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Extinción de dominio: DNU prevé creación de oficina que impulsará las acciones

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El presidente Macri adelantó que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para que se aplique un procedimiento por el cual se puedan incautar bienes mediante un juicio civil a acusados de cometer delitos graves como narcotráfico, corrupción, trata de personas, contrabando y otros

El presidente Mauricio Macri adelantó ayer que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la aplicación del procedimiento de extinción de dominio, que prevé la incautación de bienes por medio de un juicio civil a personas acusadas de cometer delitos graves como narcotráfico, corrupción, trata de personas y contrabando, entre otros.
“No da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en Argentina hoy el que las hace, las paga”, dijo Macri durante el anuncio que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en compañía de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
A partir del decreto, habrá una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional (Peden), que funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación, y será la encargada de llevar adelante las investigaciones preliminares junto con los fiscales, presentar las demandas e impulsar las acciones, según indicó el Ministerio de Justicia.
Los bienes alcanzados por la nueva acción civil son todos aquellos susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria.

También incluye los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes mencionados. “Voy a firmar un decreto para avanzar con la extinción de dominio y que la Justicia pueda recuperar más rápido y de forma trasparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron”, afirmó Macri, quien dijo que los bienes incautados “se pueden subastar para destinarlos a políticas públicas fundamentales”.
“La mafias, las redes de narcotráfico, de crimen organizado y de la corrupción se llevaron plata que es de todos los argentinos. Es plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para seguir construyendo escuelas, jardines, espacios de primera infancia, rutas más seguras, obras para inundaciones y también llevar obra y cloacas a todas las familias”, agregó.
Según el Presidente, actualmente “la justicia penal tiene instrumentos para avanzar sobre estos bienes pero son muy lentos” y que por ello este DNU será “un paso adelante para que la justicia pueda avanzar más rápido en recuperar esos bienes”.
Sin embargo, diputados de distintos partidos de la oposición expresaron ayer su rechazo y tildaron de “inconstitucional” la medida.
“El DNU de extinción de dominio es inconstitucional, es más un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal. Por eso, lo anunciado por Mauricio Macri involucra directamente cuestiones penales”, expresó el bloque de diputados nacionales del FPV-PJ en de un comunicado.
Y agregaron: “Curiosamente, en el día que el FMI anuncia mayor contracción económica para Argentina, el Gobierno de Cambiemos intenta tapar una nueva mala noticia con un mamarracho que viola la Constitución Nacional”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada del PTS, Myriam Bregman, apuntó que se trata de una iniciativa “demagógica” ya que, según explicó, “ya existen medidas para recuperar bienes de origen ilegal”.
Según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el DNU instaurará “un régimen amplio”, por el cual el proceso de extinción del dominio se tramitará en el fuero Civil, en forma paralela al penal, en el que se invierte la carga de la prueba y el imputado deberá demostrar que adquirió los bienes de modo legal.
“No alcanza con condenar a quienes lideran bandas criminales porque mientras tengan recursos van a seguir operando. Por esto, también hay que atacar su poder económico”, argumentó Macri.

El proyecto de extinción de dominio en el Congreso se aprobó en Diputados a mediados del 2016 pero ese año el Senado le incorporó cambios sustanciales, que la cámara baja debía aceptar o rechazar pero, finalmente, postergó su debate por diferencias entre el oficialismo y la oposición.
La iniciativa aprobada por el Senado establecía que la incautación de los bienes se ejecute sólo una vez que exista una sentencia de primera instancia, lo que rechazó Cambiemos.
Al referirse al por qué tomó la decisión de avanzar a través de un DNU, afirmó: “Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos para su aprobación en el Congreso están estancados hace años”.

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