La Nación ha aportado más información sobre la evolución de su personal

En la nota de esta serie correspondiente al mes de abril ppdo. se mencionó que, según la información oficial, en la jurisdicción nacional se desempeña el equivalente a 17,2% del personal que revista en todas las dependencias de las tres jurisdicciones constitucionales y otro 3,1% adicional lo hacen en sus empresas que tienen por objeto proveer de bienes y/o servicios al mercado percibiendo el precio correspondiente.

Tales relaciones porcentuales ponen en evidencia que 79,1% se desempeña en las administraciones locales; es decir que en las provincias y la Capital Federal lo hace 60,5% y en el conjunto de municipios de todo el país, 19,2%; administraciones éstas que no suelen aportar muchos detalles que permitan analizar cualitativa y cuantitativamente, en tiempo adecuado, la evolución tanto en el número de ocupados como en la escala de asignaciones, restando elementos imprescindibles para estudiar el ritmo de crecimiento habido en cada nivel y las características que asume la política ocupacional en las reparticiones que las integran, como así también el grado de eficiencia al cumplimentar las diversas funciones.

Más recientemente, la Afip completó el escenario sobre la población económicamente activa además de la ocupada y la que permanece desocupada o subocupada. La primera abarca a 17,6 millones de personas pero los que logran puestos que cubren todas las horas ascienden a 15,2 millones. Del resto, 1,1 millones permanecen desocupados; mientras 1,3 millones, que no cubren íntegramente las jornadas que están dispuestos a trabajar, corresponden exclusivamente al personal del sector privado.

Las acerbas críticas y la inadecuada costumbre de imaginar situaciones poco justificables en la actividad del Estado seguramente han impulsado la concreción de una investigación exhaustiva sobre la verdadera realidad que permita hacer una evaluación confiable. Tales datos han sido aportados recientemente por la Nación por medio de la respectiva Oficina de Presupuesto, con lo cual actualmente existen al alcance de los especialistas elementos de alto valor para encarar esa temática con la indispensable profundidad que amerita. Los mismos abarcan a la planta permanente y transitoria (contratados y otros), cotejando la situación vigente a fines del ejercicio 2007 respecto al comienzo de 2014. Por lo pronto, cabe subrayar que en ese lapso de seis años el aumento en su número, sin considerar las empresas, fue de 80.994 empleados, por lo cual el total en jurisdicción nacional asciende a 574.728 agentes, lo cual implica una suba de 16,5%.

Dentro de tales datos se incluyen 83.329 de ellos quienes, contra su voluntad, no gozan de estabilidad debido a su condición de “contratados” por diversos plazos. En estos períodos se verifica una especie de “filtro”, que puede resultar -en caso de que se estime satisfactorio el desempeño del “contratado”- en su incorporación definitiva; caso contrario, el “contratado” será objeto de prescindencia sin indemnización de ninguna clase.

En el caso de las empresas públicas nacionales, el personal creció 78,1% pero ello se debió, en muy alta medida, a la readquisición del 51% del capital de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a la española Repsol, que había operado durante la última década de 90 (Siglo XX) y hasta hace poco más de tres años. Por tal motivo han pasado a contar con 101.804 operarios.

Según surge de la información, su gestión es altamente positiva. Ello aparece con nitidez al evaluar los resultados más recientes, pues sólo en el primer semestre de 2014 su utilidad neta llegó a $4.400 millones, 87,6% más que idéntico período del año precedente, protagonizando un verdadero “salto” derivado de una expansión en la producción de 10%, la incorporación de nuevas fuentes de ingresos y, obviamente, la sensible mejoría de los precios en los mercados.

Si se revisa la evolución habida en el último quinquenio, aparecen las Empresas y Bancos Oficiales como los que incrementaron en mayor medida su personal, pues de 57.198 pasaron a tener un plantel de 101.894 8 (+78,1%). Es indudable que en esta área ha influido muy significativamente la reestatización del 51% del capital y asunción de su conducción en la empresa YPF.

Las jurisdicciones locales
Bajo esta faceta le siguen, tanto por su número total como por su dinámica alcista, el conjunto de municipios, que durante ese mismo lapso subieron de 495.039 a 648.215 agentes (+30,8%). Se observa que la conducta de la Nación aparece, en comparación, mucho más prudente pues en idéntico período lo hizo en un moderado 15,2%.

No obstante, sería preferible que se encare un estudio más pormenorizado de la evolución de las prestaciones servicios que se ofrecen por medio de la actividad de nada menos que 834 ciudades y poblaciones unitariamente con más de 2.000 habitantes.

