El actual Gobierno Milei impulsó cambios estructurales con decretos y leyes, pero enfrenta obstáculos judiciales y legislativos que pusieron en pausa algunos proyectos emblemáticos 

Javier Milei asumió la presidencia con un programa ambicioso que prometía transformar las relaciones jurídicas entre las personas y el Estado. A un año de su gestión, el balance incluye iniciativas concretadas mediante decretos, reformas normativas y resoluciones ministeriales, pero también deja en evidencia numerosos desafíos aún sin resolver.

Para implementar su agenda de reformas durante el primer año, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) utilizó tres instrumentos clave que le permitieron evitar, en gran medida, el debate parlamentario: el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, la ley “Bases” y una serie de resoluciones ministeriales.

A comienzos del 2024, el DNU 70/23 otorgó al PEN facultades extraordinarias, permitiéndole derogar o modificar estructuralmente más de 80 leyes. Esto fue presentado como un esfuerzo por redefinir el rol del Estado, aunque generó cuestionamientos sobre su constitucionalidad.

El DNU 70/23 fue el más controvertido y tuvo algunos fallos en contra. Concretamente, la justicia laboral frenó la reforma de la ley de contratos de trabajo, en casos impulsados por centrales sindicales y algunos sindicatos y la justicia Civil limitó algunos de los aumentos desorbitantes causados por la desregulación de la medicina privada en casos individuales. Otras reformas que fueron judicializadas lograron abrir discusiones, como por ejemplo el vaciamiento de las políticas contra la violencia de género, la reducción de los fondos para la integración socio urbana, la asistencia alimentaria a comedores y el protocolo antipiquetes.

Más allá de estos casos, la gran mayoría de las causas que se iniciaron para discutir la inconstitucionalidad del DNU 70/23 fue desestimada por razones formales basadas en que no se puede atacar una norma general sin una afectación concreta en un caso en particular. Es decir, que cada persona o grupo que se considera perjudicado tiene que litigar su caso a medida que vaya sufriendo afectaciones concretas a sus derechos como consecuencia de la aplicación del DNU. 

Los cambios más relevantes

El Poder ejecutivo avanzó en diferentes reformas, aunque algunas sólo fueron parciales.

Reforma laboral

El Gobierno puso en marcha una reforma laboral que reglamentó 17 puntos incluidos en la ley “Bases”, como el nuevo sistema de cese laboral, el régimen de “blanqueo” para trabajadores no registrados y la extensión del período de prueba. 

Sin embargo, algunos aspectos quedaron afuera. Algunos expertos plantean dudas sobre si estas medidas implican o no una “modernización” del Estado y además, advierten sobre posibles efectos de “precarización laboral”, especialmente por la extensión de los períodos de prueba y cambios en el sistema de indemnizaciones.

Implementación del sistema acusatorio

Durante 2024, el Gobierno avanzó en la implementación del nuevo sistema acusatorio en cuatro jurisdicciones federales.

La ley fue sancionada en 2014 y se dispuso que su implementación fuera progresiva Se le atribuyó a una Comisión Bicameral el monitoreo y su implementación. En junio de 2019, se puso en marcha este Código en la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta, que integran las provincias de Salta y Jujuy. Con la llegada del gobierno de La Libertad Avanza, en febrero de 2024 Milei dictó un decreto de necesidad y urgencia que le quitó a la Comisión Bicameral del Congreso la facultad de establecer el cronograma de implementación del Código y la derivó al Ministerio de Justicia. 

Con estas atribuciones, el Ministerio de Justicia dispuso la entrada en vigencia de CPPF en cuatro jurisdicciones: Cámara Federal de Rosario, Cámara Federal Mendoza, jurisdicción de General Roca y Comodoro Rivadavia. Estas dos jurisdicciones comprenden la extensión territorial de toda la Patagonia.

Queda pendiente la aplicación del Código en 11 distritos federales del país, sumado a la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Pendiente

Reforma Código Penal

El 28 de febrero de 2024, el Ministerio de Justicia de la Nación dictó la Resolución N° 25/2024, para crear la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación, encargada de elaborar un anteproyecto de ley que concentre toda la legislación penal “en un único cuerpo normativo”.

