ESCUCHAREl ex gobernador José Manuel de la Sota; el ministro de Economía y Finanzas de la Provincia, Angel Mario Ellettore; el titular de la cartera de Salud, Oscar González; el ex ministro de Seguridad, Carlos Alessandri y el legislador de Unión por Córdoba Domingo Carbonetti, fueron algunos de los resonantes nombres que ayer se escucharon en la Cámara 10ª del Crimen, donde se sustancia el primer juicio por los fraudes cometidos en el Registro General de la Propiedad.
Fue de la boca del imputado Daniel Osvaldo Cerdá, cuando ante la sorpresa de todos y contrario a lo que le había aconsejado su propio abogado, el acusado decidió hablar, no sólo para declararse culpable, sino también para involucrar a importantes funcionarios de esta provincia.
El debate parecía ingresar en la recta final y el tribunal había decidido que el viernes de la semana próxima comiencen los alegatos. Tras un cuarto intermedio, y luego de que la Fiscalía decidiera ampliar la acusación contra Cerdá y su esposa, este último rompió el silencio y comenzó su declaración advirtiendo que había mentido durante toda la instrucción.
Maniobra
Cerdá admitió haber participado en la falsificación y posterior sustitución de 35 folios. Según dijo, en la operatoria participaba de intermediario un hombre llamado Carlos Morales, encargado de tratar con los “clientes” y entregarle la planilla con las personas cuyos datos debían aparecer en los folios apócrifos que se insertaban en los protocolos notariales.
Para la falsificación de la documentación, el acusado explicó que se valía de una máquina de escribir que le proveía Morales y, en algunas oportunidades, su esposa se encargaba de completar a mano los folios que después sustituía en el organismo provincial. Las firmas de escribanos eran, en algunos casos, falsificadas por su hija, Natalia Cerdá, también imputada en este juicio.
Cerdá aseguró que al Registro General ingresaba los sábados por la noche con la llave de la puerta de ingreso del personal, que le proveía la actual directora del Registro, María Mercedes Cáceres de Dunkler, y Carlos Rodríguez, empleado de ese organismo. A cambio, los funcionarios recibían $ 1.000 por folio sustituido y $ 200 el personal policial a cargo de la custodia del organismo. El pago del dinero a Cáceres y Rodríguez, Cerdá dijo que lo hacía en el bar o en la terraza del shopping ubicado sobre avenida Duarte Quirós.
“No quieren llegar al fondo”
“Cuando la fiscal Oscariz comenzó a investigar, Elletore, obsecuente con el gobierno de turno, paralizó todo”, dijo Cerdá en alusión a que el entonces gobernador De la Sota también estaba involucrado en los fraudes. Según señaló el imputado, en el 2004 el ex mandatario provincial junto al ex ministro Carlos Alessandri compraron en Calamuchita un predio donde construyeron 18 bungalows, y un campo en Río Cuarto. Esos terrenos pertenecían, según remarcó, a una persona que había fallecido en 1996. “La escritura la hicieron con un escribano Bustamante de Río Cuarto que certificaba la firma”, indicó. Los terrenos fueron comprados a nombre de Marcelo Macarrón, que actuó como su testaferro”, agregó. Más adelante, Cerdá mencionó a la ex esposa de De la Sota, Olga Riutort. “Algo tenía que ver. En ese momento se trasladó el Centro de Cómputos del Regis
