El Gobierno justificó la medida con el planteo de que -en materia de comercialización de productos cárnicos de origen bovino- había una distorsión de precios que superaba los índices generales de inflación en materia de alimentos e impedía el normal abastecimiento del mercado interno
El 20 de mayo, mediante la resolución 75/21, el Ministerio de Agricultura de la Nación suspendió la aprobación de solicitudes de declaraciones juradas de operaciones respecto de los productos de origen bovino. Quedaron exceptuadas las mercaderías destinadas al consumo y que fueran exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a Argentina, amparados por certificados de autenticidad y exportación.
Según los considerandos de la norma, la manda podría darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento interno a precios razonables.
El Gobierno justificó la medida planteando que en materia de comercialización de los productos cárnicos de origen bovino existe una distorsión de precios que supera los índices generales de inflación en materia de alimentos y que impide el normal abastecimiento del mercado interno.
El día del dictado del decreto comenzó el lock out del campo, impulsado por la Mesa de Enlace, en rechazo al cierre de las exportaciones de carne por 30 días.
El presidente de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo: “Nos vemos en la necesidad de llevar adelante un cronograma de medidas de fuerza. Lamentamos profundamente tener que llegar a este momento, a nadie le gusta, pero creemos que las medidas que está tomando el Gobierno son profundamente erradas. Debería tomarse el camino de alentar la producción en lugar de restringir las exportaciones”.