ESCUCHAREl juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick remitió hoy a la fiscalía la demanda presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). La universidad busca impedir que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) la audite, solicitando una medida cautelar y una acción declarativa de certeza para que se defina si ese fuero es competente para intervenir en el tema.
Cormick quedó a cargo del caso esta mañana por sorteo, luego de que ayer la UBA recusara a la jueza Rita Ailán, quien había sido sorteada inicialmente, informaron fuentes judiciales.
Derivación a la fiscalía para determinar competencia
Apenas recibió el expediente, Cormick lo remitió a la fiscalía para que, “previo a proveer la medida cautelar solicitada”, dictamine si su tribunal es competente para tratar la causa, según consta en la resolución
La UBA presentó ayer una acción declarativa de certeza con el fin de que la Justicia determine si la SIGEN tiene competencia para auditar la universidad. Mientras se resuelve esa cuestión, la UBA también pidió una medida cautelar para evitar cualquier tipo de intervención hasta que haya una decisión judicial.
La demanda: límites a la intervención de la SIGEN
En su presentación, la universidad solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional y la SIGEN “se abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones bajo el nombre de auditorías o cualquier otra denominación que implique control interno”.
La demanda enfatiza que la SIGEN “carece de competencia” para realizar una auditoría, especialmente porque esta fue decidida de manera unilateral para comenzar el próximo 28 de octubre.
Además, la UBA solicita que la Justicia declare la inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para ejercer control interno sobre la universidad, alegando que esas disposiciones contradicen normas y principios constitucionales.
Argumentos jurídicos esgrimidos
La demanda señala que la normativa atacada vulnera el artículo 75 inciso 19 y el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional, así como varias leyes relevantes, entre ellas la Ley de Educación Superior (24.521) y la Ley de Administración Financiera (24.156). También se mencionan disposiciones del Estatuto Universitario y la Resolución 8237/13 del Consejo Superior de la UBA.
En su planteo, la UBA sostiene que la auditoría propuesta por la SIGEN constituye una “violación del orden constitucional” y que no existe relación jurídica válida que permita a la sindicatura intervenir en el control interno de la universidad.
El objetivo principal de la UBA es que la Justicia emita una “declaración judicial de certeza” para que se declare inaplicable el decreto cuestionado y se establezca la inexistencia de una relación legal entre la universidad y la SIGEN en materia de control interno.
De esta forma, la UBA busca impedir cualquier intento de auditoría por parte del organismo nacional, sosteniendo que dicha intervención sería contraria a las normativas vigentes y a la autonomía universitaria garantizada por la Constitución.
