ESCUCHARTras el hábeas corpus que fuera presentado por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y luego de recibir el informe del ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Caserio, sobre las condiciones de detención de los reclusos de la ex cárcel de Encausados, el juez de Control Gustavo Reinaldi ordenó ayer el traslado de la totalidad de los internos que se encuentran alojados en esa unidad carcelaria, en un plazo no superior a los 60 días.
En la misma resolución, el titular del Juzgado de Control Nº 2 prohibió que continúen siendo alojadas aquellas personas que son detenidas acusadas de infrigir el Código de Faltas, comúnmente denominados “contraventores”.
Además, el magistrado de garantías dispuso que a partir del próximo martes no se aloje en la ex Cárcel de Encausados “persona alguna que sea detenida por la comisión de delitos comunes” y que los detenidos por delitos comunes que lleven más de siete días de alojamiento en la Unidad de Contención de Aprehendidos y cuya libertad no corresponda ordenar, sean trasladados a Bouwer o al lugar que dispongan los fiscales de instrucción a cuya disposición se encuentren.
En los fundamentos de la resolución, el juez Reinaldi concluyó que el estado edilicio y las condiciones actuales de la UCA no permiten la permanencia de detenidos en ese lugar, a pesar de las medidas provisorias que fueron oportunamente adoptadas por el Juzgado que tiene a su cargo.
Condiciones dignas
En tal sentido, el magistrado señaló: “No es posible garantizar condiciones dignas y mínimamente aceptables de alojamiento; ello implica una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, violentándose así la manda constitucional (..), que por todo ello este tribunal considera imperioso e insoslayable disponer medidas que pongan fin a la situación analizada”. Antes de resolver, lo que en la práctica significará el cierre progresivo de la cárcel de Encausados, Reinaldi recibió el informe cuya confección le había ordenado al Gobierno provincial que le remitiera en un plazo de 72 horas.
En el escrito se explicitó que, si bien se estaban realizado mejoras edilicias dentro de la UCA, por sus malas condiciones sólo se hallaba habilitado entre un 15% y un 20% del edificio, funcionando parcialmente la planta baja, el primero y segundo pisos.
Más adelante, las autoridades admitieron que el estado de la cárcel era malo y estaba sobrepoblado. Así expresaron: “Los sanitarios están deteriorados, son insuficientes y están parcialmente inhabilitados.
Las celdas carecen de toda infraestructura para acostarse, a excepción de las mujeres que cuentan con alguna cama con elástico y colchón. La densidad ocupacional es excesiva”.
