ESCUCHARLos acopiadores y exportadores ven cómo un tercio del resultado de sus despachos pueden puedan en derechos de exportación, más los otros impuestos que impactan sobre la actividad. Fuerte pronunciamiento
Como era de esperarse, la posibilidad de extender el cobro de derechos de exportación por hasta 33% del valor de lo despachado, posibilidad prevista en el artículo 83 del proyecto de Ley de Presupuesto 2019 enviado a la Cámara de Diputados, disparó fuertes protestas de los actores que forman el campo del comercio exterior en el país.
En las últimas horas fue el turno de la Federación de Acopiadores de granos, que alertó en un comunicado sobre las graves consecuencias que traerá la sanción de la norma tal cual viene redactada por el Ejecutivo nacional. Concretamente, los acopiadores pidieron a los legisladores, del oficialismo y la oposición, que se opongan a su aprobación.
«Hemos aceptado, en silencio, primero la eliminación de los reintegros a las exportaciones, luego el incremento de los derechos de exportación a la soja y la aplicación nuevamente de retenciones al trigo, maíz, economías regionales y a todos los productos exportables; todo ello adhiriendo al compromiso público asumido por el Presidente en el sentido de realizar un último y necesario esfuerzo para reducir el déficit fiscal”, introdujo mansamente la entidad en el comunicado.
Acto seguido, manifestó su «más rotundo rechazo a tal iniciativa, ya que su sola mención nos retrotrae a conductas y políticas antiexportadoras que entendimos estaban perimidas, sobre todo cuando creemos estar imbuidos por una verdadera vocación por el cambio y desde el propio Gobierno se ha calificado a los derechos de exportación como pésimos tributos».
«¿Acaso se puede pensar en fuertes inversiones cuando de la noche a la mañana el Poder Ejecutivo puede llevar los derechos de exportación al 33% alterando sustancialmente cualquier ecuación económica prevista? ¿Dónde queda la necesaria seguridad jurídica para alentar inversiones?», preguntó la cámara.
Señalaron los empresarios granarios que «el proyecto cuestionado constituye un grave obstáculo y por lo tanto en nada contribuye a generar confianza y credibilidad, atributos imprescindibles para desarrollar un programa de crecimiento económico sustentable con equilibrio en los sectores públicos y externos».
NOVELA DE ENGAÑOS
OTRA POLÉMICA MÁS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTOEl artículo 83 del plan de ingresos y egresos que presentó el ministro en el Congreso estipula que «se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33 por ciento, del valor imponible o del precio oficial FOB». Esta previsión se establece «en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante los Artículos 755 y concordantes de la ley Nº 22415 (Código Aduanero) y sus modificaciones».
De hecho, se trata de un capítulo más en una “novela de engaños” al sector granario:
Primero, se anunció un impuesto en pesos por dólar exportado, fácilmente “licuable” según la evolución del tipo de cambio.
Seguidamente, la normativa publicada en el Boletín Oficial precisó que se trataba de un porcentaje de 12%.
Luego, siguieron varias decisiones que se fueron dando con el correr de los días que limitaron de hecho el cobro del nuevo impuesto en la industria y las pymes, quedando el sector granario de exportación casi como el único totalmente comprendido por el nuevo impuesto, además de por las ya clásicas retenciones.
El Presupuesto sumó entonces una nueva polémica de la cual le costará especialmente zafarse en el debate legislativo, ya que el granario no es el único sector de actividad afectado por las reformas impositivas del proyecto.
La competitividad instantánea que le otorgó la abrupta trepada del dólar de fines de agosto y comienzos de setiembre a los productos de exportación impulsó el debate al seno del Gobierno nacional sobre cómo aprovechar la circunstancia para llenar las arcas estatales de fondos que apropiaran parte de esa renta artificialmente creada por el tipo de cambio.
Es así que surgió la creación del nuevo impuesto “transitorio” a la exportación. Que la redacción del Art. 83 del proyecto de Presupuesto torna en permanente, al tiempo que funciona como “seguro” ante futuras corridas cambiarias.
