ESCUCHAREl juez federal Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva, y junto a otros cuatro imputados, a Iván Cudde, de 33 años, el creador de una plataforma a partir de la cual cibercriminales accedían a métodos de phishing para desbloquear celulares de alta gama robados o extraviados.
En septiembre, a partir de una investigación conjunta dirigida en Argentina por los agentes Paloma Ochoa y Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), y que incluyó a ministerios públicos fiscales y agencias policiales de España, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, se desbarató la red criminal internacional liderada por el santafesino Cudde.
La denominada “Operación Kaerb” se concretó en operativos coordinados durante varios días, con apoyo de EUROPOL, AMERIPOL y del Programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el Crimen Organizado en América Latina y el Caribe (PAcCTO 2.0.).
En los seis países se realizaron 28 allanamientos y se detuvo al menos a 17 personas de nacionalidad argentina, búlgara, colombiana, ecuatoriana, española, peruana, venezolana y uruguaya.
La organización actuó a través de la plataforma iServer, que operó en un escenario de “crimen como servicio” (crime as a service); es decir, un modelo de negocio en el que los ciberdelincuentes ofrecen herramientas, servicios y recursos relacionados con actividades ilegales a otros criminales a cambio de dinero.
Estaba dirigida a “desbloqueadores” que, al pagar una cuota mensual de 120 dólares, tenían acceso a instrucciones, técnicas y métodos de captación engañosa de datos personales para obtener las credenciales de acceso al dispositivo robado y a la denominada “vida digital” de la víctima.
iServer funcionó bajo diferentes dominios, con métodos de pago anónimos. La red tenía más de 2.000 usuarios registrados y generó ingresos estimados en más de 250.000 dólares anuales.
La investigación identificó a más de 480 mil damnificados. Argentina aparece en el séptimo lugar, con 29 mil.
Como parte de la operación, se dio de baja iServer y se desmanteló la infraestructura tecnológica utilizada para delinquir.
Denuncia
La investigación se inició en junio, a partir de una denuncia del titular de la UFECI, en la que expuso que Gendarmería reportó que un oficial de enlace de la Policía Nacional de España ante Europol informó que la maniobra de phishing estaba afectando a usuarios de Europa y Latinoamérica y que todo tenía su origen en la plataforma iServer.
Azzolin explicó que Europol halló la página de Facebook @iserverplatform, desde donde se ofrecían los servicios de la plataforma. Tras un análisis, se arribó a una casilla de correo electrónico mencionada en un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal durante el trámite de una causa en la que terminó condenado, también por ciberdelitos, Cudde.
En un juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, y junto a un segundo imputado, Cudde fue condenado en mayo de 2023 a 3 años de prisión condicional y a pagar una multa por la filtración de fotos íntimas de una mujer que, al momento de los hechos, en 2017, era diputada nacional. Se lo declaró partícipe necesario de amenazas coactivas en concurso ideal con acceso ilegítimo a un sistema informático y falsificación y uso de una marca registrada en calidad de autor.
Córdoba
Casanello procesó a Cudde como partícipe necesario de estafa informática, falsificación y uso de una marca registrada y adquisición y utilización de celulares de procedencia ilegítima.
Otros tres imputados procesados por los mismos delitos, pero como autores, son dos peruanos -uno de 33 años detenido en la CABA, y otro de 32, arrestado en Córdoba-, y un uruguayo, de 41, aprehendido en la CABA. Los tres tenían tiendas de reparación y venta de accesorios de celulares.
Un quinto encartado, de 53, detenido en Córdoba, también fue procesado como partícipe necesario de estafa informática y falsificación y uso de una marca registrada. En uno de los allanamientos se le secuestró una pistola y quedó imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego. La causa se remitió al fuero Criminal y Correccional provincial.
