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Por la devaluación, crecieron casi 80% los subsidios económicos

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Los subsidios económicos, concentrados principalmente en las áreas de Energía y Transporte, sumaron $69.678 millones en el primer cuatrimestre, 78,9% más que lo devengado el mismo período de 2018, informó ayer la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Las subvenciones energéticas en particular tuvieron en los primeros cuatro meses del año una variación interanual de $36.879 millones (270% de suba), «a pesar de la disminución de los subsidios a la tarifa eléctrica», como consecuencia del «efecto de la devaluación del peso sobre las tarifas» y del incremento del precio del gas importado.

Los mayores subsidios en el sector se explicaron, concretamente, por el incremento en las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa); a Yacyretá y a la empresa Integración Energética Argentina SA (Ieasa, ex Enarsa).
Por su parte, los subsidios al Transporte disminuyeron en $6.749 millones (-29,1% interanual), por el efecto combinado de mayores partidas para Transporte Ferroviario ($1.555 millones) y menores para el Transporte Automotor (- $8.296 millones).
El informe de ASAP recuerda que el Consenso Fiscal II entre Nación y provincias acordó el año pasado reducir en 0,3% del PBI adicionales los subsidios en energía, a partir de una mayor cobertura de la tarifa sobre el costo del servicio.
Ese plan, sin embargo, fue parcialmente suspendido por el Poder Ejecutivo nacional cuando anunció a mediados de abril el congelamiento hasta fin de año del precio de la energía (gas, electricidad) y del transporte, con asunción de los costos asociados por el Estado.
Adicionalmente, agregó la ASAP, las transferencias destinadas al financiamiento de inversiones de capital para empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, sufrieron una caída de 17,6% interanual, al ejecutarse en el cuatrimestre un total de $4.183 millones.
A la vez, se verificaron alzas por debajo de la inflación interanual (de 55,8%, según el Indec) en las remuneraciones (27,3%); las transferencias corrientes a universidades nacionales (24,8%) y al sector empresarial público (23,1%); en bienes y servicios (11,9%) y en las transferencias corrientes a las provincias (10,3%).
Esta última merma explica por qué este año no se incluyen en el presupuesto nacional las compensaciones a provincias establecidas en el Consenso Fiscal, que en 2018 se registraban en el programa Asistencia Financiera a Provincias y Municipios; a lo que se añade una retracción de las transferencias de la función educación (-25% interanual), concluyó la ASAP.

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