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Aseguran que las partidas presupuestarias no son suficientes para este sector de la población. Un sondeo con 138 casos reveló que no no hay acceso igualitario a educación, salud y vivienda. Los niños en conflicto con la ley penal tampoco cuentan con programas suficientes para su contención.
En 2005 se sancionaba en Córdoba la ley 9944 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que no era otra cosa que la adhesión a la ley nacional 26061 que, en pocas palabras, tenía en su espíritu convertir a los niños, niñas y adolescentes en sujetos de derechos y obligaba al Estado a garantizar y proteger con políticas públicas a la infancia, sobre todo a los sectores más vulnerables.
En ese momento la normativa fue aplaudida y férreamente apoyada por los organismos que atienden la niñez y analizada con recelo por algunos operadores judiciales que veían con temor cómo perderían parte de sus competencias al traspasar facultades que eran propias a manos de organismos estatales.
A siete años de la sanción de aquella ley, el balance sobre su puesta en marcha no parece muy prometedor. Ayer, el Colegio de Profesionales de Servicio Social en conjunto con organismos vinculados con la niñez divulgaron un duro documento en el cual se califica de “grave” la situación de la infancia en la provincia. Entre las razones se destacaron la falta de dinero y de políticas públicas.
Según el informe, el gobierno provincial ha subejecutado los “escasos recursos que estaban previstos para este sector de la población” y, a modo de ejemplo, resaltaron con preocupación la decisión adoptada por el actual gobierno provincial de transformar la Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en una secretaria dependiente del Ministerio de Desarrollo Social “sin presupuesto propio e independiente” . Para el Colegio de Servicio Social, además de dinero faltan políticas públicas integrales. Según denuncia, hay una desarticulación entre el órgano de aplicación de la ley (la Senaf) y los ministerios, lo que – dice- causa serios obstáculos a la hora de garantizar la aplicación de políticas públicas desde el Sistema de Protección integral que prevén las leyes nacional y provincial.
“Además, se verifica una falta total de conexión en las acciones de los equipos técnicos de diferentes jurisdicciones y áreas y la escasez de equipos descentralizados que recepten denuncias, realicen intervenciones y acompañamientos adecuados”, agrega el documento.
Dificultades
Acceso igualitario a educación, vivienda y salud son algunos de las dificultades advertidas por el colegio profesional en el trabajo que relevó 138 casos.
“Se visualiza la escasez de servicios de atención a los niños, descentralizados, gratuitos y en cantidad suficiente; principalmente en las áreas de fortalecimiento familiar, equipos interdisciplinarios incompletos en salud y educación que impiden el acceso a medidas de promoción de derechos y prevención de su vulneración en el territorio”, señala el informe.
Revictimización
La situación de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal también fue abordada con preocupación en el documento Así, se detaca que “faltan alternativas serias a la privación de libertad y programas suficientes de atención y contención de los jóvenes que permitan su inclusión en el medio social, laboral y educativo”.
Agrega que también son escasos los programas que brindan acompañamiento familiar y atención de problemáticas particulares, como las adicciones y las afecciones a la salud mental.
Por último, se advierte sobre la manera en que se están aplicando las denominadas medidas excepcionales. “Se presentan situaciones de revictimización de los Niños, Niñas y Adolescentes y riesgo de mala praxis para los profesionales involucrados. Esto es así, ya que al no existir uniformidad en la interpretación de estas normas y lineamientos claros, tanto por parte de los responsables de aplicarlas ( Senaf) como por parte de los órganos judiciales de control de esa aplicación (juzgados de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar), cada profesional queda librado a sus propias decisiones”, concluye el documento.
Inconvenientes
La incidencia en los trabajadores sociales
– Según el informe, los aspectos organizacionales y funcionales poco claros, débiles y con variaciones permanentes inciden en la aplicación de las leyes de niñez y adolescencia y causan incertidumbre y confusión.
– Se destaca que la fragmentación y desarticulación intra e interinstitucional produce tanto la superposición de acciones por parte de diferentes equipos de profesionales, como el desconocimiento de la población sobre adónde y a quién recurrir ante necesidad de intervención.
– Se denuncia falta de recursos humanos y condiciones laborales precarias. Ello ocasiona sobrecarga en los profesionales que atienden las demandas. La situación se ve agravada por la falta de recursos económicos materiales para desarrollar las intervenciones cotidianas. Falta de servicios en todo el interior provincial.
– Se destaca la ausencia de protocolos que orienten y pauten marcos de intervención y procedimientos flexibles de las instituciones y de los equipos técnicos. Se suma la falta de resolución y de medidas de aquellas entidades encargadas de aceitar mecanismos de articulación interinstitucional previstos en la ley.
Cambio de paradigma
En el contexto de los cambios normativos dados por la vigencia de la ley nacional 26061 y la provincial 9944 se establece que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y se obliga al Estado a garantizar su real ejercicio por medio de políticas públicas que promuevan y protejan sus derechos de manera coordinada. Se dejó atrás el modelo de intervención y concepción de tipo tutelar hacia la niñez y la adolescencia.
