ESCUCHAREl titular de Human Rights Watch para las Américas desmintió al por entonces canciller sobre cómo plantear posiciones diplomáticas en organismos multilaterales. Luego, el tribunal regional fustigó los encarcelamientos de opositores en plena carrera electoral
La tercera semana de mayo, en Nueva York, el por entonces canciller Felipe Solá tuvo diversas reuniones en la ONU y reiteró reclamos por Malvinas.
Argentina venía de abstenerse de votar en la OEA la resolución que condenó el arresto de varios opositores a Daniel Ortega en Nicaragua, a quienes el organismo consideró presos políticos y conminó a liberar, y de no firmar una declaración de la ONU sobre el tema, en Ginebra (Suiza).
Desde EEUU, en plena la polémica por la posición de Argentina, en una entrevista, Solá aseguró que, antes de la votación en la OEA, el Gobierno le envió una carta a la administración nicaragüense objetando “absolutamente la violación de derechos humanos”. Además, dijo que circulaba “una idea equivocada” con respecto a las posiciones diplomáticas ante organismos multilaterales.
“Lo que hacemos es seguir a Michelle Bachelet, la alta comisionada sobre Derechos Humanos de la ONU”, manifestó, y acotó: “No votamos con otros. No admitimos juzgar en patota”.
En otro tramo de la entrevista, afirmó: “Organizaciones de derechos humanos sostienen que la política de Argentina es zigzagueante, que no es coherente con Nicaragua. Eso es una visión simplista porque en lugar de ver lo que hace Argentina, ven lo que hace el conjunto de los países ¿Por qué el conjunto? ¿Por qué Rumania o Bulgaria van a saber más de Nicaragua que nosotros?”.
“En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”, expresó la CIDH en junio.
En tanto, ponderó que no se podía “votar en contra de las leyes” de un país porque “tiene un control de constitucionalidad interno”.
Al ser consultado sobre si en Nicaragua todavía había democracia, respondió: “Hay una Corte, hay una Legislatura y hay un gobierno. Tenemos derecho a condenar lo que queremos condenar, no lo que quieren condenar otros”, insistió.
Siria e Israel
Los dichos de Solá generaron más controversia. José Miguel Vivanco, abogado chileno y director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), emitió un duro comunicado vía hilo de Twitter rebatiendo a Solá y lo que definió como una postura “desafortunada” y “basada en decisiones ad hoc”.
“Solá dice que un Estado no se puede ‘meter a objetar las leyes’ de otro Estado. Este argumento no tiene sentido. Las leyes de cualquier país pueden ser inconsistentes en sí mismas con estándares internacionales de DDHH y es habitual que otros Estados las critiquen”, escribió Vivanco.
Como ejemplo, recordó que el actual Gobierno argentino apoyó varias resoluciones criticando normas de otros países (como la 46/22 sobre Siria y la 46/26 sobre Israel).
En cuanto al punto de vista de Solá sobre las instituciones de Nicaragua, el titular de HRW apuntó que omitió aclarar que son “de papel” y destacó que, tal como estableció Bachelet, no hay independencia judicial. “Solá sugiere que no apoyaron el pronunciamiento de 59 países porque ‘Bulgaria y Rumania’ no saben más que Argentina sobre Nicaragua. Olvida que la resolución fue apoyada y presentada por Costa Rica, el país que más de cerca ha sufrido la crisis en Nicaragua”, expuso también.
Sobre la versión del ex canciller en cuanto a que el Gobierno optó por pronunciarse individualmente, inquirió: “¿Por qué? ¿Cuál es el problema con firmar pronunciamientos conjuntos, como hace gran parte de los Estados del mundo?”.
“Una cosa es adoptar una posición individual y otra muy distinta es invocar el principio de ‘no intervención’, como hizo Argentina (junto a México, por cierto) para justificar su abstención ante la resolución de la OEA”, cerró Vivanco.
A un día de esa controversia, el 24 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución para reclamarle al régimen de Ortega que liberara a cuatro encarcelados, todos dirigentes activos: Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Maradiaga Blandón y Violet Granera Padilla.
Fustigó la falta información acerca de su situación procesal y concluyó que se trataba de detenciones arbitrarias y que ello configuraba una situación de urgencia y gravedad “susceptible de consecuencias irreparables” que fundaba la necesidad de adoptar medidas provisionales.
Además, enfatizó que la privación de libertad de los opositores a Ortega conllevaba implícito “un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros”, algo que, según alertó, cobraba especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales, que finalmente se hicieron en noviembre y fueron catalogadas como una farsa por el grueso de la comunidad internacional.
En suma, la Corte regional valoró que si los encarcelamientos se mantenían se erosionarían “las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho”.
Ausencia
Horas antes de que la CIDH se pronunciara, luego de más de un mes de ausencia pública, el presidente Ortega reapareció y justificó la oleada represiva contra precandidatos presidenciales, líderes opositores, empresarios y periodistas, que sumaba una veintena de detenidos. “No estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra la seguridad del país”, arengó.
