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Córdoba aportará US$140 millones extras sólo por la posible suba de las retenciones a la soja

Se sumaría a los US$1.750 millones que ya suponía el alza aplicada al tributo,  estimó Juan Manuel Garzón, del Ieral. A ese monto se sumaría una eventual alza para maíz y trigo. Ayer, el Gobierno cerró el registro de exportadores. Hoy, el ministro Bazterra recibe a la Mesa de Enlace, en medio de la creciente tensión por la presión fiscal. El Iaraf estimó aporte extra del 0,09% del PIB

El eventual aumento de tres puntos porcentuales en las retenciones a la soja y sus derivados, exigiría un aporte extra de 140 millones de dólares por parte de los productos cordobeses. Ese monto, se sumaría así a los 1.750 millones de dólares que ya aporta el complejo sojero local al fisco luego de la última alza del tributo aplicada a poco de asumir el presidente Alberto Fernández.

De esta forma, Córdoba aportaría 1.890 millones de dólares, siempre bajo la hipótesis de un alza del impuesto.

La estimación fue anticipada a Comercio y Justicia por el economista Juan Manuel Garzón del Ieral. No obstante, el profesional aclaró que en el cálculo no se incluyó un posible retoque de las retenciones al maíz y el trigo.

Tampoco una posible reducción a productos vinculados a economías regionales, tal como trascendió en las últimas horas.

En el caso de la soja, la proyección de Garzón se basó a partir de una hipótesis que incluyó precios y volúmenes similares a los de la última campaña y suponiendo que la mayor alícuota impacte en todo el complejo sojero, esto es porotos, aceite, harina y biodiesel.

En tanto, para todo el país, una suba de retenciones a la soja aportaría 510 millones de dólares extra al fisco.

En rigor, la posibilidad de un incremento en el impuesto a la exportación cobró nueva fuerza ayer luego que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación suspendiera ayer “hasta nuevo aviso” el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), decisión que generó críticas de parte del sector agropecuario ante la posibilidad de que esta medida anteceda a una suba en la alícuota que tributan en concepto de derechos de exportación de soja.

En principio, trascendió que el alza de las retenciones a la soja pasaría de 30 a 33 por ciento, esto es el techo que quedó habilitado en la Ley de Emergencia votada en diciembre último en el Congreso.

El cierre del registro se conoció veinticuatro horas antes de la reunión que mantendrán hoy representantes de la Mesa de Enlace, integrada por Federación Agraria (FAA), Sociedad Rural (SRA), Coninagro y Confederaciones Rurales (CRA) con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, prevista para las 16.30.

En un comunicado oficial del Ministerio enviado a empresas del sector exportador, la cartera agropecuaria resolvió que “a partir de las 0 horas del día 26 de febrero de 2020 y hasta nuevo aviso, el registro de DJVE permanecerá suspendido en forma temporaria en todos sus efectos”.

En ese registro, las empresas exportadoras declaran de manera anticipada al Estado las exportaciones de granos y derivados.

La suspensión del registro se realiza generalmente cuando es inminente un aumento en los derechos de exportación (DEX) de granos y productos agropecuarios, como ocurrió el 14 de diciembre cuando el Gobierno nacional dispuso un incremento en esa alícuota.

En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo decretó una actualización de las retenciones al derogar el tope de la retención de 4 pesos por dólar exportado dispuesto oportunamente por Mauricio Macri.

De esta manera, la soja pasó de tributar 30 por ciento contra el 24,7 por ciento anterior, mientras que el maíz y el trigo pasaron desde el 6,7 por ciento hasta el 12 por ciento, entre otro productos.

Estos porcentajes podrían ser nuevamente modificados por el Poder Ejecutivo tras la sanción por parte del Congreso Nacional de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que faculta al Gobierno a aumentar en tres puntos porcentuales los derechos de exportación para granos y demás productos agropecuarios, posibilidad que todavía no fue aplicada por el Gobierno nacional.

