ESCUCHARLa desaceleración en los precios mayoristas, que alcanzaron 1,2% en octubre, ha fortalecido al Gobierno en su propósito de reducir el costo de vida, con el objetivo de acercarse a una inflación en torno al 1%. El presidente Javier Milei afirmó recientemente que la economía se encuentra en un momento “absolutamente floreciente”, destacando especialmente la disminución de la inflación. Por tal motivo, hay una ligera expectativa con las ventas de fin de año, especialmente con las Fiestas.
Un factor relevante en esta tendencia es la caída de los precios de los productos importados, un área que el equipo económico está observando de cerca para fomentar una reducción más generalizada de los precios. En este sentido, el Gobierno amplió la posibilidad de importar productos por medio de Courier, incrementando el monto permitido de US$1.000 a US$3.000, una medida que busca alentar el ingreso de productos desde el exterior.
Las empresas, según información interna, consideran que esta tendencia de reducción de precios continuará en las próximas semanas, ya que se estima que muchos sectores aún no han ajustado sus precios a la baja en relación con la disminución del dólar, lo que ha dejado costos aún referenciados a una divisa más alta, alrededor de US$1.500. Para el Gobierno, el proceso de desaceleración de la inflación aún tiene espacio para avanzar. Además, como parte de esta estrategia, Milei anunció que se reducirá la tasa de depreciación mensual del peso del 2% al 1%, lo que también contribuye a controlar la inflación.
El dólar estable ha ayudado a reducir los precios de los productos importados, y se espera que en noviembre esta tendencia se profundice. El objetivo del Gobierno es que la desaceleración de precios impulse un aumento del consumo, especialmente en las próximas fiestas. En cuanto a la economía, se prevé que una mejora en algunas actividades permita un repunte en el consumo, particularmente en rubros clave como alimentos y bebidas, en los que aún se percibe una preocupación por las remarcaciones.
El ministro de Economía está comprometido con no autorizar aumentos en las tarifas de servicios básicos, como la electricidad y el gas, a las distribuidoras principales, como Edenor, Edesur y Metrogas, que, a pesar de las fórmulas de indexación aprobadas, no se han cumplido de manera efectiva. Esto podría generar tensiones en las inversiones del sector y posibles cortes de suministro durante el verano. A pesar de ello, el Gobierno tiene la intención de permitir aumentos puntuales en las tarifas para asegurar la estabilidad de las empresas y evitar la interrupción de los servicios.
La meta del Gobierno es continuar con la desaceleración de la inflación y consolidar la tasa de devaluación mensual del peso en 1%, además de preparar el terreno para flexibilizar los controles de capitales en el futuro cercano. En el ámbito energético, aunque se han solicitado aumentos en las tarifas del gas de entre el 20% y el 30%, algunos sectores consideran que el “atraso real” es mucho mayor, entre el 40% y el 50%, lo que ha generado discusión sobre la necesidad de ajustes.
Por otro lado, la Unión Industrial Argentina (UIA) ha expresado su preocupación respecto a una mayor apertura del comercio internacional, alertando sobre el impacto negativo en la competitividad de las industrias nacionales. La UIA subraya que la carga fiscal y la falta de infraestructura son barreras significativas que dificultan la competencia. Los representantes del sector industrial han señalado que cualquier medida de apertura debe ir acompañada de políticas que mejoren la competitividad, tales como la reducción de impuestos, la mejora en infraestructura y conectividad, y la promoción de inversiones nacionales. De no ser así, advirtieron, la apertura comercial podría perjudicar la industria local, especialmente a las pymes, y generar más pérdidas de empleo, que ya han afectado a más de 30.000 puestos de trabajo en el sector desde agosto de 2023.
