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Con fondos extra, el gobierno de Córdoba busca paz con los empleados públicos en 2019

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Pagará un no remunerativo de $1.000 mensuales por trabajador durante 12 meses. También $820 a jubilados. El costo fiscal supera $2 mil millones, que desde el año próximo integrarán la base salarial. Aseguró “gatillo puro” al menos hasta junio.

El Gobierno provincial mejoró la oferta salarial a los empleados públicos que ahora cobrarán, además del cinco por ciento desde febrero y cláusula gatillo hasta junio, un 23 por ciento asegurado a octubre y, como extra, 1.000 pesos no remunerativos mensuales por 12 meses.
Esa última suba se convertirá desde 2020 en parte de la base salarial sobre la que impactarán futuros aumentos.
La decisión que, tal como lo anticipó ayer Comercio y Justicia, fue elevada primero a los docentes, se generalizó luego al resto de los agentes estatales.
De esta forma, el costo fiscal extra sólo por el no remunerativo a pagar desde este mes asciende a más de 2.000 mil millones de pesos anuales. De ese monto, unos 1.300 millones de pesos corresponden a los trabajadores activos y poco menos de mil millones de pesos a los jubilados.
De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, en la Provincia hay 128.943 empleados públicos. De esa cifra, 60.806 son docentes.

La propuesta que por cierto deberá ahora ser considerada en asamblea por los gremios, UEPC y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), terminó por definirse en las últimas horas, según confirmaron fuentes del Ejecutivo a este medio.
El Gobierno busca así asegurarse paz social para los próximos meses en el marco de un año electoral que tendrá como primera parada el 12 de mayo con las elecciones provinciales y en la Municipalidad de Córdoba.
Previamente, esta semana, el gobernador Juan Schiaretti había acordado subsidios y créditos para los trabajadores de la economía popular, también procurando cerrar un potencial frente de conflicto en el marco de una situación económica compleja que golpea en todos los frentes.
Respecto a la propuesta salarial para 2019, para el caso de los agentes públicos, incluye, además de la ya firmada oportunamente por el SEP, un pago no remunerativo de 1.000 pesos para cada uno de los empleados, sin importar categoría ni antigüedad. Ese monto se pagará por 12 meses, esto es desde este mes y hasta enero de 2020 inclusive. Luego, pasaría a formar parte del salario para el impacto de futuros aumentos.
En forma paralela, a la propuesta original de cinco por ciento desde febrero más gatillo, ahora se sumaron más precisiones. Por lo pronto, la mejora por inflación se aplicará en el primer semestre sin importar si la recaudación continúa en baja en términos reales.

Asimismo, para el segundo semestre se analizará el gatillo conforme la marcha de los ingresos provinciales. Sin embargo, los empleados públicos tendrán asegurado un incremento de 23 por ciento hasta octubre, sin importar cómo evolucionen los ingresos. Obviamente, para entonces probablemente la inflación sea superior a ese porcentaje. Luego, se analizará cómo sigue la negociación en función de variables que hoy parecen muy lejanas en el tiempo como para proyectarlas.
En tanto, para los docentes la oferta es la misma aunque con una diferencia. El tope que cobrarán es de 1.000 pesos pero muchos percibirán una suma menor. Es que ahí se abonará por hora cátedra. Serán 50 pesos por cada hora, según pudo saber este medio.
Respecto a los jubilados, cobrarán 820 pesos cada uno. En tanto, los pensionados percibirán 70 por ciento de esa cifra, esto es 615 pesos mensuales.
La oferta fue detallada ayer desde el SEP luego que, por la mañana, el titular de la UEPC, Juan Monserrat, confirmara parte del adelanto de este medio respecto a que se acordó percibir una suma fija extra para recomponer parte del poder adquisitivo del salario de 2018 que el gremio lo cuantificó en 10,9 por ciento.
El comunicado del sindicato que conduce José Pihén mencionó que “al conocerse el elevado índice de inflación correspondiente al mes de Enero (4%), el SEP reclamó al Gobierno provincial la ampliación del acuerdo salarial vigente para impedir un posible agravamiento de la pérdida del valor adquisitivo de los salarios de los empleados públicos provinciales”.

En rigor, hay que decir que la mejora al SEP provino luego que la UEPC endureciera su postura y exigiera recomponer en parte el poder adquisitivo de 2018. En el acuerdo original que firmó el Sindicato de Empleados Públicos, hay un punto que indica que cualquier mejora que logren los otros sectores podrá ser solicitada por ese gremio para sus representados. Eso fue lo que finalmente ocurrió.
Si bien para el Gobierno la mejora representa un costo fiscal extra de unos dos mil millones de pesos anuales, incluidos activos y pasivos, la erogación es mucho menor que si hubiese aplicado la cláusula gatillo original sin cambios.
Ese medio cuantificó ya a fines del año pasado en unos 9.100 millones de pesos el “ahorro” anualizado para 2019 de la Provincia por el hecho de no haber aplicado el gatillo original.
Si a esa cifra se le suma el impacto sobre los jubilados, el gasto extra habría superado 15 mil millones de pesos este año.
En definitiva, aun con el reconocimiento de la mejora por medio del no remunerativo, los agentes estatales quedarán aún muy por debajo de la inflación y el Gobierno mantendrá en el balance un ahorro importante.

De todas formas y respecto a la pérdida del poder adquisitivo del salario, el pago de 1.000 pesos para todos por igual, aplanará los salarios de cada categoría y escalafón. En ese marco, para los que menos cobran, el monto fijo será ciertamente una suba importante desde lo porcentual.
Como fuere, siempre en caso que la propuesta se termine aprobando la semana próxima por parte de los diferentes gremios, el Gobierno provincial se habrá asegurado un tránsito sin conflictos por lo menos hasta las elecciones generales de octubre próximo, siempre que las variables macro no se descontrolen.

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