El andamiaje registral argentino no da la talla de lo que está en juego

Eduardo Gallino acaba de asumir la presidencia de la Unión Internacional del Notariado, en una ceremonia realizada el jueves pasado en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El cordobés fue elegido para ejercer ese cargo hasta el 2010 en una votación en la que participaron miembros de 76 países de Europa, América, África y Asia, que cuentan con el sistema notarial de tipo latino (basado en un instrumento público y donde el Estado delega la función pública fedataria a un profesional del Derecho).
Consultado por Comercio y Justicia, adelantó que trabajará para sumar nuevos países a la entidad, advirtió sobre la inestabilidad de los profesionales en Ecuador, Venezuela y Bolivia -cuyas designaciones dependen del Poder Ejecutivo de turno- y brindó un panorama de la situación en Argentina.
– ¿Cuáles son los temas más candentes de la profesión en el país?
– En principio, desde hace un par de años tenemos una cierta tranquilidad después de los procesos de liberación total que se intentaron en el año 1991, con los decretos de la época de (Domingo) Cavallo. Se planteó la liberalización de los aranceles profesionales, con lo cual no estoy de acuerdo porque normalmente el poderoso económicamente logra rebajas, descuentos; la clase media es la que a veces está desorientada y pide presupuesto a uno o a otro profesional sin saber la calidad de cada uno de ellos, y la clase baja es la carne de cañón.
Hoy puedo señalar entre las principales preocupaciones la de establecer, renovar, continuar e intensificar el diálogo con nuestras autoridades. Es clave en función de lograr políticas municipales, provinciales y nacionales de acceso a la titulación de las tierras, que es una tarea social fundamental. El notariado está dispuesto a hacer la contribución a costo cero con tal de que la gente realmente tenga su título. Y esa regularización es una tarea compartida con Catastro, Rentas, Arquitectos, no es sólo una cuestión del notariado.
– ¿Les preocupa la carga de tareas como agentes de información que les viene sumando el Estado?
– En esa tarea estamos siempre en primera línea, ya sea para con la AFIP o con cualquier otra situación particular. Creo que debemos cumplirla y sin retaceos. ¿Quién puede estar en contra de combatir el lavado de dinero o de dar una información que el Estado requiere y pide como esencial para conocer la realidad económica de un sector? Lo que pasa es que se trata de una tarea que se presta gratuitamente, entonces es una carga pública y en eso todos los días nos cambian el ‘librito’, nos imponen una obligación más. Ahora viene el COTI (Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles). Pero realmente y de fondo tenemos que ajustarnos a los datos de la realidad. No puede ser que sigamos con transacciones y bases imponibles que son del año 92 en la provincia, cuando los valores de la tierra -y no hablemos del campo- se han multiplicado mil veces y estemos siendo, de alguna manera, cómplices indirectos de operaciones, viendo pasar sumas de dinero que no se condicen con la realidad, que superan la realidad documental. Todo lo que podamos contribuir en blanquear la situación es un esfuerzo que tenemos que hacer.
– Aunque los sobrecargue…
– A ninguno de nosotros nos gusta porque son sobrecostos, responsabilidades (incluso del orden penal) y en el deber de informar, además no se nos dice cuál es el criterio objetivo a contemplar, como por ejemplo sobre las operaciones sospechosas de lavado de dinero. Nosotros estamos dependiendo de la Administr