ESCUCHARTal como lo venían reclamando los organismos de derechos humanos de Córdoba, los expedientes relacionados con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar podrían agruparse en cuatro megacausas.
La recomendación, realizada a la jueza Federal Nº 3, Cristina Garzón de Lascano, fue comunicada ayer por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en el marco de la audiencia por la causa “UP1” o “Alsina”, en la que fueron confirmados los procesamientos de 18 militares y ex policías.
Según el criterio fijado por los camaristas Abel Sánchez Torres, Ignacio Vélez Funes y Ricardo Bustos Fierro, una de las megacausas tendría que acumular todos aquellos hechos que tuvieron como epicentro el Departamento de Informaciones Policiales D2 y Predio La Rivera, con anterioridad al 24 de marzo de 1976. La segunda también debería unificar esos centros clandestinos pero sólo con aquellos delitos ocurridos con posterioridad al 24 de marzo de 1976. La tercera y cuarta megacausas las integrarían los expedientes agrupados por hechos que tuvieron como escenario la Unidad Penitenciaria Nº 1 y el centro clandestino La Perla, respectivamente.
Además de sugerir la acumulación de los expedientes, en la misma resolución la Cámara decidió confirmar los procesamientos del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por tormentos agravados y homicidio calificado, al igual que de Víctor Pino, Enrique Pedro Mones Ruiz, Ángel Pérez, Marcelo Luna, Calixto Luis Flores, Alberto Luis Lucero, Yamil Jabour, Carlos Alfredo Yanicelli, Ricardo Cayetano Rocha, Juan Eduardo Ramón Molina y Miguel Ángel Gómez.
En tanto, Luis Alberto López y Vicente Meli fueron procesados por homicidio calificado y Gustavo Adolfo Alsina y Luis Alberto Rodríguez, por tormentos agravados.
Asimismo, los camaristas decidieron revocar la falta de mérito dispuesta por Garzón de Lascano y ordenaron el procesamiento y prisión preventiva de Enrique Pedro Mones Ruiz y Francisco Pablo D’Aloia, ambos acusados de homicidio calificado, ordenándose en este último caso su detención y el procesamiento de José Felipe Tavip, por el delito de encubrimiento.