En cuanto a las 23 provincias y la Capital Federal, éstas disponen, por lejos, del mayor plantel, ya que se ha incrementado globalmente en una media muy aceptable pero, de todas maneras, representan 64,3% del total general. Seguramente habrían gravitado en mayor medida aunque ello se restringió al disminuir la coparticipación; situación que desde 1992 en adelante se sigue realizando sobre el total de transferencias.

Las jurisdicciones fundan sus reclamos en que se ha superado la emergencia que las obligó a coadyuvar al pago de incrementos salariales al personal de jurisdicción nacional que no realizaba por carencia suficiente de fondos. Dado que éstos trabajan y viven en cada una de las provincias o la Capital Federal, éstas se avinieron a reconocerle el al Fisco federal 15% del monto a que ascendiera cada mes la coparticipación.

No obstante, las únicas dos vías por las cuales se podría restaurar esa merma depende de que se introduzca una reforma sustancial que la contemple a la Ley de Coparticipación Federal o, en su defecto, que la Nación voluntariamente se avenga a restituir dicho derecho; lo cual es muy poco probable pues dichas cuentas fiscales son crecientemente deficitarias.

La antes referida moderación que vienen asumiendo las provincias es consecuencia obligada de la agudización de los problemas presupuestarios que en las condiciones actuales, luego de haber cedido la proporción precitada habían resignado. Ésta ha incidido decididamente para atemperar el avance que antes mantenían ya que en los tiempos más recientes evolucionaron de 1.736.688 a 1.999.681 (+ 15%), lo cual constituye una saludable actitud. Si se tiene en cuenta que entre 1984y 1991 la respectiva expansión fue de 28,7%, se puede tener una más clara idea de lo gravitaron las modificaciones introducidas a fines de 1902 que cada una de las jurisdicciones comprometidas convalidó en forma especial.

El “fantasma” presente de la precarización
El personal que ha sido incorporado a las nóminas permanentes goza de todas las garantías y, en especial, de la estabilidad que está expresamente contemplada en el artículo 14º bis de la Constitución Nacional. No obstante que el Estado es el custodio natural que debe velar por la plena vigencia de todas esas normas, resulta paradójico que desconozca su observancia en forma permanente y rija un esquema de total impunidad al respecto.

Lo concreto es que en cada una de las jurisdicciones apelan a la vigencia de un régimen de “planta transitoria”, de creciente extensión anual; pese a ello, las provincias y municipios sólo acusan a la Nación. Por tanto, para dar el régimen de “provisioriato” se requiere una ratificación anual de los referidos nombramientos precarios y también fijar las remuneraciones, las cuales siempre son inferiores a los que perciben empleados y funcionarios que gozan de sus respectivos nombramientos sin término.

En el ámbito nacional, a mediados de 2013, éstos representaban un muy significativo 26,4% del total general de 83,3 miles de agentes. No obstante, este tipo de modalidades irregulares se intensifica en el ámbito de las provincias que casi triplican ese porcentaje. San Luis encabeza la “lista negra” pues figura bajo esa modalidad nada menos que 42,4% del plantel, seguida por La Rioja (24,8%), San Juan (24,7%), Santiago del Estero (19,9%) y Chaco (18,9%).

Bajo otro enfoque, es decir computándolos por su número en términos absolutos, en la provincia de Buenos Aires representan 9,3% (87,9 miles); en consecuencia es allí donde se detecta, por lejos, el mayor número individual de estos agentes “irregulares”. Cabe mencionar adicionalmente que en la Capital Federal tal anomalía abarca a 16,1%; mientras en Córdoba son equivalentes a 12,1%.

Al margen de dichas anomalías intencionadas, a partir de 1999 se viene usando en forma creciente la figura de “trabajadores contratados” -que en la actualidad y considerando todas las jurisdicciones ascienden al 17,3%- con lo cual se pretende justificar como indispensables para llevar adelante supuestas tareas o para encarar sin riesgo alguno para el Fisco pruebas sobre grados de idoneidad. La realidad es que se usan como subterfugio para tomar compromisos sólo temporales, obviando todo tipo de “congelación de vacantes” e indemnizaciones que se pretendan reclamar.

Según queda expuesto, el Estado -bajo sus diversas expresiones- tiene a su cargo el contralor de cumplimiento en materia de leyes laborales pero ello no obsta para que, al mismo tiempo, sea el máximo violador de ella; constatación que está a la vista pero que todos prefieren no admitir explícitamente.