ESCUCHARLa Presidenta defendió el proyecto aunque buscó bajarle el perfil, y aseguró que está abierto para su discusión con la participación de todos los actores. Ayer, la UIC y más entidades sumaron rechazos.
La presidenta Cristina Fernández señaló que los “usuarios y consumidores deben tener protección”, al tiempo que les indicó a los empresarios que el Poder Ejecutivo, como autor de las iniciativas sobre competencia comercial y consumo, “no es un bando”.
“No son iniciativas elaboradas por un bando, como dicen algunos empresarios, sino proyectos de ley que las cámaras empresarias y las asociaciones de consumidores van a poder ir a las comisiones del Congreso para discutirlos y para proponer lo que quieran”, aseveró durante su discurso en Casa de Gobierno.
De esta manera, Cristina dijo que el proyecto estará “a debate”, buscando así contrarrestar las críticas que en las últimas horas se sucedieron respecto a él, que propone cambios a la ley de abastecimiento y crea una justicia del consumidor. En tanto, ayer la Unión Industrial de Córdoba (UIC) se sumó a las críticas de las entidades empresariales y manifiestó su rechazo a la iniciativa.
“En un escenario complejo para la actividad industrial, expresamos nuestra preocupación ante este proyecto que afecta el derecho de la propiedad y le da potestad al Poder Ejecutivo de intervenir discrecionalmente en las decisiones de las empresas, afectando la iniciativa privada y las inversiones productivas actuales y futuras”.
Al respecto, la entidad solicitó “prudencia” y ponderó “la construcción de consensos para allanar el camino de crecimiento, dejando de lado medidas que generan problemas en la actividad económica, provocando desconfianza, inseguridad e incertidumbre”.
En tanto, la Unión Industrial Argentina (UIC) volvió a fustigar el proyecto tras una reunión con el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa.
Los cuestionamientos se agregaron a los ya pronunciados por la Copal, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y por IDEA, entre otras.
En tanto, ayer, también se manifestaron de manera crítica la Cámara de la Construcción, su par de Comercio y la CAME. Desde el sector financiero, ABA y Adeba también coincidieron en rechazar la propuesta. Igual postura manifestaron las entidades ruralistas.
