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Entre enero y junio de este año se recibió un total de 39.959 consultas vecinales. Comparado con 2010, el aumento es de 136%.
En el primer semestre del año, los centros de acceso a la justicia (CAJ) resolvieron 39.959 consultas hechas por vecinos de zonas de alta vulnerabilidad social de la Ciudad de Buenos Aires y de otros grandes centros urbanos del país, lo que representa un incremento de 49,2% respecto del mismo período del año anterior, según lo destaca un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación al que accedió Comercio y Justicia.
El informe indica que “entre enero y junio de este año, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron un total de 39.959 demandas vecinales, mientras que en el mismo período de 2011 esa cifra fue de 26.777”. Asimismo, si los resultados del primer semestre de 2012 se comparan con los de idéntico lapso de 2010, cuando el total de consultas fue de 16.946, el incremento obtenido es de casi 136 por ciento.
En la búsqueda de que la gente pueda llegar al sistema judicial, se abrió un total de 37 locales fijos habilitados y otros 14 itinerantes que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy y La Plata. Precisamente, el pasado viernes el Ministerio de Justicia de la Nación dejó inaugurado en Córdoba el tercer Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), en este caso en barrio Müller.
Las problemáticas
En la ciudad de Buenos Aires se indica que el listado de centros con mayor número de consultas lo encabeza el local del barrio Constitución, con 4.406 trámites; seguido del que funciona en la Villa 1.11.14, del Bajo Flores, con 4.018, y el CAJ de Villa Soldati, con 3.041.
En esos ámbitos se brinda, en forma gratuita, orientación y asesoramiento jurídico, asistencia psicosocial, acompañamiento de trámites para beneficios sociales y un importante sistema de mediación comunitaria que permite que se resuelvan conflictos vecinales sin necesidad de judicializarlos.
Entre las consultas realizadas se destacan las problemáticas de índole familiar, civil, penal y laboral; les siguen las de tipo psicosocial, que son atendidas por personal capacitado y consisten en la gestión de certificados de pobreza, Asignación Universal por Hijo, pensiones, tramitación de documentos tanto para residentes extranjeros como para ciudadanos argentinos y pensiones, entre otras prestaciones. En el mismo orden se encuentran las consultas por casos de violencia, adicciones, psicológicas y las mediaciones comunitarias.
Propuestas
A la hora de diseñar proyectos que puedan contribuir a descomprimir y optimizar el sistema judicial, los especialistas abordan diferentes alternativas. En este plano, la Asociación por los Derechos Civiles Álvaro Herrero señala que si bien queda un largo camino por recorrer para afianzar el sistema, “una de las premisas fundamentales para mejorar el acceso debe ser pensar en la demanda, en las necesidades jurídicas de la población, para así construir una agenda sobre la base de carencias reales”. La asociación señala como indispensable que se trabaje en la descentralización de las oficinas judiciales, ampliando así la cobertura geográfica de los servicios de justicia. “La creación de casas de justicia en los barrios más humildes, por ejemplo, generó mejoras concretas en grandes sectores de la ciudad de Lima, Perú”, sostiene.
A su vez, propone la creación de tribunales de menor cuantía, con procedimientos simplificados y rápidos, “lo cual suele tener un impacto positivo, permitiendo resolver conflictos cotidianos de manera celera y eficaz, con un lenguaje entendible para el ciudadano promedio. Esto permite que en sólo una o dos audiencias se resuelva la controversia y que en muchos casos esto se logre utilizando mecanismos alternativos para solucionar disputas, tales como la mediación”.
Al respecto, Sandra Elena, directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), señala que “en Argentina la justicia formal tiene altas barreras de acceso, baja calidad en la prestación de sus servicios y problemas relacionados con falta de transparencia e independencia. Así, las necesidades jurídicas insatisfechas de la población se multiplican al mismo tiempo que aumenta el descrédito público de la Justicia”. El Cippec propone la creación de centros de acceso a derechos (CAD) nacionales, provinciales y municipales que evalúen las necesidades jurídicas insatisfechas de la población y los recursos jurídicos existentes, y brinden respuesta a las carencias detectadas mediante casas de justicia, abogados probono y defensores públicos, entre otras modalidades.
