ESCUCHARSe pasará a no remunerativo cuatro cláusulas de los haberes de los trabajadores, según confirmó Franco Saillén, referente del Surrbac. “No implica una baja en la remuneración de bolsillo”, aclaró. Será por tres meses con posibilidad de prórroga. Mientras tanto, las redeterminaciones de costos con las prestatarias se pagarán con bonos tras un año sin recomposición. Comienza nueva paritaria y ello suma presión extra
Por Alfredo Flury
La Municipalidad de Córdoba logró en las últimas horas un nuevo recorte del gasto al acordar
las prestatarias del servicio de higiene urbana una reducción de costos salariales.
El acuerdo se logró luego que los contratos se dispararon hasta ubicarse en torno a los 385 millones de pesos mensuales, tras sucesivos reajustes que, sin embargo, aún no fueron reconocidos de manera oficial. A esa erogación hay que sumarle el gasto del Ente de Servicios y Obras Públicas (Esyop).
Los mayores costos producto de sucesivas redeterminaciones de precios serán cancelados con bonos.
Con todo, el costo del servicio de recolección volverá a establecer un nuevo reajuste desde el mes próximo a tenor del inicio de la paritaria 2020/2021 que las empresas deberán negociar con el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).
Por lo pronto, el dato de última hora es el acuerdo salarial logrado entre las empresas y el Surrbac que reduce los costos del principal componente que impacta sobre los contratos.
El convenio que ya se había rubricado días atrás con el Esyop que tiene a cargo el barrido en la ciudad, ahora se hizo extensivo a las empresas LUSA, Logística Ambiental Mediterránea (LAM) y Urbacor.
Concretamente y según explicó Franco Saillén, referente del gremio, el convenio incluye el pase a la categoría “no remunerativo” de cuatro ítemes que componen el salario.
“Para el trabajador no implica cambio alguno en el sueldo de bolsillo pero sí para las empresas”, señaló. En paralelo, dijo que tampoco impactará en un ajuste en el medio aguinaldo a cobrar en junio.
El acuerdo se extenderá por tres meses, aseguró Saillén. Según trascendió, el convenio incluye una cláusula para extenderlo por un período similar.
“El gremio va a colaborar en todo lo necesario para poder superar esta situación que afecta a todos los sectores”, indicó.
Al mismo tiempo, confirmó que en los próximos días buscarán avanzar en un nuevo acuerdo paritario luego de que el vigente venza el próximo 31 de mayo.
Por lo pronto, el acuerdo firmado entre el Surrbac y las empresas, incluido el Esyop, impactará en una reducción de los costos de la prestación del servicio de higiene urbana para el municipio.
El monto de la baja no fue cuantificado desde la comuna. Sin embargo, en esta instancia, cualquier reducción del gasto suma para equilibrar las cuentas de la comuna, jaqueadas por una drástica caída de los ingresos.
Por lo demás, la medida de acotar el gasto en el servicio de higiene urbana va en línea con la estrategia encarada por el intendente Martín Llaryora de reducir las erogaciones corrientes en sus diferentes frentes.
La primera acción en esa dirección fue la reducción de la jornada laboral de los empleados municipales, medida que supone un ahorro en torno a 10 por ciento del gasto salarial. Traducido en recursos, son unos 160 millones de pesos mensuales.
La medida generó fuerte resistencia del gremio Suoem que de hecho mantiene medidas de fuerza y esta semana concretó una importante movilización, aún pese a la cuarentena. En ese marco, ayer el gremio anunció la presentación de una acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para intentar revertir el ajuste salarial.
Mientras tanto, Llaryora por ahora no logró avanzar (al menos de manera contundente), en otro de los frentes que es la reducción del costo salarial en el transporte urbano. Si bien esa erogación no impacta de manera directa en las arcas municipales, sí lo hace respecto a los periódicos planteos de las empresas del sector para incrementar el precio del boleto.
La intención oficial de fondo es modificar el denominado “costo Córdoba” del convenio colectivo de UTA, que es diferencial respecto al que rige en otras administraciones.
Sin embargo, esa idea por ahora no parece tener muchas posibilidades. Por lo pronto, la comuna logró firmar un acuerdo con UTA para que la empresa estatal Tamse pague como no remunerativo el 25 por ciento del salario, aunque sólo de aquellos que están impedidos de trabajar por ser grupos de riesgo, en el marco de la cuarentena por el coronavirus.
El tercer frente es el costo del servicio de higiene urbana. Si bien el acuerdo alcanzado en las últimas horas entre las empresas y el gremio es sólo por 90 días con posibilidad de prórroga por un período similar, es un primer avance. Sin embargo, la intención oficial pretende llevar la reducción del costo salarial aún más allá. La presunta debilidad del gremio, con sus principales dirigentes con procesos judiciales en su contra, favorece la estrategia oficial de avanzar en esa línea.
Bonos para las empresas
Mientras tanto, el costo del servicio de higiene urbana a cargo de las prestatarias privadas se ubicaría ya en torno a los 385 millones de pesos.
La cifra se sitúa así 80 millones de pesos por encima del último ajuste aplicado, hace ya un año.
Con todo, el monto específico no pudo ser precisado porque no hubo respuesta por parte de la comuna.
Como fuere, el último incremento por redeterminación de costos data de mayo del año pasado.
Desde entonces no hubo publicación de decreto alguno que habilitara nuevos incrementos pese a que los costos subieron, impactados principalmente por los incrementos salariales aplicados desde entonces.
En el caso de LAM, la última redeterminación a abril de 2019 ubicó el contrato en 52,82 millones de pesos. En el caso de LUSA se situó en 131,02 millones de pesos y, finalmente, el vínculo de Urbacor llegó a 121,57 millones de pesos. En total, sumaban 305,4 millones de pesos.
Pero a la fecha, ese monto ya se ubica en torno a 385 millones de pesos, sólo por el impacto de una paritaria que logró aumentos de 26,09 por ciento hasta enero.
Los reajustes solicitados por las empresas y no otorgados por el ex intendente Ramón Mestre y tampoco aún, al menos de manera oficial por Llaryora, serán cancelados con bonos a partir de la emisión dispuesta por la comuna para pagar deudas con proveedores y contratistas.
Si bien el municipio no informó sobre cuántos recursos se destinarán a ese fin, trascendió que rondarían los 400 millones de pesos.
