ESCUCHARLa jueza María Celeste Ferreyra exhortó al Gobierno de la provincia de Córdoba a que se abstenga de aplicar medidas que limiten o amenacen la libertad ambulatoria de los grupos defensores de derechos humanos en lo que respecta a asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios y pobladores de las localidades afectadas en el valle de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas.
Al hacer lugar al reclamo de ambientalistas sobre los actos de “violencia institucional” en el Valle de Punilla durante las protestas vecinales contra el avance de la construcción de la Autovía, la jueza Ferreyra solicitó a la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, que dé a conocer a todo el personal policial que la privación de la libertad solo puede llevarse a cabo de manera excepcional y cuando resulte necesario.
De corresponder una posible detención, la autoridad policial deberá tener presente los fundamentos determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina” y las disposiciones plasmadas en el Acuerdo de Escazú, recordó la magistrada en su resolución.
La jueza de Control y Faltas de Novena nominación, recomendó al Gobierno de Córdoba la elaboración de un protocolo destinado a la regulación de las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales que tengan la intención de proclamar o defender derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
Los problemas de revictimización
La noticia que dio días pasados un periodista de Rosario acerca de que, cuando eran niños, tanto él como sus hermanos fueron...
