La Caja ya acumula 4.500 reclamos contra el ajuste

Son presentaciones administrativas previas al inicio de acciones judiciales. El organismo previsional dictaminará en días el rechazo de ellos. En paralelo, hay planteos que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia por la supuesta inconstitucionalidad de la norma. Siguen rechazando acciones contra la ley 10078 de diferimiento, que aún acusa fallos de fondo. [privado] La Caja de Jubilaciones de la Provincia acumuló hasta ayer un total de 4.500 reclamos administrativos en rechazo al ajuste previsional aplicado en diciembre apsado a partir de la ley 10333. Las presentaciones se suman a las acciones de inconstitucionalidad elevadas por otros pasivos, que ya obran en poder del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Con todo, aún no hay fallos de fondo sobre el tema, sólo el rechazo de cautelares presentadas a poco de sancionarse la norma. Los datos respecto a los expedientes administrativos ingresados a la Caja fueron confirmados a Comercio y Justicia por el responsable del área Legales del organismo, Francisco Olcese. “Son reclamos administrativos que serán respondidos en los próximos días”, reveló el funcionario. Concretamente, la Caja rechazará esos recursos. De hecho, la entidad tiene 120 días hábiles para responderlos. Una vez contestados, los reclamantes tendrán 30 días para interponer recursos de reconsideración, cuyo derrotero seguramente será el mismo que el expediente original. Superada esa instancia podrán iniciar la vía judicial a partir de una presentación en el fuero Contencioso-administrativo. Según admitió Olcese, la mayoría de los reclamos corresponde a docentes pero también hay de otros sectores, entre ellos de jubilados de la Municipalidad de Córdoba. En paralelo, siguen su curso las presentaciones contra la ley en análisis por parte del TSJ. La más conocida es una interpuesta por el estudio que encabeza Horacio Gentile patrocinando al beneficiario Miguel Acosta. A esa causa adhirió luego la Unión de Personal Superior (UPS), el gremio de los empleados jerárquicos de la Provincia que conduce Domingo Ovando, bajo la figura de “tercero interesado”. Esa acción declarativa de inconstitucionalidad fue considerada admisible por el fiscal General, Alejandro Moyano, y aún debe ser tratada por el Máximo Tribunal. En tanto, fueron rechazados oportunamente los amparos presentados contra la norma por diferentes actores. Las medidas fueron declaradas inadmisibles con el argumento de que no existía una limitación inmediata en la aplicación de la norma respecto a la situación de los supuestos damnificados, sugiriendo avanzar mediante otras vías de reclamo, por ejemplo el recurso administrativo que ya presentaron 4.500 pasivos. La ley 10333 fue sancionada el 23 de diciembre pasado y promulgada y publicada ese mismo día en una edición especial del Boletín Oficial de la Provincia. La norma avanzó, por un lado, con la eliminación del diferimiento previsional aplicado a partir de la ley 10078 y, por otro, dispuso un recálculo de los haberes jubilatorios a partir de un esquema que, en la práctica, implicó que los pasivos pasaran a cobrar el 73 por ciento móvil del salario bruto de los trabajadores en actividad y no el 82 por ciento como hasta ese momento. El nuevo cálculo, que en la práctica implicó una reducción de los haberes, se aplicó de tal forma combinado con la salida del diferimiento que en ningún caso supuso una baja nominal de las prestaciones. De todas formas, los jubilados y sus patrocinantes consideraron que la ley es inconstitucional, justamente porque vulnera el principio de irreductibilidad y proporcionalidad de los haberes, tema que deberá dirimir la Justicia. Mientras se debate la constitucionalidad o no de la ley 10333, aún se siguen resolviendo expedientes contra la 10078 de diferimiento previsional, sancionda en agosto de 2012. De hecho, esta semana, la Caja publicó en el Boletín Oficial diferentes resoluciones rechazando recursos administrativos presentados contra aquella norma. Tampoco hay decisiones judiciales de fondo con relación a esa ley, pese a haber transcurrido casi cuatro años desde su sanción. [/privado]

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