ESCUCHARLa semana pasada, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) celebró las “XIII Jornadas Nacionales del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito”.
En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la asistencia de 200 personas y la participación virtual de otras 600, la apertura estuvo a cargo de, entre otros, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y de la titular de la DOVIC, Malena Derdoy, y la presidenta del Consejo Federal y titular del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de Salta, Matilde Alonso.
25 aniversario
Casal recordó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) traccionó hace un cuarto de siglo para motorizar el Consejo Federal y que la Procuración General promovió iniciativas que atienden la situación de la víctima, su rol en el proceso penal y el aseguramiento de sus derechos. Añadió que a lo largo de los años el programa de atención se fue ampliando, lo que le permitió al MPF ofrecer una herramienta institucional que “garantizara acompañamiento”.
Subrayó que esto fue posible gracias al trabajo que venía desarrollando la DOVIC con su estructura y recursos humanos y promoviendo la coordinación de su actuación con las distintas fiscalías del país.
Destacó además que, en el marco de la implementación del sistema acusatorio, cada unidad fiscal tiene un área de atención a las víctimas que trabaja coordinadamente con la DOVIC y reconoció la labor de quienes se desempeñan en el área a través de abordajes interdisciplinarios.
Derdoy resaltó que el evento se enmarcó en el 25° aniversario de creación del Consejo Federal y en el 10° de la puesta en marcha de la DOVIC.
En tanto, Alonso sostuvo que es imprescindible reforzar los niveles de reparación, restitución e indemnización para las víctimas y la no repetición de conductas ilícitas “atendiendo interseccionalmente” a las características y condiciones de vulnerabilidad de cada persona y su contexto.
“Avanzar en clave victimológica es el modo de equilibrar la balanza de la justicia”, postuló la funcionaria.
Abuso sexual
El primer panel abordó las investigaciones complejas en casos de abuso sexual. Lo moderó la titular de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos del MPF porteño, Cintia Larregina, con el aporte de la subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar del Ministerio Público bonaerense, María Mercedes Rubio, y del fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Sandro Abraldes.
Larregina hizo hincapié en la intervención de los equipos interdisciplinarios como “pilar fundamental” para contrarrestar “los efectos devastadores de la violencia y los factores de riesgo que aquejan a las víctimas”, con el objetivo principal de “recuperar a la persona” de la experiencia traumática y “empoderarla para hacer frente a la reconstrucción de su proyecto de vida”.
Por su parte, Rubio indicó que las investigaciones requieren atención diferenciada y que deben realizarse bajo estándares de la “debida diligencia reforzada”, que incluye la exhaustividad en la recopilación de prueba; la imparcialidad para erradicar estereotipos o prejuicios y la necesidad de incorporar la perspectiva de género y de niñez. Sumó que el enfoque interseccional permite considerar “todos los factores que pudieran aumentar el grado de vulnerabilidad al que se encuentran expuestas las personas agredidas”.
A su turno, Abraldes habló de “problemas recurrentes” en los juicios y enfatizó que los casos deberían llegar sólidos a la instancia de debate.
En esa línea, apuntó a la importancia de establecer un vínculo para que la persona agredida esté “contenida, serena y con confianza”.
Profesionales
El coordinador provincial del servicio de Asistencia a la Víctima del Delito del MPF de Chubut, Luis Amarfil, moderó el panel sobre desarrollo de políticas integrales de cuidado a profesionales en el abordaje de los casos. Indicó que es importante fomentar las reuniones intergrupales para compartir experiencias. En tanto, la abogada y especialista en planificación y gestión de políticas sociales, Laura Pautassi, se refirió al derecho al cuidado. “Las relaciones laborales vinculadas al trabajo remunerado están atravesadas por múltiples discriminaciones de género”, manifestó.
Resaltó la intermitencia entre las tareas de cuidado y la participación en el mercado de trabajo. “Nadie lo valora, nadie lo ve”, juzgó sobre la labor de cuidado, y marcó que “las mujeres dedican el doble de tiempo” y que ello representa una “desigualdad estructural”.
La licenciada en trabajo social y supervisora del programa especial de acompañamiento a víctimas de violencia de género de la DOVIC, María Gabriela Pombo, se refirió a cómo enfrentar el malestar en procesos de trabajo signados por la sobrecarga y la saturación. En tal sentido, marcó la necesidad de identificar qué es lo que oprime a los trabajadores para construir un reconocimiento simbólico, representado por el “juicio de utilidad: lo que se hace es útil” y un “juicio de belleza: lo que se hace es bello, sigue las reglas del oficio”.
El último panel desarrolló la temática de la reparación integral a víctimas de delitos y fue moderado por la coordinadora de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos Corte Suprema de Justicia de Tucumán, María Laura Suárez. Contó con la participación del fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mauricio Viera; la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, y el fiscal general cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo.
Viera se refirió a cómo garantizar el acceso a la justicia a una víctima de delitos sexuales mayor de edad que padeció la agresión cuando era menor. Consideró adecuado el archivo de la causa hasta la mayoría edad, cuando la persona con autonomía pueda decidir si ejerce la acción, y puntualizó que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal receptó esta postura en un caso en el que le tocó intervenir.
“Ante la imposibilidad de avanzar en un proceso penal, en causas en que la acción penal fuera declarada prescripta, queda habilitada para la víctima la alternativa de los juicios por la verdad”, aportó, y consideró que ello permite acceder a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, dijo que en la fiscalía a su cargo tramitan 15 causas pendientes de resolución en esa línea.
Mazzaferri planteó que “sin acompañamiento a la víctima no hay justicia” y juzgó que la reparación integral tiene que ser “restauradora” y “transformadora”. En ese sentido, hizo referencia al proyecto de ley que se presentó este año en la Cámara de Diputados sobre la “Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados”, elaborado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el marco del proyecto “Bien Restituido”. Puntualizó que el objetivo de la iniciativa es crear un proceso más eficiente de gestión de bienes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado y permitiendo que lo que se le quitó a la comunidad pueda volver a ella.
En tanto, Colombo explicó que con la reparación económica a víctimas de trata se busca darles una voz propia y que no salgan del proceso peor de lo que entraron.
Detalló que junto con la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRABD) desarrollaron la “Guía para fiscales sobre el funcionamiento del fondo fiduciario para reparación a víctimas y gestión de bienes en casos de trata de personas. “No hay que esperar que la víctima reclame, los jueces y fiscales están obligados a hacer la reparación”, concluyó.
Córdoba
Cerraron la jornada la titular de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito de la provincia de Córdoba, Alicia Salusso, y la secretaria ejecutiva de la DOVIC, María Teresa Bravo. Salusso destacó la riqueza del Consejo y la heterogeneidad de sus dependencias.
Salusso fue designada nueva presidenta del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito de la República Argentina y Bravo como vice.
“Ya sea en el poder ejecutivo, judicial o legislativo, todas tienen un solo norte: garantizar los derechos de las víctimas”, expresó. “Aprendemos, intercambiamos y construimos más y mejores estrategias”, aportó Bravo.
