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Según un documento presentado por unas quince ONG de siete países de la región ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, la figura de la prisión preventiva es un fenómeno que no ha dejado de crecer en los países de la región, pese a algunas las reformas procesales que intentaron limitar su uso.
El estudio, al que accedió Comercio y Justicia, señala que Argentina se encuentra en el tercer lugar con más detenidos con prisión preventiva, con 52 % ciento de presos en esta condición. En el extremo se encuentra Bolivia, con 84 por ciento de su población carcelaria sin condena firme, seguida por Perú, con 58 por ciento. En el otro extremo, se ubica Chile, con 25 por ciento.
Según el informe, en los últimos años es posible advertir que se promueven en forma cíclica políticas que buscan aumentar el uso de esta medida cautelar, para dar respuesta a las demandas sociales de seguridad. En este sentido es habitual la promoción de reformas al Código Penal/Código Procesal Penal que buscan aumentar el mínimo penal de determinados delitos para volverlos “no excarcelables”.
“Son sistemas penales que, con poca prueba y menospreciando las garantías individuales, aplican la prisión preventiva en forma automática para ciertos delitos”, advierte el documento.
“Se insiste con el paradigma de endurecer las leyes penales, guardando una fe ciega en el encarcelamiento, lo que promueve violaciones de derechos humanos en el marco de la justicia penal”, sostiene el documento.
Y agrega: “Los índices de criminalidad, la retardación de justicia, la débil capacidad de respuesta de la administración de justicia frente a los procesos en juzgados sin respuesta, y la débil confianza de la ciudadanía en la justicia concurren como factores que inciden sobre jueces y fiscales a optar por la prisión preventiva casi de forma automática, sacrificando los principios de excepcionalidad y proporcionalidad. A su vez, son muchas veces los propios jueces los que fomentan posiciones restrictivas sobre la libertad durante el proceso”, recalca el estudio.
Como consecuencia de estas políticas creció la población detenida, se sobrecargaron los sistemas carcelarios y se agravaron las condiciones de detención.
El informe muestra que en Argentina, por ejemplo, la población carcelaria pasó de 30.000 personas detenidas en todo el país en 1997 a las 60.000 personas privadas de libertad en la actualidad, de las cuales al menos 52% no tiene sentencia firme.
En la provincia de Buenos Aires, el servicio penitenciario de ese distrito aloja a casi la mitad de la población privada de libertad del país (28.878 personas), y al menos 60% de los detenidos no tiene sentencia firme. Similar situación se vive en la provincia de Córdoba.
Poca información y poco fiable
El informe revela que, si bien la normativa es clara, la mayor parte de los sistema judiciales y penitenciarios de la región no genera la información mínima requerida para poder realizar un adecuado monitoreo de las personas sometidas a encarcelamiento y específicamente de los presos preventivos.
De esa manera se impide, entre otras cosas, obtener una visión detallada de la dimensión y especificidades del gravísimo problema estructural de los presos sin condena en los sistemas de justicia latinoamericanos, destaca el informe.
La información sobre los detenidos en prisión preventiva no se encuentra desagregada y no es de calidad. Es el caso, por ejemplo, de México, donde existen datos desagregados sólo por ámbito competencial (fuero común y fuero federal), por género y por tipo de centro de internamiento. No existe información oficial sobre duración de la prisión preventiva ni está desagregada por grupos vulnerables. En Chile sólo está disponible el total de personas en prisión preventiva por sexo. En Colombia los datos son excesivamente agregados, generales y de baja confiabilidad. En Brasil los únicos datos desagregados fueron producidos por organizaciones no gubernamentales.
En Argentina el Servicio Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) produce información detallada de la cantidad de personas detenidas. Entre los datos relevados, se incluye nacionalidad, estado civil, nivel de instrucción formal, situación laboral al momento del ingreso, última provincia de residencia, cantidad de lesiones, cantidad de suicidios. Contiene también información sobre la capacidad de las unidades por jurisdicción y la cantidad de población alojada, agregando en cada caso los porcentajes de sobrepoblación. Ahora bien, esta información presenta distinta confiabilidad. Además se advierten serias dificultades para recopilar datos de todo el país, concluye el informe.
