ESCUCHAREdiles de todos los bloques contrarios al oficialismo reclamaron conocer los números de las prestatarias previo a debatir el incremento, proyecto que ingresaría al cuerpo deliberativo
la semana próxima.
Concejales de la oposición elevaron ayer al Tribunal de Municipal de Cuentas un pedido de auditoría de las empresas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros, para conocer el detalle del uso de los fondos públicos previo a debatir un incremento de tarifas.
La solicitud alcanza a Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse), Ciudad de Córdoba Sacif, Coniferal Sacif, ERSA y Autobuses Santa Fe SA, desde el inicio del nuevo sistema hasta la fecha.
“Lo que estamos haciendo es adelantarnos al pedido de incremento de tarifa, porque al final discutimos número pero nosotros queremos profundizar en la prestación del servicio, que sabemos que es deficitaria”, aseguró Victoria Flores, edil del bloque Fuerza de la Gente.
“La Carta Orgánica nos faculta a los concejales, con más de un tercio de las firmas, a requerirle al Tribunal de Cuentas que audite a las empresas, porque ya existen proyectos presentados por distintos bloques solicitando información que ni siquiera son tratados por aplicación de la mayoría oficialista”, dijo Flores.
Por su parte, el concejal Tomás Mendez, del bloque ADN, aclaró que el pedido de informes es para conocer “cuáles son los gastos y los ingresos de las empresas de transporte. Son empresas privadas que manejan fondos públicos, reciben subsidios del Gobierno nacional, provincial y municipal, y además tienen un cliente cautivo, pero estas empresas se han negado sistemáticamente, con acuerdo del radicalismo, a mostrar los números”, advirtió Méndez.
“El aumento tarifario tiene que tener una base sólida, decir sólo que aumenta el salario del trabajador y el combustible para justificar la suba del boleto no es válida. Sólo con los subsidios nacionales, por lo menos ERSA, paga los salarios de todos sus trabajadores”, agregó.
El pedido incluye auditoría sobre “subisidios y/o asistencia financiera reintegrable o no, devengados y percibidos por las empresas concesionadas, mensualmente, discriminados los nacionales, provinciales y municipales, y grado de cumplimiento por parte de las empresas concesionarias de los contratos, pliegos y marco regulatorio del transporte, en especial sobre cantidad de colectivos, rampas para discapacitados, paradas inteligentes y frecuencias”.
También exige “cantidad de kilómetros recorridos, pasajeros y de cada uno de los cortes de boleto y abonos mensuales, por cada línea de las empresas concesionarias, cantidad de infracciones de tránsito, sus montos y si fueron abonadas o no, y cantidad de infracciones contractuales, sus fechas, instrumentos que las dispusieron, motivos, y si fueron abonadas o no”. Finalmente, “toda otra deuda que las empresas concesionarias tengan con la Municipalidad”.
