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Deuda: especialistas analizan las experiencias de Ucrania y Uruguay

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en un marco de acceso restricto al Financiamiento, el nuevo gobierno tendrá el desafío de reactivar la economía sin presionar el incremento en el déficit fiscal

Mientras el presidente electo Alberto Fernández ya comenzó a delinear algunos de los aspectos de la política económica que implementará cuando asuma, especialistas económicos miran las experiencias de Ucrania y Uruguay para pensar el futuro de Argentina, en el marco de la restricción de acceso al financiamiento internacional. En este sentido, el Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf) advirtió en un informe que la nueva administración enfrenta un desafío muy importante relacionado con reactivar la economía pero a la vez evitar presionar el incremento en el déficit fiscal, además de lograr reestructurar el pago de la deuda pública.
“El Tesoro argentino posee un total de US$324.000 millones de Deuda Pública Bruta, de los cuales 20% vence en el año 2020 y 62% en los próximos cuatro años. En el año 2020 Argentina deberá enfrentar vencimientos de deuda por concepto de capital e intereses por más de US$63.800 millones (aproximadamente 15% del PIB)”, explicó el documento firmado por Nadin Argañaraz, Bruno Panighel y Julián Illa.

“Estos vencimientos están compuestos por US$14.800 millones de intereses y US$49.000 millones de capital”, agregó el texto, destacando que “en un contexto donde los mercados voluntarios de deuda se encuentran cerrados para el país, con un riesgo país mayor a los 2.000 puntos básicos, es altamente probable que se habilite un mecanismo de reestructuración de los vencimientos de deuda”.
En este sentido, se precisó que “Argentina debe tomar decisiones rápidas en materia de deuda para no cortar los pagos ya comprometidos y no perder aún más confianza” y que “frenar pagos ya comprometidos puede dar oxígeno en el corto plazo, pero para evitar futuras crisis y garantizar un ambiente económico más estable se necesita una mejora de las cuentas públicas que evite el sobreendeudamiento”.
Por ello, los especialistas del Iaraf indicaron la importancia de analizar los casos de Ucrania y Uruguay, ya que tales países presentaron similitudes con la situación actual de nuestro país, como también haber acordado un préstamos Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque existen diferencias significativas en el monto de cada crédito.

En el caso de Ucrania, el acuerdo original había sido de US$17 mil millones en abril de 2014, mientras que en 2015 firmó un Programa de Facilidades Extendidas que le permitió un desembolso de US$5 mil millones y una extensión del cronograma de pagos de la deuda de 4 a 10 años. Además, según detalló el Iaraf, ese país hizo una serie de reformas económicas, mientras el acuerdo con los acreedores incluyó una quita de la deuda y otras condiciones.
En el marco de estas modificaciones, “la deuda pública como porcentaje del PBI se estabilizó y luego disminuyó desde 80% a 57%. Esto fue posible dado el superávit primario de 1,5-2% del PBI que se generó cada año”. Además, precisó el informe, el PBI se recuperó en un promedio de 2,7% en los años posteriores a la reestructuración y la inflación se estabilizó en 11%.

Por su parte, Uruguay recibió en 2002 US$769 millones de ayuda financiera por parte del organismo multilateral de crédito a 24 meses pero “que fue aumentado en US$1.500 millones en la segunda parte del año”. Así, en 2003 el ratio de relación con el PBI se ubicaba en 112%.
“Dados los problemas que en materia de deuda atravesaba el país, una manera de superar la situación sería una reestructuración que implicara un alargamiento de plazos, conservando su reputación como cumplidor para poder seguir recurriendo a los mercados de capitales”, analizó el informe y agregó que, en esa coyuntura, el objetivo no fue reducir el stock de deuda, sino aliviar el calendario de vencimientos “para recuperar el grado de inversor cumplidor y evitar la desconfianza”.
“La maniobra tuvo buenos resultados. La adhesión alcanzó una participación del 93% en el conjunto de los bonos ofrecidos en canje (89% de participación de bonos externos y 99% locales)”, evaluó el Iaraf.
“En las elecciones de octubre de 2004, la nueva presidencia obtuvo mayoría parlamentaria y en marzo de 2005 renegoció con el FMI. El acuerdo final con el organismo se centró en la obtención por parte del Estado uruguayo de un superávit primario de 3,5% del PBI ese mismo año, 3,7% en 2006 y 4% en 2007, lo cual garantizaba el pago de los intereses de deuda y, unido al crecimiento proyectado del PBI, llevaría la proporción de la deuda a menos de las 3/5 partes de su ratio inicial”, enumeró el informe.
Realizando también modificaciones en la política fiscal, el país vecino “alcanzó el crecimiento proyectado del producto de 4% para 2006 y a partir de ahí se ha mantenido una tendencia positiva”, mientras que “en los últimos años el crecimiento promedio anual fue del orden del 4,5%”.
En una comparación de ambas experiencias, el Iaraf destacó que “en los dos casos comparados se observa que con el objeto de disminuir la importancia relativa de la deuda (ratio deuda/PIB), la política fiscal fue contractiva” y que “ambas economías lograron recuperar una tendencia positiva del PIB a partir de la reestructuración”.

Sobre la base de este análisis, los especialistas precisaron que “el próximo Gobierno argentino debe enfrentar una situación de elevada complejidad en materia económica. Por un lado, la imperiosa necesidad de reactivar la economía genera presión a aumentar el déficit fiscal, mientras que la experiencia de Ucrania y Uruguay marcan que la reestructuración de la deuda derivó en la generación de importantes superávit primarios”
En este sentido, el “conflicto de objetivos es claro. Habrá que ver cuál es el mix de política económica con el que se decide enfrentar a partir del 10 de diciembre este gran desafío socioeconómico que nuevamente tiene nuestro país”, se concluyó.