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En el marco del debate que han instalado distintos proyectos de ley que en Estados Unidos y en Europa planean controlar la piratería en Internet, Natalia Calcagno, coordinadora del Sistema de Información Cultural de Argentina (SInCA), plantea que “una legislación analógica para un mundo digital no sirve” y advierte que “el problema está en la distribución porque la industria cultural se está expandiendo”.
“Hay una reconversión tecnológica y una nueva forma de producción de la cultura que necesita una legislación nueva. Lo que quieren hacer leyes como PIPA, SOPA y Sinde es penar al que no actúa como si viviera en un mundo analógico. ‘Si no te comportás igual que cuando vas a la librería a comprar el libro, a la disquería o al cine, estás cometiendo un delito’, parecen decir”, aseguró Calcagno.
Es algo psicótico: las mismas empresas, como Microsoft -que apoya abiertamente PIPA-, que generan el desarrollo tecnológico que habilita al usuario a una nueva forma de consumo, ahora dicen que está mal usar la red de esa manera”, agrega esta socióloga que investiga los comportamientos económicos de la cultura.
El bloqueo de enlaces de descargas de películas como Megaupload (con el encarcelamiento de sus dueños), intentos de leyes que castigan a los usuarios, hackeos de páginas oficiales, apagones y revuelos en las redes hicieron del espacio virtual un campo donde se están librando nuevas batallas para configurar el medio de comunicación global por excelencia.
“Las leyes antipiratería son analógicas, antieconómicas, no aplicables y tienen una voluntad de control. Es imposible pensarlo a escala global porque son millones de descargas por día. Lo que hacen entonces es bloquear y no ponen a alguien público para ejercer ese control sino a los propios proveedores de contenido, como los pibes de Cuevana -indica-. Es un delirio en términos de libertad de expresión y es el comienzo del control”, sostiene.
El derecho de autor aparece como el nudo de tensión, sobre todo en las industrias de la música y audiovisual, en las cuales el tráfico se mueve a velocidades impresionantes: ante esta lógica diferente, hay varias corrientes de pensamiento pero también hay intereses que se escudan tras la vulneración de los derechos para ejercer el control de la información que se intercambia.
“Hay una serie de autores que se siente muy perjudicada por lo que se llama piratería, hay otros a favor del ‘creative commons’ y la libre circulación de la creación, sin lugar a los derechos, y están las empresas, que no es lo mismo que los creadores”, enumera Calcagno, sin olvidar a los autores que deciden ceder o hacer lo que desean abiertamente con sus obras.
“Las empresas -sigue la especialista- comercializan los derechos a través de películas, música y libros y, en términos económicos, son las que verdaderamente estarían recibiendo el impacto de la piratería porque el pago de derechos de autor a los creadores ha sido históricamente bajo y esta explotación por parte de las empresas también se ha denunciado. Son muy pocos los autores que se llenan de plata por sus obras”.
Las transnacionales de música y las asociaciones gestoras de derechos como Sadaic, Argentores, Capif, ADI o la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) son, según Calcagno, algunas de las que “hacen lobby más fuerte para que se cercene la libre circulación. Son la punta de lanza a favor de estas leyes, que son distintas pruebas legales para frenar el tráfico de contenidos culturales”.
¿Qué rol tienen las proveedoras de Internet? “Los que proveen el servicio permiten que esta nueva circulación de cultura se masifique y crezca tanto. Están altamente concentradas y son las grandes beneficiadas de todo este negocio”.
“Vos no robás un celular o un banco”, dicen como lema las campañas antipiratería apelando al usuario sin voluntad de pago.
“Justamente eso es lo que hay cuando todos los meses pagás tu abono de Internet, y parte importante por la que el usuario paga es porque tiene acceso a contenidos culturales, como películas y música. Si no ofrecieran esto, no sé cuántos hogares tendrían banda ancha sólo para ver el mail”, explica.
“Los que se llevan la plata no son de una industria cultural concentrada, no son los autores sino las empresas proveedoras de Internet. No hay un problema económico, el negocio de la cultura se está expandiendo, hay plata y se consume cultura cada vez más. La gran disputa es cómo se va redistribuir ese negoción a nivel mundial y Argentina no es la excepción”, afirmó.
Ante este panorama, muchos piensan, tanto en contra como a favor de la piratería, que “una legislación analógica para un mundo digital no sirve. No se puede regular pensando que el mercado cultural funciona de una manera cuando ya no es así”, enfatiza.
Entre las discusiones actuales en el ámbito local figuran: impuestos que recaigan sobre las empresas de Internet; un control electrónico sobre lo que se descarga (no sobre quién), para que las asociaciones de gestores paguen lo que le corresponde a cada autor; un fondo de autores y creadores e intercambios legales y gratuitos.
“Lo que se viene hablando acá es que hay que hacer una regulación digital para un mundo digital y eso requiere pensar legislaciones que no sean punitivas, que no vayan en contra de nadie -sostiene-. Tenemos que acostumbrarnos a que ésta es una nueva forma de comunicación que hemos creado como sociedad. Tenemos que aceptarla y convivir con eso, detectando dónde hay una injusticia, y entender que, a partir de ahora, vamos a comunicarnos así”.
