ESCUCHARSe dispuso la creación de un comité de monitoreo del Programa de Emergencia al Trabajo
y la Producción para establecer cuáles empresas se constituirán como beneficiarias.
La cancelación de compromisos financieros quedará para 2021
Tal como ya se anticipó en los discursos del presidente Alberto Fernández que se sucedieron durante marzo, el Gobierno se focalizará este año en contener los efectos económicos del avance del coronavirus en el país, y postergó en la agenda el pago de los compromisos financieros.
La decisión se ratificó ayer, cuando a primera hora se publicaron dos normativas claves en el Boletín Oficial. La primera es la disposición que crea un Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Emergencia al Trabajo y la Producción, que establecerá cuáles serán las empresas que accederán a los beneficios que integran la iniciativa. Por otro lado, la segunda disposición confirmó la postergación de la emisión de pagos para el año próximo.
En relación a la primera medida, la normativa fijada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 347/2020 indicó que el nuevo comité estará integrado por los titulares de los ministerios de Desarrollo Productivo; de Economía; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Esta instancia, tendrá a su cargo la función de establecer con base en criterios técnicos, los “hechos relevantes” que justifiquen la inclusión de los sujetos beneficiarios del decreto 332, en su artículo tercero.
En este sentido, el organismo deberá decidir si corresponde la aplicación de la postergación o reducción de hasta 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino; la asignación Compensatoria al Salario, o el Repro (subsidios estatales a salarios privados) de asistencia por la emergencia sanitaria.
Así, la nueva instancia de evaluación deberá estar al tanto de la situación de las distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su inclusión en los criterios del tercer artículo del DNU 332.
Además, la norma dispuso una nueva redacción de artículo 4, el cual determina que se encuentran excluidos de los beneficios aquellos sujetos que realizan actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal haya sido exceptuado del cumplimiento del aislamiento obligatorio.
«Sin perjuicio de ello, y atendiendo a especiales circunstancias que hubieran provocado alto impacto negativo en el desarrollo de su actividad o servicio, los referidos sujetos podrán presentar la solicitud para ser alcanzados por los beneficios previstos en el presente decreto, y el jefe de Gabinete, previo dictamen del comité», se aclaró en el texto.
Según el DNU conocido días atrás, para poder acceder a uno o más de estos beneficios, la empresa debe poder comprobar que sus actividades económicas fueron afectadas de forma crítica en la zona geográfica donde se desarrollan.
También es motivo del beneficio tener una cantidad “relevante” de trabajadores contagiados por el coronavirus o que estén en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo. Otro motivo es acreditar una “sustancial” reducción en las ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020.
Diferimiento
En relación a la disposición sobre la deuda en dólares, la postergación hasta 2021 de los pagos en moneda extranjera correspondientes a este año se oficializó en el decreto 346/2020.
El diferimiento se aplicará a los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda de títulos en dólares hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta la fecha anterior que Economía determine, considerando el grado de avance y ejecución del proceso de restauración de la sostenibilidad de la acreencia.
Sin embargo, en la norma se exceptuó de la postergación a las Letras del Tesoro intransferibles denominadas en dólares en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y las letras suscriptas en forma directa por el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Tampoco se incluye en la postergación las Letes emitidas en virtud del decreto 668/19, que obligó a todo el sector público a invertir en este instrumento; y las emitidas para cancelar deuda con Mendoza.
Del mismo modo, no se prorroga el pago de las Letes suscriptas en forma directa por China Machinery Engineering Argentina Sociedad Anónima (CMEA) a cargo de las obras de reconversión del ferrocarril Belgrano Cargas, ni tampoco el bono emitido para abonar una deuda con las empresas gasíferas por el Plan Gas de 2013. Tampoco las Letes en Garantía suscriptas por el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder).
El decreto también autorizó a Economía a efectuar las operaciones de administración de pasivos y canjes o reestructuraciones de los títulos cuyos pagos se difieren, con el fin de recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Según la cartera, la deuda deberá ser “compatible” con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos.
En tanto, los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las Letes suscriptas por el FGS y por todo el sector público serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas por las secretarías de Finanzas y de Hacienda.
Por otra parte, el DNU prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del decreto 668/19 e incluyó en el mismo al FGS.
En sus argumentos, el DNU destacó que la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus alteró los plazos previstos en el cronograma de acciones para la gestión del “Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”, que había sido presentado a un mes del inicio de la gestión de Fernández
Además, subrayó que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública, sumados a la situación económica y social imperante, hacen “imposible” seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. A este contexto de deterioro de la situación económica y social se le adiciona la inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda pública, por lo cual se destacó que la postergación se ajusta a criterios de “razonabilidad” de la función de gobierno.
Licitación
El Ministerio de Economía obtuvo $7.367 millones
El Ministerio de Economía informó que obtuvo $7.367 millones en la nueva licitación de Letras del Tesoro concretada ayer.
La cartera precisó que recibió un total de 125 órdenes de compra en la operación que comprendió letras en pesos a descuento con vencimiento el 1 de julio de 2020 y de letras en pesos ajustadas por CER a descuento con vencimiento el 4 de diciembre próximo.
La operación fue la primera licitación luego de que el Gobierno decidiera postergar hasta 2021, a causa del coronavirus, los pagos de los vencimientos de la deuda nominada en moneda nacional.
Según se especificó, para la letra con vencimiento el 1 de julio de 2020 se adjudicó un total de VNO $4.056 millones. El precio de corte fue de $934,14 por cada VNO $1.000, lo que representa una Tasa Nominal Anual (TNA) de 30,64% y una tasa interna de retorno efectiva anual (Tirea) de 34,45%”
Por su parte, en el caso del Lecer con vencimiento previsto para el 4 de diciembre de 2020 se adjudicó un total de $3.311 millones al precio de $990,55 por cada $1.000, lo que representa una tasa nominal anual de 1,75% y una tasa interna de retorno anual de 1,76%.
Trabajo
El empleo registrado cayó 2,6% en febrero
El nivel del empleo privado registrado retrocedió 2,6% en febrero respecto a igual mes del año pasado, según los resultados de la la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que realiza el Ministerio de Trabajo.
Respecto a enero, los números de febrero no mostraron cambios, lo que puso de manifiesto una cierta mejora con respecto a los meses previos, aunque en estos datos todavía no se contabiliza el efecto del coronavirus en el mercado laboral.
En febrero, la tasa de incorporación de personal a las empresas (tasa de entrada) alcanzó al 1,5, en el mismo nivel que los meses anteriores.
Por su parte, la tasa de salida fue también de 1,5, con una disminución de 0,1 punto porcentual con respecto al mes anterior y ubicándose en el nivel más bajo de los últimos años.
En tanto, también se conocieron datos sobre los ingresos de los argentinos que fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondientes al cierre de la gestión de Mauricio Macri.
Según se precisó, 60% de la población percibía un sueldo promedio de hasta $25.000 por mes al término del segundo semestre del año pasado, en medio de un deterioro de la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini y un retroceso de 2,2% en la actividad económica. El informe detalló, además, que el 10% más pobre de la población concentraba 1,3 % del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentraba 31%, también al finalizar diciembre de 2019.
