ESCUCHAREn un contexto de crecientes críticas de la oposición por la gestión de la pandemia, se conoció que gremialistas, dirigentes políticos y personas vinculadas al oficialismo habían sido vacunados contra el covid-19 por fuera del esquema público de inoculación, a pesar de no pertenecer a grupos prioritarios
El 19 de febrero, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, en medio de fuertes críticas al funcionario, al área que comandaba y al Gobierno nacional por las vacunas contra el covid-19 que se aplicaron en la cartera sanitaria a personas que no estaban en la lista de prioridades.
El mandatario instruyó al por entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que solicitara la dimisión de González García.
El revuelo político y social por el hecho ocurrió luego de que el periodista Horacio Verbitsky afirmó durante una entrevista radial que había sido inoculado contra el coronavirus en el edificio del Ministerio de Salud. Verbitsky dijo que recibió la Sputnik V luego de hablar con González García, a quien catalogó como su “amigo”.
Posteriormente se conoció que también dirigentes políticos, gremialistas y militantes se habían vacunado en la sede de la cartera, por fuera del esquema oficial de vacunación.
La polémica por el “vacunatorio VIP” fue ampliamente cuestionada por referentes de toda la oposición, en momentos en que las dosis llegaban al país a cuentagotas.
La salida de González García ocurrió a poco de haber comenzado la vacunación contra el coronavirus entre el personal de salud y los mayores de 70 años.
En su carta de renuncia, el ex ministro aceptó que hubo una irregularidad en la citación a los vacunados dentro del Ministerio de Salud, pero les achacó la “equivocación” a sus subalternos y reivindicó su gestión.
Días después, el 22 de febrero, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó al ex ministro de Salud y a su sobrino, Lisandro Bonelli, ex jefe de Gabinete del ministerio. La misma decisión tomó respecto de Martín Horacio Sabignoso, que ocupaba una secretaría dentro de la cartera.
Taiano intervino en la causa que se abrió por las múltiples denuncias presentadas, que quedaron acumuladas en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti. En el marco del expediente, Taiano le pidió a la jueza que ordenara allanamientos en la sede de Salud y en el Hospital Nacional Posadas.
A raíz de la difusión de la noticia, se pusieron en marcha investigaciones similares en distintos puntos del país.
Córdoba
En ese sentido, a fines de febrero, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega investigó la existencia de “vacunatorios VIP” en Córdoba, en el marco de la denuncia presentada por Luis Juez y Ernesto Martínez.
Como medida de prueba, le pidió al Ministerio de Salud de la Provincia que presentara el plan de vacunación que se desarrollaba, para analizar si existieron irregularidades.
Casas Nóblega aclaró que en la denuncia presentada por Juez sólo se plantearon sospechas. “No se aportaron indicios, solamente han marcado la tendencia nacional para que investiguemos”, destacó.
Posadas
En el marco de la pesquisa por vacunatorio paralelo, el 23 de febrero declaró como testigo el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira.
El médico complicó la situación de González García, imputado como presunto autor de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Ante la jueza Capucchetti, Maceira aseguró que fue convocado por el secretario privado del encausado, Marcelo Guille, y por el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos de Salud, Alejandro Collia, “bajo expresas órdenes” de González García.
También aseguró que asistió en una oportunidad al Ministerio de Salud y aplicó las dosis por única vez a 10 personas en el antedespacho del imputado.
Archivo
El 8 de julio, Capucchetti archivó la causa por inexistencia de delito. Sostuvo que en el momento en el que ocurrieron los hechos la ley diferenciaba las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos -prioritarios y no prioritarios- y que 65 de las personas involucradas en la investigación como receptoras estaban dentro del primero.
“La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia penal”, alegó la magistrada.
La sentencia de Capuchetti no fue apelada por el fiscal Taiano. En cambio, sí recurrió la decisión el fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la unidad de la Procuración General de la Nación especializada en casos de corrupción. La apelación de Rodríguez recibió el respaldo de José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal, quien también había solicitado que se profundizara la pesquisa.
Así, meses más tarde (30 de agosto), la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada del “vacunatorio VIP”.
Posteriormente, cuando parecía que la causa no comprometía a la actual titular de Salud, Carla Vizzotti, Capuchetti amplió una medida de prueba que la incluyó.
Ocurre que el fiscal Taiano consideró que no se podía descartar la participación de la funcionaria en la entrega y aplicación de dosis de la vacuna contra el coronavirus de manera discrecional.
Capuchetti aceptó que los llamados a entrantes y salientes a los teléfonos fijos de la funcionaria en el ministerio fueran analizados.