La comisión terminó el anteproyecto y lo presentó al Ministerio de Justicia, que aún no lo presentó en el Congreso. En el informe que presentó la Jefatura de Gabinete ante el Congreso a fines de noviembre, se informó que la Comisión “se dedicó durante el transcurso del mes de octubre de 2024 a la revisión y corrección general del anteproyecto previamente elaborado. 

Entre los aspectos centrales que busca reformar el Gobierno se encuentra el concepto de reiterancia y la legítima defensa. 

Se estipula que, en caso de reincidencia, si una persona fue “condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme” se podrá unificar las penas la cual será “la suma de las penas impuestas”. En el caso de reiterancia delictiva se permitirá la prisión preventiva del imputado durante la investigación penal. 

En ese sentido, fija que “las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada”.

El proyecto de Legítima Defensa que actualiza el Código Penal tuvo dictamen favorable. En ese sentido el proyecto establece que no serán punibles “el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. 

Además, el dictamen fija que tampoco será juzgado el “el que obrare en defensa propia o de sus derechos” siempre que concurrieren las determinadas circunstancias como el ataque a una vivienda o agresión ilegítima. 

Ley de Seguridad 

El Gobierno nacional logró aprobar en su primer año de gestión una sola ley del ambicioso paquete de iniciativas de seguridad para combatir el delito y narcotráfico. Una de las leyes aprobadas es la ampliación del Registro de Datos Genéticos para todo tipo de delitos que prevé que ya no es necesario que el delincuente en cuestión tenga una condena en su contra: con tan sólo la imputación penal de un adulto mayor de 18 años la Justicia puede requerir la muestra genética. 

Otro de los temas centrales promovidos por el Gobierno es la ley antimafias que fue aprobada por la Cámara de Diputados y estuvo cerca de ser convertida en ley por el Senado, ya que obtuvo el dictamen favorable pero no se alcanzó a tratar en ordinarias por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. 

El proyecto tiene como objetivo robustecer las herramientas en la investigación y sanción de las organizaciones criminales. 

Uno de los ejes centrales pasa por la imposición de penas más severas para quienes formen parte de agrupaciones narco, de lavado de activos, extorsión y/o trata de personas, independientemente de su rol dentro de esas organizaciones. 

En ese sentido, se contempla una pena de ocho a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito. 

Se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. 

Entrega voluntaria de armas

Otro proyecto que ya sancionó la Cámara de Diputados y espera su tratamiento en el Senado es la ampliación de la prórroga para la entrega voluntaria de armas, que obtuvo el 13 de noviembre dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales. 

Baja en la edad de imputabilidad

El proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 se discutió en comisión, pero aún no pudo haber consenso para emitir dictamen. La iniciativa fue anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Vacantes en la Corte Suprema

La relación tensa entre el presidente Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel dificultó significativamente el avance del oficialismo en cuestiones claves en el ámbito judicial.

El enfrentamiento interno no sólo impidió la aprobación de 150 pliegos judiciales sino que también complicó aún más la posibilidad de completar la Corte Suprema o designar un procurador General, procesos que requieren mayorías especiales en el Senado.

Ante este panorama, Milei dejó abierta la posibilidad de designar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema mediante un decreto presidencial, dado el estancamiento en el Senado para reunir los dos tercios de los votos necesarios, como establece la Constitución Nacional. El mandatario insinuó que podría proceder con las designaciones de forma directa para que posteriormente la Cámara Alta decida si las refrenda o no.

“Veremos cómo evoluciona la dinámica del Poder Judicial. Si lo puedo sacar por el Senado, lo saco por el Senado. Si me aparece la demanda y el Senado no resuelve, yo lo tengo que resolver. Transitoriamente resuelvo el problema, y después que el Senado lo convalide o lo rechace”, afirmó Milei.

Asimismo, el presidente recordó que el Congreso reabrirá sus sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo, momento en el cual podría retomarse el debate sobre las designaciones.

“Mi obligación es ajustarme a las condiciones que establece la Constitución”, concluyó.