ESCUCHARLa nueva ley jubilatoria es uno de los temas candentes, ineludibles y que por estos días centra la atención de jueces y abogados. Los nuevos miembros por estos estamentos en el Consejo de la Magistratura coincidieron en que los políticos no midieron las consecuencias jurídicas que trae aparejada la refoma y sostuvieron que el recorte no moverá la aguja del presupuesto.
“La advertencia sobre las tachas de inconstitucionalidad se la hicieron (al gobernador Schiaretti) antes de mandar la ley a la Legislatura. Los políticos no miden las consecuencias”, afirmó Francisco Riego, representante de los letrados de Capital.
Los entrevistados reconocieron que el tema es complejo visto desde las arcas de la Provincia, con números que no cierran y con soluciones que no son sencillas. Si bien a la ley le achacan que, entre otras cosas, afecta la irreductibilidad de las jubilaciones y viola derechos adquiridos, también consideraron que hay situaciones que deben cambiar.
“Los jueces están bastante preocupados. Hemos visto un decreto del gobernador Mestre que nos alteró la situación, ahora esta ley. Esto es un problema de índole sustancial; hay que empezar a trabajar y es a largo plazo, modificando ciertas bases de cálculos, las edades para el retiro. A corto plazo no se modifica el problema de la Caja”, señaló el camarista Jorge Flores, quien acaba de jurar como miembro por un nuevo período.
Por su parte, Jorge Namur, camarista de Marcos Juárez y representante por los jueces del interior, se mostró preocupado por el modo en que se vienen desencadenando las reformas. “En el curso de cinco años se cambió dos veces (la ley) y todavía no se sabe cuál es el final. Si decíamos que el ahorro (con esta medida) es mínimo, hay que sacar el ahorro por otro lado para seguir sosteniendo el déficit de la Caja. La reforma tiene que ser seria, sustancial y que se sostenga en el tiempo, porque si en cinco años tuvimos dos cambios es porque algo no anda más”.
A su turno, María de los Ángeles Bini, oriunda de Marcos Juárez y consejera por los letrados del interior, se encargó de recordar algunas medidas perjudiciales como las jubilaciones anticipadas y el conjunto de personas que se conviertieron en pasivos con sólo 50 años. “El Estado ejerciendo la gobernación no puede decir ‘yo no tuve nada que ver’. Y, por otro lado, no todo puede pasar por la Justicia”, explicó.
Sobre este último punto, Namur comparó la situación con un ejemplo nacional: “Creo que, si es necesario, como ocurrió con las retenciones, otro Poder tiene que dar soluciones”, refiriéndose a los poderes Judicial o Legislativo.
Sin embargo, Flores advirtió que aunque muchas veces estos temas recalan en la Justicia, no siempre terminan siendo solucionados por el Poder Judicial. También Namur reflexionó sobre aquellos casos de magistrados que trabajaron en otra actividad y en los últimos años ingresan a la Justicia y se jubilan con el máximo salario. “Una jubilación como la de esos jueces que ganan más o pretenden ganar más ahora que cuando estaban en actividad, tampoco puede ser tolerado por la Caja; no hay Caja que lo aguante”.
Apross
La suba de la alícuota de aporte a la obra social Apross modificada con la nueva ley también genera preocupación. “El Apross no es lo que uno espera. Para los jueces el costo es muy alto”, señalaron los magistrados. Comparando,
