ESCUCHAREs la estimación que surge si se fuera a un esquema de cálculo del haber inicial, aportes y suba de la edad previsto en la iniciativa que entró a Diputados. Hoy, el sector genera un déficit de $1.201 millones anuales para la Caja, el 6,8% del quebranto total del organismo. Sin embargo, si la armonización fuera para todo el sistema, el impacto sería de unos $2 mil millones anuales
Alfredo Flury – [email protected]
La eventual armonización del régimen previsional para magistrados y funcionarios que cobran sus haberes en la Caja de Jubilaciones de Córdoba, respecto del proyecto de ajuste que el Gobierno nacional envió el viernes al Congreso para ese sector, apenas reduciría el rojo 0,32 por ciento respecto al quebranto total de 17.700 millones de pesos con que cerró el organismo en 2019.
Los datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia surgen de las primeras hipótesis de trabajo elaboradas por el Gobierno de Córdoba a partir del flamante proyecto girado por la administración de Alberto Fernández al Congreso y que apunta a terminar con las “jubilaciones de privilegio” en el Poder Judicial y el cuerpo diplomático, tal como lo mencionó el propio Presidente.
La iniciativa que primero tratará Diputados, tiene tres ejes básicos. Un aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65 años, suba de aportes personales al 19 por ciento desde el 12 por ciento actual y cambios en el cálculo del haber inicial para pasar de considerar el último sueldo como activo a un promedio de los últimos 120 meses, esto es en línea con el régimen general.
Si bien desde el Gobierno nacional nada dijeron aún respecto a extender las modificaciones también a las cajas provinciales no transferidas, la posibilidad es concreta en el marco de la estrategia por reducir el déficit previsional, también en esas jurisdicciones.
Por lo pronto, desde la Caja ya esbozaron los primeros números de qué pasaría si Córdoba armonizara con esa futura Ley, una vez sancionada por el Congreso.
La primera conclusión es que el impacto en la reducción del rojo de la Caja sería marginal, de apenas 0,32 por ciento del total, esto es unos 57 millones de pesos anuales.
El régimen para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba fija hoy la edad jubilatoria en 60 años. Si se armonizara con Anses, debería subirse cinco años hasta los 65 años.
Respecto al cálculo del haber inicial, hoy Córdoba aplica el promedio de los últimos cuatro años de vida activa. Ahora debería pasar a los últimos 10 años, esto es 120 meses.
Finalmente y con relación a los aportes personales, en la Caja ya son del 22 por ciento y del 17 por ciento las contribuciones patronales.
Si bien debería armonizar dos de los tres puntos básicos del proyecto que envió la Nación al Congreso, en la práctica, el impacto en los haberes de los futuros jubilados magistrados y funcionarios del Poder Judicial, sería apenas perceptible, lo mismo que la reducción del déficit previsional del sector y de la Caja en general.
Por lo pronto, la suba de la edad jubilatoria no tendría mayor efecto. Es que hoy los magistrados y funcionarios provinciales se terminan jubilando incluso muy a una edad muy por encima de los 65 años pese a que la Ley los habilita a ser pasivos desde los 60.
Precisamente, esa situación lleva en parte a que, al momento de jubilarse, el cálculo del haber inicial que incluye un promedio de los últimos cuatro años, sea en definitiva coincidente con el último y mayor cargo que ocuparon. En definitiva, es como si hoy se jubilaran con el haber más elevado en su vida activa.
Ahora bien, si se pasara a un promedio de los últimos 120 meses, seguramente la situación variaría en detrimento del haber inicial de los magistrados a jubilarse, aunque no de manera sustancial.
Allí tallan dos elementos. Por un lado, aún promediando los últimos 10 años de trabajo activo, igual muchos no se verían perjudicados porque, justamente, en esos últimos 120 meses ejercieron el mismo cargo.
Con todo, si hubiese que promediar cargos menores, el haber inicial nunca podría ser inferior al 73 por ciento del salario bruto en actividad, según el denominado “núcleo duro” que fijó oportunamente el Tribunal Superior de Justicia años atrás.
El impacto real
De esta forma, si eventualmente la Provincia avanzara en un esquema similar al que la Nación impulsa con el proyecto de Ley ya en el Congreso, el impacto en Córdoba sería marginal.
