La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo suspendió ayer la audiencia pública en la que debía prestar su informe en el Congreso de la Nación la candidata a ocupar durante el próximo lustro la Procuraduría Penitenciaria.
La decisión fue tomada ayer por los miembros de la bicameral, a raíz de una nota enviada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para solicitar que la elección del futuro procurador se haga mediante un “trámite participativo” que “garantice la idoneidad” del candidato.
De ese modo, la comisión decidió volver a reunirse dentro de quince días para analizar la posibilidad de abrir el debate en torno a las candidaturas de quiénes deben velar por los derechos de los presos en las cárceles federales, y su segundo.
Candidatas
Ayer debía recogerse el informe de las candidatas propuestas por el Poder Ejecutivo: las abogadas Silvia Martínez como procuradora penitenciaria, y Raquel Gass, como adjunta.
La primera se desempeña como Defensora Pública Oficial ante los jueces y cámaras en lo Penal, mientras que la segunda es asesora de la Procuración Penitenciaria.
El actual procurador es Francisco Mugnolo, quien ostenta ese cargo desde hace ocho años y hoy presentó públicamente un informe, que ya había enviado en diciembre al Congreso, en el que denuncia torturas en las cárceles federales.