todos sus actores: la generación y todas sus variantes, el transporte, la subtransmisión y distribución y comercialización; y define a los usuarios finales.

Además, habilita al nuevo Instituto de Planificación Energética (IPE) dentro de la órbita del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para establecer las políticas estratégica de desarrollo del sector, reemplazando así a EPEC en ese rol.
En paralelo, determina nuevas modalidades de fijación de tarifas que, al igual que ahora, quedarán bajo la supervisión y habilitación del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep).
Por cierto, las tarifas deberán reflejar un escenario de eficiencia en la prestación del servicio. En ese marco, se fijará una tarifa testigo que buscará aplicarse, en el mediano plazo, en toda la provincia. Para llegar a ese horizonte gradual -hoy todos los actores están por encima de ese valor “eficiente”-, EPEC y las cooperativas deberán ajustar costos. Llegado el caso, para aquellos prestadores que se encuentren, por su estructura de costos, por encima de esa referencia, se habilitará un fondo compensador que se nutrirá de recursos que aportarán los superavitarios para que las tarifas igual se equilibren en el ámbito provincial.

“El primer documento es integral, con una visión holística de los desafíos que se presentan a futuro, tanto mirando los desafíos internacionales en materia tecnológica como en lo que respecta al medio ambiente. Pero considerando, además, los desafíos nacionales y los locales-provinciales que tenemos en nuestro ámbito y que queremos respetar”, señaló ayer el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, en la presentación ante el Capec.
“Esta propuesta es para que podamos tener una distribución y transmisión más eficiente, que impulse aún más el desarrollo productivo cordobés. El desafío es que la energía eléctrica llegue al menor costo posible a cada vecino, independientemente de dónde viva. Que sea un espejo de la obra de gasoductos que estamos haciendo en toda la provincia”, agregó.
Respecto al marco regulatorio, consideró que refleja lo que son las “nuevas reglas del juego para marcar el camino y abordar otros problemas o desafíos que se vienen a futuro”, completó el funcionario, quien negó que haya una fecha decidida para su llegada a la Unicameral.

El proyecto
La iniciativa busca reemplazar el marco vigente desde el año 2000 a partir de la ley 8837.
El anteproyecto redefine los roles de los actores relacionados con el sector eléctrico; les asigna objetivos, define su interrelación, la forma de regularla y sus derechos y obligaciones.
Así, el Poder Ejecutivo otorgará las concesiones, la Secretaría de Energía Eléctrica elaborará e instrumentará las políticas de Estado de corto y largo plazos para el sector eléctrico provincial y el Instituto de Planificación Energética (IPE) tendrá un rol clave en la planificación de la expansión de la generación y subtransmisión, responsabilidad que hoy tenía EPEC.
Por su parte, el Ersep deberá regular, fiscalizar, controlar y resolver conflictos, además -por cierto- de entender en el tema tarifario. El proyecto define cada uno de los actores del sector.
En paralelo, fija el rol del IPE, que deberá planificar eventuales inversiones en puntos estratégicos tanto en generación como en subtransmisión.
También, organizar subastas internacionales de compra de energía, por ejemplo.
El proyecto plantea el tema de la juriscción respecto a la órbita nacional y las de regulación local.

En el fondo, el texto deja implícito que, más temprano que tarde, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), hoy comercializador monopólico nacional, desaparecerá al menos en su rol actual. De esta forma, comenzarán a interactuar los actores en un contexto distinto.
Respecto a la definición de cada área, la Generación es una actividad hoy practicamente desregulada.
Aunque no lo menciona, EPEC seguirá operando sus usinas pero cada vez se sumarán nuevos inversores que diversificarán la oferta energética.
El proyecto incluye la generación distribuida y la chance de sumar a los usuarios residenciales también como generadores.
También puntualiza respecto a las energías renovables.
En cuanto al transporte, es una actividad regulada a escala nacional. La referencia es relativa al transporte interprovincial, en el que EPEC también es actor.
Pero ahora se incorpora la red de subtransmisión, que sí es el transporteeléctrico pero bajo la órbita provincial y dentro del territorio cordobés. Estará regulado por el Ersep.
En cuanto a la distribución, es regulada, de utilidad pública y también regulada por el Ersep.
El proyecto considera que en ese ámbito hay “monopolios naturales”, como el caso de EPEC y las cooperativas que, a propósito, no deberán tener título habilitante como sí se los exigirá a las sociedades anónimas que resuelvan sumarse al mercado eventualmente.
El texto habla asimismo de mercados libres y monopólicos.

Las actividades que puedan desarrollarse en mercados de libre competencia no serán reguladas, es el caso de la Generación y la Comercialización, salvo cuando esta última sea realizada por el distribuidor incumbente (será regulada bajo el esquema de proveedor de última instancia). EPEC y las cooperativas están dentro de esos últimos conceptos.
Los comercializadores son los únicos que podrán vender energía a los usuarios consumidores o a otros comercializadores.
Éstos son los únicos actores que podrán comprar la energía a los generadores o a otros comercializadores, para revenderla a los usuarios consumidores. Además, los comercializadores pagarán por el uso de la capacidad de red y servicios asociados prestados por el Transporte, la Subtransmisión y la Distribución que utilicen sus clientes.
En esa instancia EPEC podría quedar sólo como un eventual “proveedor” de la red y no como comercializador final.

El proyecto define la Comercialización Libre como una actividad de riesgo. Los comercializadores libres podrán competir en todo el territorio provincial, ajustándose a las normas del Marco Regulatorio y no tendrán precios regulados.
El texto fija conceptos como la Regulación de Incentivos o la determinación de costos eficientes a través del brenchmarking, o comparación con otros actores similares.
Finalmente, en relación con las tarifas, serán reguladas por el Ersep para el caso de subtransmisión y distribución y en el caso de la comercialización, pero sólo para Proveedores de Última Instancia.
Habrá una transición hacia tarifas eficientes reguladas y, finalmente, se buscará una tarifa única en el mediano plazo, con la puesta en marcha de un fondo compensador que nivele las diferencias entre uno y otro prestador en función de sus costos.