ESCUCHARSerá para financiar líneas de Alta Tensión que beneficiarán al AMBA. El anticipo de la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, se traduciría en un alza de hasta 3% en las facturas. Como fuere, se contrapone a las denuncias de la Secretaría de Comercio de que las distribuidoras, entre ellas EPEC, eliminen cargos de los cedulones, como -por ejemplo- el Fodep, que es un cargo para obras
El Gobierno nacional incluirá un cargo fijo que pagarán los usuarios de energía eléctrica de todo el país a través de sus facturas.
Los fondos recaudados se utilizarán para la construcción de un conjunto de obras de líneas de alta tensión en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un sector donde los nodos actuales de la red del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) están saturados, de acuerdo con un informe oficial.
La decisión fue anticipada ayer por la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, en un evento del sector energético organizado en Buenos Aires.
Tettamanti argumentó la inclusión del cargo en la necesidad de “ampliar la capacidad de transporte de alta tensión en el país”.
Contradictorio
La determinación oficial va a contramano de la intimación recibida por las distribuidoras eléctricas de todo el país, entre ellas la EPEC y las cooperativas del interior.
Es que, según una norma de la Secretaría de Comercio, obligó a las prestatarias a eliminar cualquier cargo extra en las facturas a los usuarios que no tuvieran que ver con el servicio propiamente dicho, salvo los impuestos.
En el caso de la EPEC, esa intimación incluía la OIM, ordenanza municipal de 9,9% que se cobra para financiar el alumbrado público, en este caso en la ciudad de Córdoba, la tasa para financiar el Ersep y el Fodep, un fondo específico creado por la empresa para fondear obras de infraestructura eléctrica.
Precisamente, llama la atención que el cargo que pretende ahora cobrar la Nación por medio de las distribuidoras de todo el país, es el mismo que le exige a EPEC eliminar.
De hecho, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, a tenor de la norma de la Secretaría de Comercio y a partir de denuncias recibidas por usuarios, emplazó a EPEC, a Aguas Cordobesas y a las cooperativas a eliminar esos cargos extras.
Todas respondieron en un plazo de cinco días hábiles, tal como disponía la resolución. El argumento utilizado fue el mismo en todos los casos: que la Nación no tiene jurisdicción sobre una provincia o un municipio que, en paralelo, tienen una ley propia que avala el cobro de esos cargos.
Según fuentes oficiales consultadas por Comercio y Justicia, hasta ayer no había respuesta alguna de Defensa del Consumidor. En caso de que la intimación se ratifique, el tema podría derivar en acciones judiciales.
“Es obvio que hay una clara contradicción entre lo que nos piden a nosotros y lo que ahora ellos quieren hacer”, reveló a este medio una fuente del sector eléctrico de Córdoba.
Al mismo tiempo, recordó que las obras que se pretenden financiar con ese cargo que se incluirá en las facturas de todas las prestatarias del país, serán para infraestructura de transporte que beneficiarán al AMBA. “O sea, una vez más todo el país tiene que financiar a los porteños que siguen con tarifas eléctricas irrisorias en función de que el ENRE no les habilita una suba en el Valor Agregado de Distribución (VAD). En definitiva, tanto Edenor como Edesur terminan por cubrir ese desfase de costos endeudándose con Cammesa”, explicaron los informantes.
La obra
Por lo demás, Tettamanti recordó que en los últimos 10 años no se han realizado obras en 500 kV y de 132 kV en Argentina, por lo que consideran fundamental avanzar con un instrumento que permita la construcción rápida de nuevas líneas de alta tensión.
En cuanto al financiamiento, Tettamanti explicó que se implementará un cargo fijo en pesos por kilovatio/hora que se incluirá en las facturas de electricidad de todos los clientes de Argentina, ya sea usuarios de Edenor o Edesur, como de EPEC de Córdoba, EPE de Santa Fe o cualquier cooperativa eléctrica.
“Lo va a pagar toda la demanda porque entendemos que todas estas ampliaciones van a redundar en poder ir incorporando más generación eficiente al sistema, por ende, va a beneficiar a todos los usuarios del país”, detalló la funcionaria.
El cargo, cuyos fondos irán a un fideicomiso específico, se va a comenzar a implementar “lo antes posible”, dijo Tettamanti.
Mientras tanto, el Gobierno va a diagramar la licitación y la adjudicación de la obra.
“Calculamos que más o menos en tres años eso va a estar totalmente cobrado y finalizado. Ese es el esquema que elegimos y que nos pareció óptimo para esta primera etapa; y seguiremos analizando si lo hacemos así para las siguientes, o vamos a otro esquema, pero la idea es ir ampliando la capacidad de transporte de alta tensión”, apuntó la funcionaria que llegó en octubre al cargo con el aval de Mauricio Macri.
Tettamanti llegó en reemplazo de Eduardo Rodríguez Chirillo, echado por el presidente Javier Milei. Era algo que se veía venir en el sector desde que el ministro de Economía, Luis Caputo, nombró como secretario coordinador de Energía y Minería a Daniel González.
AMBA 1
El proyecto llamado “AMBA 1″, que -de acuerdo con la Secretaría de Energía- busca fortalecer el sistema eléctrico, consiste en una línea de alta tensión entre las estaciones de las localidades de Vivoratá y Plomer; otra que va desde Plomer hasta Ezeiza, y también una tercera que conecta Plomer con Atucha, donde están las centrales nucleares.
Si bien no fue mencionado por Tettamanti, el cargo fijo tendría un impacto de entre el uno por ciento y tres por ciento de las facturas finales de los usuarios.
La obra estuvo entre los proyectos que se intentaron activar durante el gobierno de Alberto Fernández, pero la financiación china finalmente no se consiguió.
También estuvo en la lista de los trabajos que el gobierno de Macri buscó llevar a cabo con el esquema de Cambiemos llamado “Participación Público Privada”, que fracasó cuando en mayo de 2018 se produjo la estampida del dólar.
Según EconoJournal, el Gobierno nacional, en un primer momento, buscó financiar la obra de otra forma, aprovechando la estabilización de la macroeconomía y la baja del riesgo país para ir a un esquema de licitación privada para que los trabajos se repaguen por medio de un canon. Finalmente, se eligió el sistema de pago directo de todos los usuarios.
Las estimaciones oficiales dicen que en un año el fideicomiso ya tendría los fondos suficientes como para poder comenzar los trabajos.
La obra completa demandaría 1.152 millones de dólares, según el “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica en Alta Tensión” elaborado durante el gobierno anterior por un grupo interdisciplinario. Con esta ampliación, se dará comienzo a una de las fases del plan, considerado prioritario mejorar el transporte en alta tensión.
