ESCUCHARLa Cámara de Diputados aprobó hoy con media sanción el proyecto para la regularización de la tenencia legítima de armas y la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
La iniciativa recibió 142 votos a favor entre los legisladores del oficialismo y de la oposición dialoguista, en tanto que Unión por la Patria (con la excepción de Ana Aubone que se abstuvo) y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta.
La modificación de la Ley 26.216 de Armas de Fuego, proyecto enviado el 15 de mayo pasado con las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente Javier Milei, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.
Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Por otra parte, el proyecto plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.
En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.
La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.
El usuario que quiera acceder a este programa debe en primer lugar ingresar al sistema de forma virtual con un número de serie.
El sistema permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y se ponen a disposición de la Justicia.
Una vez que el usuario comparece ante el organismo, el arma entregada es inutilizada de forma inmediata delante suyo y posteriormente es destruida en un horno de alta temperatura.
Desde la ANMaC aclararon que esta legislación se centra en la tenencia legítima de armas de fuego, pero no en la portación, que únicamente es admitida en personal de fuerzas de seguridad, personal autorizado de seguridad privada, etcétera.
La ANMaC, un ente descentralizado del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lleva adelante políticas de desarme de la sociedad civil y tiene la misión de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados.
Según datos oficiales, se estima que hay en el país 800.000 armas no registradas ni autorizadas.
A través del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y las intervenciones de sus pares de bancada Matías Molle, Juan Manuel Pedrini, Pablo Yedlin y José Glinski, desde la oposición propusieron incorporar el artículo 2 del dictamen de minoría.
El vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal,Martín Soria, leyó la propuesta de Unión por la Patria para que “en caso de armas no registradas serán guardadas en los depósitos del Registro Nacional mientras dure el proceso de regularización”.
Y en caso de no avanzar con el blanqueo de armas, se señala, “la agencia deberá dictar la destrucción de ese material”.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado no dio curso al pedido, la moción fue sometida a votación, resultando rechazada.
La diputada cordobesa del PRO aclaró que tener un arma “no registrada es incurrir en un delito” por lo que explicó que la propuesta trae “dos soluciones”.
Por un lado, señaló la “entrega voluntaria de armas que se dejaron de usar por la cuestión que sea” y por el otro se ofrece la regularización de armas no registradas.
Aclaró, sin embargo, que se estaba planteando modificar “la portación de armas porque es otra normativa”.
Soria, por su parte, alertó que “en Argentina se producen 8 muertes por día a causa de armas de fuego”, y detalló que “uno de cada cuatro femicidios son cometidos con armas de fuego”.
“Es en este contexto que resulta una obligación y un deber que el Estado nacional, a través de los poderes, profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios”, consideró.
“Cada arma que se logra sacar de las calles constituye una acción directa para construir una sociedad más segura para todos los argentinos”, reflexionó el rionegrino.
