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El camarista Víctor Vélez advierte que se sentaría una desigualdad a favor del que más tiene. En cambio, propone una fuerte sanción, pecuniaria o de otro tipo, a quien realice denuncias infundadas o temerarias.
Por Carolina Klepp / [email protected]
En el Consejo de la Magistratura de la Nación avanza un proyecto para limitar las posibilidades denuncias que recaigan sobre los jueces. De aprobarse, quien pretenda denunciar a un magistrado sólo podrá hacerlo si antes paga una tasa de justicia y cuenta con asistencia letrada.
La polémica iniciativa que busca restringir el accionar de los “denunciólogos”, que fue aprobada recientemente por la Comisión de Disciplina y Acusación y que quedó bajo análisis de la Comisión de Reglamentación del cuerpo, genera distintas opiniones en el ámbito judicial.
El nuevo titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), órgano que nuclea a las asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales del país, el cordobés Víctor Vélez, opinó sobre el tema y consideró que “no es razonable” limitar el acceso al tribunal de enjuiciamiento sólo a quienes puedan pagar una tasa. El camarista propuso que -una vez desestimadas las denuncias infundadas o temerarias- se imponga una “fuerte sanción” a ese tipo de denunciantes.
También opinó sobre la destitución del camarista mendocino Otilio Romano por su actuación durante la dictadura e hizo un análisis de la actual estructura judicial.
– ¿Está de acuerdo con el proyecto que propone el cobro de una tasa de justicia para denunciar a jueces ante la entidad?
-Este tema requiere un abordaje plural. Por una parte, no es razonable limitar el acceso al Tribunal de enjuiciamiento sólo a aquellas personas que puedan pagar una tasa, porque se sentaría una desigualdad a favor del que más tiene. Pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las denuncias tiene por objeto presionar al magistrado o funcionario para lograr una decisión favorable a los intereses del denunciante; o bien, vengarse por no haber obtenido el resultado esperado.
De allí que sea necesario, en primer lugar, desestimar rápidamente aquellas denuncias temerarias e infundadas para impedir los efectos no queridos y. en segundo lugar, imponer -ahí sí- una fuerte sanción pecuniaria al denunciante o, en caso de insolvencia, alguna de otro tipo.
– ¿Qué opina de la destitución del camarista mendocino Otilio Romano?
– La destitución del juez Romano se produjo por unanimidad, es decir que los jueces que integran el Jurado de Enjuiciamiento votaron en ese sentido y ello se justifica porque Romano está acusado de delitos de lesa humanidad –torturas, privación ilegitima de libertad de personas aún desaparecidas- y abandonó su cargo, burlando por un lado la justicia -a la que debe someterse como cualquier ciudadano- y paralizando, por otro lado, un cargo que se necesita.
– ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy tiene la FAM para mejorar la justicia?
– Para acercarnos más al ideal de “afianzar la justicia” hay que comenzar una reforma profunda que no solamente involucra al Poder Judicial, sino a los otros dos poderes del Estado. Hoy, las diferencias estructurales entre los distintos poderes judiciales de las provincias hacen que el servicio de justicia no sea igualitario en todo el país y esto tiene que ver con el atraso y la pobreza de algunas zonas. Los fondos con que cuentan las provincias más desarrolladas o ricas son sensiblemente superiores a los de las provincias más pobres y, sin embargo, el derecho del ciudadano al acceso a la justicia es el mismo, pero no rinde la misma manera. Ésta es una de las razones por la cual la FAM hace un tiempo elaboró un proyecto para instar a la creación de una especie de fondo compensador nacional que permita equilibrar estas diferencias.
Imposible gerenciar
– Otro de los temas siempre a resolver es el de darle mayor celeridad a la justicia ¿qué opina al respecto?
– Hay que continuar con la tarea, ya iniciada, para que la justicia sea más eficaz.
Con cuatro millones de casos anuales es imposible gerenciar la conflictividad adecuadamente. Por eso es necesario racionalizar los recursos y afrontar el problema desde tres niveles, con un criterio descentralizador.
En el primer nivel se ubican aquellas cuestiones en la que sólo están in involucrados intereses privados que no revisten gravedad, solucionables mediante la mediación, sin intervención judicial inicial. En el segundo nivel, aquellos casos que requieren intervención judicial, pero que -por sus características, -admiten procedimientos simples, más informales, y ágiles, de carácter oral. Y, en el tercer nivel, aquellas cuestiones más graves, que involucran los intereses sociales y que requieren de la intervención de jueces con mayores competencias, pero con nuevos modelos de gestión, más eficaces. En este sentido la provincia del Chubut ha sido la pionera.