“Esta situación genera mucha preocupación en el seno de la Federación Agraria Argentina”, indicó la entidad agropecuaria en un comunicado y agregó que “hoy nos sorprenden con el cierre del registro de exportaciones, que es y ha sido siempre la antesala de situaciones complicadas para los productores agropecuarios”.

Por ese motivo, FAA bregó para que “no se repitan errores del pasado y que podamos dialogar para encontrar los caminos y alternativas que no paralicen al sector”.

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) indicó que la medida “sorprende y deja una profunda sensación de engaño”.

“Mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tiene retroceso, de lo contrario no se explica el cierre de un mercado”, sostuvo en un escrito y aseguró que “es tiempo de tratar al sector productor sin chicanas y sin falsas reuniones sobre decisiones ya tomadas”.

Impacto fiscal

En tanto, un documento elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) encabezado por el economista Nadin Argañaraz, estimó que la eventual suba de retenciones a la soja, maíz y trigo,  terminaría registrando un aumento potencial máximo de recursos del 0,09 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

En ese marco, las políticas redistributivas entre sectores permitirían, dentro del marco de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, arribar a un déficit primario levemente inferior al del año 2019.

Considerando la información de las exportaciones del último lustro, descontando el adelantamiento del pago de las DJVE producido en el último trimestre del año 2019 y los derechos de exportación de los dos primeros meses de 2020, la recaudación extra que aportaría la medida de subir retenciones estaría en el rango de 400 a 500 millones de dólares, es decir, un valor esperado del orden de 450 millones de dólares y equivalente a 0,10 por ciento del PIB. 

Dado que la suba de retenciones absorbe base imponible del impuesto a las Ganancias, teniendo en cuenta una alícuota efectiva promedio del impuesto a las Ganancias del 20 por ciento, el impacto fiscal neto se reduce a un aumento de recaudación del orden de los 360 millones de dólares, equivalente a 0,08 por ciento del PIB. 

La suba de retenciones resta recaudación del impuesto a las Ganancias, que va 60 por ciento a Provincias y 40 por ciento a Nación.

Es decir que esta última terminaría registrando un aumento potencial máximo de recursos del 0,09 por ciento, indicó el Iaraf.

A esta recaudación potencial habría que restar el costo de mecanismos de compensación que el Gobierno puede establecer de manera simultánea.

Considerando los cambios implementados hasta el momento de manera integral, el nuevo resultado primario del año 2020 sería de equilibrio presupuestario, en lugar del déficit primario esperado antes del cambio de gobierno (de 1,5 por ciento del PIB). 

Este escenario aparece como posible siempre y cuando la recaudación base y la nueva recaudación derivada de los cambios implementados se mueva en línea con lo originalmente esperado.

Esto quiere decir que todo el paquete de medidas, descontado por el adelantamiento de

derechos de exportación y considerando la posible suba de alícuotas de tres puntos porcentuales en los derechos de exportación, generaría ingresos netos por 0,44 puntos porcentuales del PIB, llevando el déficit primario cerca del equilibrio.

Escenario de cierre fiscal 2020

Claramente, dos elementos clave definirán el resultado primario de cierre 2020, y son los niveles que alcancen el costo final de la movilidad que se decida para el gasto social ajustable y los eventuales subsidios extra a los servicios. 

Ambas condiciones clave no están fijadas por el momento, y forman parte de los grados de libertad o discrecionalidad para la política del ejecutivo. 

Se puede indicar que, si tanto el congelamiento de tarifas como la recomposición de beneficios sociales se terminaran financiando con partidas de Ingresos tributarios o recursos del fisco, lo cual tiene alta probabilidad de ocurrencia (por ejemplo, la posible suba extra de alícuotas de derechos de exportación), el resultado primario 2020 sería afectado, llegando, en caso de considerar los casos estimados, a un déficit de 0,33 por ciento del PIB. Es decir, las políticas redistributivas entre sectores permitirían, en este escenario, arribar a un déficit primario levemente inferior al del año 2019, concluyó el documento.