Por Nadin Argañaraz (*)
Durante su primer año de gestión, el Gobierno nacional concretó una reducción del gasto público del orden de 27% real respecto a 2023, lo que transforma esa reducción en la mayor baja interanual de gasto que se haya hecho en Argentina. Esta caída de las erogaciones ha sido uno de los ejes centrales de la política económica del actual gobierno.
El hecho de que estamos en un país federal hace que parte de la reducción del gasto nacional termine transformándose en una reducción de gasto de las provincias y, por carácter transitivo, de los municipios. Concretamente, el Gobierno nacional prácticamente ha reducido en 80% las transferencias no automáticas que habitualmente enviaba a las provincias, tanto para gasto corriente como para gasto de capital. Traducido en términos del PBI, pasaron del orden de un punto a 0,2%.
Los menores giros a las provincias impactaron en la obra pública, en el Fonid y, para aquellas provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones, en el financiamiento de sus déficits. Esa baja en las transferencias golpeó no sólo a las provincias sino también a los ingresos de los municipios.
Otro hecho destacable de este año es que la fuerte reducción de gasto público impulsada desde la Nación, del orden de cinco puntos del PBI, generó una caída importante del nivel de actividad económica, que hizo piso en el segundo trimestre del año. Esa caída de actividad obviamente derivó en una merma de recaudación de impuestos como el IVA, IIBB y tasas como Comercio e Industria, principales fuentes de recursos de financiación del gasto
¿Cuánto puede caer el gasto consolidado?
Cuando se analiza integralmente la reducción de transferencias nacionales no automáticas y la reducción de transferencias nacionales automáticas de la coparticipación federal, se observa un importante impacto en el financiamiento del gasto provincial y municipal.
Si bien todavía no terminó el año, es factible suponer que 2024 puede finalizar con una caída del gasto público consolidado argentino, es decir el que incluye a nación, provincias y municipios, del orden de siete puntos porcentuales del PBI.
Es decir, que de un nivel de gasto de aproximadamente 40,5% del PBI en 2023, se estaría pasando este año a uno de 33,5% del PBI. Es una reducción muy significativa, que al Gobierno nacional le ha permitido eliminar el déficit fiscal, que era del orden de 4,4 puntos del PBI, e inclusive generar un superávit fiscal con el que podría cerrar 2024.
A nivel de provincias y de municipios, la reacción ante esta caída de ingresos, fue la de reducir los distintos tipos de gastos y principalmente el salarial. Así como las jubilaciones a nivel nacional han aportado aproximadamente la cuarta parte de la reducción del gasto nacional ejecutada en el año, a nivel de provincias la reducción del gasto salarial derivada de la caída del salario real público también ha significado el principal aporte a la reducción de las erogaciones provinciales.
En síntesis, de los siete puntos porcentuales del PBI que podría caer el gasto consolidado argentino este año, cuatro puntos serían una disminución directa del gasto nacional y los restantes tres puntos estarían distribuidos principalmente en las provincias y un resto menor en los municipios.
Desafíos
El año 2025 presenta desafíos fiscales relevantes. Por el lado del gasto, no va a darse una nueva caída real en el gasto en jubilaciones. La aplicación de la reforma realizada a la movilidad significaría durante el año que viene un aumento del gasto real en esas prestaciones, aumento que estimo puede llegar a ser del orden de seis por ciento. Esto, obviamente, cambia de manera significativa la acción que se tuvo en el año 2024. Si el Gobierno quiere bajar el gasto total real nuevamente, va a tener que hacer un ajuste mayor todavía del resto de las erogaciones. Esto hace pensar que es muy difícil que vuelva a haber una baja del gasto real a nivel agregado, aunque posiblemente se avance en reducciones en otras áreas como subsidios a la energía.
Y por el lado de los ingresos, es importante el hecho que va a dejar de existir en unos días el impuesto PAIS, eliminación que impactaría en un punto del PBI, pérdida que el Gobierno espera suplantar con una mayor recaudación de Ganancias, de los derechos de exportación y del impuesto a los combustibles. No es un dato menor que esa recaudación sea no coparticipable.
Con estos menores ingresos y con el mayor gasto esperable en jubilaciones, el Gobierno, según el proyecto de Presupuesto -no debatido en el Congreso-, espera sostener el equilibrio fiscal durante el 2025.
Una cuestión clave para lograr este objetivo va a ser que la reactivación de la economía, del orden de cuatro por ciento a cinco por ciento del PBI, genere una suba proporcional de los ingresos fiscales para la nación y, por el efecto coparticipación, para las provincias y los municipios.
(*) Titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)
