El jefe de gobierno de Italia, Mario Monti, presentó ayer un proyecto de ley de reforma laboral que facilita los despidos pero le introdujo una de las modificaciones que reclamaban el principal sindicato del país y un partido aliado de centroizquierda.
Los cambios al proyecto, que había sido presentado al gabinete el mes pasado, permitirán que un juez reintegre en sus puestos a trabajadores despedidos cuando se pruebe que los motivos alegados por sus empleadores para echarlos fueron “manifiestamente inexistentes”.
Sin embargo, y en contraste, la medida revisada también contempla rebajar la máxima indemnización para los trabajadores despedidos a 24 meses de salario, tres menos que un tope previo de 27 meses.
Control del juez
El mes pasado, Monti había propuesto que las compañías despidieran a empleados por motivos económicos sin la posibilidad de que recuperaran sus trabajos, lo que había generado protestas del sindicato CGIL y del Partido Democrático (PD), uno de los sostenes claves del gobierno sin políticos de Monti.
“En casos en que las motivaciones económicas de los despidos sean manifiestamente inexistentes, un juez puede decidir reintegrar a ese trabajador”, dijo la ministra de Trabajo, Elsa Fornero.