ESCUCHARPese a haber firmado el duro documento que exige al Gobierno nacional compensar el impacto de la baja de tributos, Schiaretti no fue a la Corte como sí lo hicieron 13 distritos. A último momento, la gestión Macri logró frenar tres presentaciones. La administración provincial aguarda una “señal” pero por ahora no romperá puentes. Discuten por la Caja. La recaudación ya siente el impacto del nuevo parate
Gobernadores peronistas y de partidos provinciales realizaron un “combo” de presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma separada, para que se declare inconstitucional el decreto presidencial que establece la reducción del IVA en productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible en Ganancias.
Los mandatarios aspiran a que se realice una compensación por la pérdida de fondos en sus arcas, ya que se trata, en el caso de IVA y Ganancias, de impuestos coparticipables. Y pidieron que se dicte una cautelar para que no se le retraigan recursos a las provincias de la coparticipación. En total fueron 13 provincias y no 16, como originalmente se especulaba. Es que el Gobierno nacional logró neutralizar a último momento las presentaciones de Río Negro, Misiones y Chaco con negociaciones individuales que retrasaron los planteos.
Así, entre los distritos que no acudieron al máximo tribunal se encuentra Córdoba. En rigor, la administración de Juan Schiaretti nunca tuvo en carpeta concurrir a la Corte pese a haber firmado el duro documento que la semana pasada publicitaron todos los gobernadores opositores. En él reclamaron por el impacto de la medida y exigieron una compensación “urgente”.
Esa alternativa, que estimaron en unos 30 mil millones de pesos, debía efectivizarse el viernes, caso contrario esta semana irían a la Corte.
Como esa compensación nunca se concretó, ayer presentaron medidas individuales 13 distritos, entre ellos Formosa (Gildo Insfrán), Tierra del Fuego (Rosana Bertone), Catamarca (Lucía Corpacci), La Pampa (Carlos Verna), La Rioja (Sergio Casas), Salta (Juan Manuel Urtubey, candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna), San Luis (Alberto Rodríguez Saá), Santa Cruz (Alicia Kirchner), Tucumán (Juan Manzur) y San Juan (Sergio Uñac).
En tanto, otros mandatarios no peronistas también avanzaron con acciones. Fueron Chubut (Mariano Arcioni, en medio de una dura crisis provincial), Santiago del Estero (Gerardo Zamora) y Santa Fe (Miguel Lifschitz).
A esos planteos se suman los recursos que ya habían presentado La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.
Sin embargo, a último momento, no fueron a la Corte el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), el neuquino Omar Gutiérrez (MPN) y el misionero Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia). Es que el Gobierno nacional “punteó” cuáles eran los distritos más permeables a negociar y los convocó para buscar alternativas para frenar una eventual presentación judicial. “Les ofrecieron un café, por lo pronto”, dijo irónicamente ayer una fuente consultada por Comercio y Justicia. En tanto, la administración de Schiaretti por ahora no recibió llamado alguno para comenzar a discutir el tema.
La Nación sabía que Córdoba no iría a la Corte, al menos en un primer momento, así que se concentró en entablar diálogo con las provincias a las que sí podía convencer de no ir a la justicia.
Córdoba está en el lote de distritos menos díscolos pese a haber firmado el documento de los gobernadores. Con todo, el hecho que no haya sido Schiaretti sino el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, el que rubricó el texto marcó un gesto político del mandatario provincial en relación al tema.
En ese marco, además de Córdoba, Chaco y Entre Ríos, como provincias peronistas, no recurrieron a la Justicia. Tampoco lo hizo Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Jujuy y Mendoza. De todas formas, estos últimos son todos distritos gobernados por dirigentes afines al Gobierno nacional.
Como lo hizo días atrás, la Corte enviará las demandas a la Procuración General de la Nación para que dictamine si los casos presentados son de su «competencia originaria».
En las presentaciones ante el Máximo Tribunal, las provincias argumentaron que el Presidente vulneró principios del federalismo al tomar decisiones que debería haber adoptado el Congreso, porque afectan remesas coparticipables. Y exigieron a la Corte, con las cautelares, el cese de las detracciones y la devolución de los fondos afectados hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
En despachos provinciales confían en que la Corte se declarará competente, ya que ya lo hizo este año en el marco de una causa en pos de la restitución del derogado Fondo Federal Solidario (Fofeso), por el que ya litigan Santa Cruz, Formosa, Chubut, Catamarca, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
En Máximo Tribunal se reunirá el jueves y, según trascendió, no tiene apuro en tratar esta nueva andanada de reclamos provinciales.
Córdoba, a la espera
Mientras tanto, funcionarios del Gobierno de Córdoba mantienen el mutismo que desde hace días es conducta comunicacional sin fisuras. Todos los datos que Comercio y Justicia pudo obtener sobre el tema fueron a partir de la reconstrucción de declaraciones de fuentes varias.
Con todo, los datos concretos dan pistas para entender la actitud del gobernador Schiaretti. Buscará no dinamitar los puentes con la administración Macri y -en todo caso- negociar eventuales resarcimientos, al menos por ahora.
En rigor, Córdoba depende hoy en buena medida de determinadas acciones del Gobierno nacional. Por ejemplo, que Anses siga girando fondos para la Caja de Jubilaciones y que, en todo caso, mejore esos envíos con base en el déficit actualizado del organismo previsional cordobés.
Según pudo conocer este medio, la negociación sigue avanzando e involucra más de dos mil millones de pesos. En ese marco, no convendría “hacer olas” en una instancia tan delicada. Al fin y al cabo, el paquete de medidas que dispuso Macri en lo tributario tendría un impacto de hasta tres mil millones de pesos desde ahora a fin de año pero que podría ser menor si es que, como dice la Nación, se compensará en parte por la inflación y mayor recaudación.
Además, aunque no hay expectativas en lo inmediato, Córdoba reclama casi nueve mil millones de pesos de deudas por compromisos de obra asumidos por Macri y no abonados.
En un momento en el que las cuentas de la Provincia de Córdoba, y en realidad del resto de los distritos, están al límite, más que una disputa judicial se considera que una salida negociada puede aportar algún recurso extra para poder sostener el funcionamiento del Estado.
Mientras tanto, la recaudación provincial sigue en “rojo”. En realidad, ya estaba en ese estado en términos reales, pero la devaluación después de las PASO agravó la dinámica y seguramente lo hará aún más en septiembre, en la previa de una negociación con los estatales por la paritaria 2019 y en medio de la inminente culminación de la aplicación de la cláusula gatillo prevista para el 31 de este mes.
Paritarias con estatales
A propósito, hasta ayer no había convocatoria alguna a los gremios estatales de parte del Gobierno provincial.
Se estimaba que tras las elecciones de renovación de autoridades en la UEPC que se concretaron el viernes y que confirmaron un nuevo mandato de Juan Monserrat al frente de la entidad, la Provincia podría citar a los gremios ya para esta semana pero hasta anoche no había llamado alguno.