Para poner el escenario en números. Hoy los 1.488 beneficios que paga la Caja a magistrados y funcionarios del Poder Judicial alcanzan en promedio a 204.735 pesos, según los datos del lnforme de Movilidad correspondiente a noviembre pasado, con el último aumento aplicado. Si bien la eventual norma regiría para los futuros jubilados, si se mantuviera ese promedio de haberes, hoy percibirían 195 mil pesos, esto es 5 por ciento menos.
En cuanto al déficit de la Caja, el sector magistrados y funcionarios del Poder Judicial registró el año pasado ingresos por 2.324,78 millones de pesos y erogaciones por pago de prestaciones por 3.526,13 millones de pesos. De esta forma, el déficit del sector fue de 1.201,39 millones de pesos. Ese rojo representó el 6,8 por ciento del déficit total de la Caja que llegó a 17.700 millones de pesos, sin computar gastos administrativos del funcionamiento del organismo.
Si se aplicaran los cambios que pretende la Nación en la Anses, también en Córdoba, el quebranto se reduciría 5 por ciento. En cifras, serían apenas 57 millones de pesos anuales.
En el consolidado de la Caja, representarían apenas el 0,32 por ciento del total.
¿Y si se armonizara todo?
Diferente sería el caso si la Nación obliga a las provincias con cajas no transferidas a avanzar en una armonización más abarcativa con el régimen de Anses.
La hipótesis no es descabellada. Ya en su momento, en la gestión de Cristina Fernández, Córdoba debió lidiar con la pretensión de aquella administración nacional para avanzar con cambios más agresivos que redujeran el déficit. Por entonces, la Nación se negaba a financiar el rojo. El tema terminó en la Corte y la discusión se dirimió a favor de Córdoba.
En definitiva, suponiendo que ahora también se apunte en esa línea y se retaceen fondos para cubrir el rojo, hoy garantizados por Ley, el déficit de la Caja se reduciría en unos 2 mil millones de pesos, menos del 10 por ciento promedio del quebranto previsto para este año.
La hipótesis es considerando llevar a 120 meses el cálculo del haber inicial.
Como fuere, desde la Provincia hace tiempo ya hacen números respecto a los diferentes escenarios que se plantean para el sistema previsional de Córdoba. En principio, el gobernador Juan Schiaretti buscaría evitar avanzar en alguna de esas hipótesis aunque muy probablemente la realidad lo empuje a tomar una determinación más temprano que tarde para afrontar un creciente déficit que la Nación ahora no parece dispuesta a seguir cubriendo, al menos como hasta el momento y en un escenario de crisis.
El proyecto de Anses
La iniciativa que el Gobierno nacional giró a Diputados apunta a «reducir las inequidades existentes en el sistema previsional».
El compromiso de modificar los regímenes especiales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa (ley 24.018) y del Servicio Exterior (ley 22.731) fue tomado por el presidente el 20 de diciembre para destrabar la aprobación de la ley de Solidaridad Social, que congeló la movilidad jubilatoria excluyendo a los regímenes especiales.
El proyecto advierte «la escasa proporcionalidad entre el haber percibido y el esfuerzo contributivo asumido» entre los 18.700 aportantes de ambos sistemas y los 7.700 beneficiarios y estima que generan para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) un desequilibrio de financiamiento cercano a los 11.000 millones de pesos anuales, con un proyección que se incrementa hasta 2040.
Con ese análisis, la iniciativa del Poder Ejecutivo propone incrementar en un 7 por ciento los aportes de los funcionarios de ambos regímenes y ordena al Ministerio de Trabajo la elaboración de un informe anual sobre la sustentabilidad de ambos sistemas. En el caso de la norma 24.018 modifica la nómina de funcionarios que pueden acceder a las jubilaciones especiales, «excluyendo cargos que constituyen funciones de apoyo o de menor responsabilidad». Además, incrementa la edad de jubilación de 60 a 65 años, en en un esquema escalonado. Para los funcionarios judiciales el proyecto contempla también otras modificaciones:
30 años de servicio con aportes computables en uno o más cargos computables, con nuevos requisitos adicionales de cumplimiento simultáneo: desempeño mínimo de 20 años en el Poder Judicial o Ministerio Público, 10 años continuos o 15 discontinuos.
El 82% móvil será calculado sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones, percibidas durante el período inmediato anterior al cese definitivo y del último cargo como se preveía actualmente.
