La Corte Suprema de Justicia se declaró competente para intervenir en la causa iniciada por la provincia de San Luis contra la aplicación de las retenciones móviles dispuestas por el Estado nacional.
Así lo resolvió el máximo tribunal, y corrió traslado al Gobierno para que dé su respuesta a la demanda en el plazo de 60 días.
La resolución fue dictada en el marco de una presentación del gobierno puntano, en la cual se indicó que las retenciones móviles “afectan la Coparticipación Federal”.
La presentación ingresó directamente a la Corte como “juicio originario”, porque es una demanda de una Provincia contra la Nación.
En el acuerdo, la Corte aceptó intervenir y evaluar el pedido de “inconstitucionalidad de todas las normas que hayan impuesto derechos de exportación a partir del 1 de enero de 2002, de las leyes nacionales que prorrogaron sucesivamente la emergencia pública, y de la delegación que, en la materia, autoriza el artículo 755 del Código Aduanero”.