ESCUCHAREn España, el Ministerio de Igualdad estudia promover una reforma del Código Penal para tipificar las llamadas “terapias de conversión” de personas homosexuales como delito.
La titular de la cartera, Ana Redondo, adelantó el plan tras reunirse con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, quien manifestó su rechazo a este tipo de prácticas que, según una denuncia, vienen realizándose en varias diócesis del país.
El 30 de diciembre, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión expuso ante Igualdad que varias diócesis españolas -como las Madrid, Barcelona y Málaga-, además de personas físicas, una empresa y una fundación, presuntamente promueven y hacen eventos donde se proponen terapias de conversión para personas homosexuales basadas en la castidad y la práctica religiosa con el fin de modificar la orientación sexual de los asistentes.
La asociación indicó que, a través del proyecto “Transformados”, se promocionaron testimonios de personas que aseguran que dejaron de ser homosexuales.
El pasado 14 de enero Igualdad abrió un expediente para investigar los hechos.
Marco
En Argentina, a partir de la sanción de la Ley 26.657 -de Derecho a la Protección de la Salud Mental- en 2010, las terapias de “reorientación sexual” -también conocidas como “terapias de conversión o curación”- están prohibidas.
A pesar del marco normativo, aún existen terapeutas, clínicas de salud mental y espacios religiosos que buscan “curar” la homosexualidad.
En España se trata de prácticas prohibidas desde 2023 por la “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, sanciona la promoción de programas o métodos de modificación de la orientación sexual, incluso si cuentan con el consentimiento del interesado o de su representante legal.
Las terapias de conversión sexual están tipificadas como una infracción administrativa muy grave, con multa de hasta 150.000 euros como sanción, pero ahora el oficialismo analizará si propone una reforma al Código Penal para que sean ilícitas.
Esfuerzos
De acuerdo con el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo) “Poniendo límites al engaño”, son “esfuerzos sistemáticos que buscan cambiar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona, generalmente con el fin de hacerlas conformar con normas heterosexuales y cisgénero”.
Surgieron bajo la falsa creencia de que la diversidad sexual era una condición patológica que necesitaba corrección y tienen efectos nocivos en la vida de las personas.
En América Latina, aunque las terapias de conversión son condenadas por la comunidad médica y psicológica internacional, se hacen en varios países de la región.
En países como Brasil y Ecuador ya existen prohibiciones claras, pero al igual que en otros países hay terapias “clandestinas”, bajo el amparo de instituciones religiosas o centros de rehabilitación. En tanto, México y Perú debate vedarlas.
Por lo pronto, la ONU y la OEA ya pidieron la prohibición total de las terapias de conversión, a las que encuadra como una forma de tortura.
CABA
En septiembre de 2023, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los legisladores de Vamos por Más (VxM), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Unión por la Patria (UP) y Confianza Pública (CP) impulsaron un proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión en la jurisdicción.
La iniciativa busca “proteger y garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas en la ciudad, prohibiendo toda práctica médica, psicológica o de cualquier tipo, cuya finalidad sea la conversión, aversión o reorientación sexual, así como todo procedimiento que estigmatice o diagnostique a una persona en base a su orientación sexual, identidad y/o expresión de género”.
Además, plantea la necesidad de coordinar con los tres poderes del Estado y niveles de Gobierno y en las asociaciones de profesionales, universidades y organizaciones sin fines de lucro capacitaciones “para asegurar la formación de profesionales idóneos con conocimientos específicos en materia de salud integral para personas de cualquier orientación sexual y/o identidad de género”.
“A pesar de que en Argentina hay prohibiciones, hay quienes intentan burlar la ley mediante diagnósticos ambiguos”, señalaron los promotores de la norma.
