ESCUCHAREn Brasil, el Banco Central del país advirtió en un comunicado que en agosto los brasileños gastaron 3.695 millones de dólares en apuestas on line; la mayoría, destinadas al fútbol.
La entidad precisó que, de esta cifra, 552,1 millones fueron usados por cinco de los 20,7 millones de beneficiarios de la denominada “Bolsa Familia”, el subsidio mensual del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria.
El mercado de las apuestas por internet ya es una emergencia social en Brasil. Desde principios de año, los segmentos vulnerables de la población se volcaron más al juego y escalan las denuncias de adolescentes que, endeudados, recurren a prestamistas.
Roberto Campos Neto, presidente del Central brasileño, dijo que los datos son “bastante preocupantes”.
Recordó que la adicción al juego está cada vez más extendida en todo el mundo y alertó sobre sus graves efectos económicos, como el aumento de la morosidad ciudadana y, consecuentemente, de la pobreza.
En ese marco, Isaac Sidney, presidente de la Federación Brasileña de Bancos (Febrapan), pidió que se prohíban los pagos de apuestas online con Pix, una de las plataformas favoritas de los jugadores.
Demanda
Una encuesta de la fintech Klavi sobre una muestra de 5.000 clientes bancarios reveló que, en los últimos 12 meses, el 30% pidió préstamos para destinar la mayor parte del dinero a apuestas.
Ante ese panorama, la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) presentó una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), cuestionando la constitucionalidad de la Ley 14.790, que regula el juego online.
En Brasil, el sector fue autorizado a operar en 2018, durante el gobierno del ex presidente Michel Temer, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
La regulación de la actividad comenzó a discutirse en el segundo semestre de 2023, con la ratificación por parte de Luiz Inácio Lula da Silva de la Ley 14.790, en diciembre pasado.
El juez del STF Luiz Fux convocó una sesión especial el 11 de noviembre para discutir el tema, mientras que el Tribunal Superior Electoral (STE) vedó las apuestas en las próximas elecciones municipales del 6 de octubre.
Según un estudio de la consultora KPMG Strategy & Innovation, el sector de las apuestas en línea en Brasil movió en 2023 entre 11.042 y 18.403 millones de dólares, frente a los 920 millones de dólares de 2018.
Para 2024, las proyecciones del mercado oscilan entre 16.563 y 23.924 millones de dólares, con un aumento de más del 89% entre 2020 y 2024.
“Pandemia”
El ministerio de Sanidad se reunirá esta semana para elaborar nuevas estrategias. La titular de la cartera, Nísia Trindade, declaró recientemente que se trata de una auténtica “pandemia” y que el país debe tratarla como se trata “el vicio de fumar”.
Hay inquietud por el riesgo de que el sector del juego online fortalezca el crimen organizado en el país a través del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
Hay cada vez más informes que reflejan que organizaciones criminales como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando de la Capital (PCC) utilizan las apuestas para blanquear dinero del narcotráfico y financiar sus actividades.
Proyecto
En agosto pasado, el diputado nacional Manuel Aguirre presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 301 bis del Código Penal (CP) y endurecer las penas para quienes exploten juegos de azar sin la debida autorización, con un enfoque especial en la protección de los menores, particularmente vulnerables.
La iniciativa busca no solo sancionar a los infractores, sino también prevenir la proliferación de actividades ilegales.
Establece que aquellos que administren o gestionen juegos de azar por medios digitales sin la autorización correspondiente enfrentarán penas de prisión que van de tres años y seis meses a seis años. En el caso de que se permita la participación de menores, la pena se elevará a nueve años.
“Es fundamental que la ley se aplique de manera justa y que no se solapen las penas para delitos relacionados”, afirmó Aguirre en la presentación del proyecto.
La problemática del juego ilegal cobró relevancia con el auge de las plataformas digitales. En ese sentido, Aguirre recordó que está causando graves daños a la población en general.
El proyecto también contempla la creación de mecanismos de control y supervisión adecuados. “Es fundamental que esta modificación se coordine con otras leyes y regulaciones relacionadas con el juego y la protección de menores”, destacó el autor, enfatizando la importancia de un enfoque integral.
Además de las sanciones penales, la iniciativa propone la implementación de campañas de concientización dirigidas a padres y educadores, para que estén atentos a los signos de adicción.
El incremento de la ludopatía virtual genera cada vez más preocupación; en especial, cuando impacta a niños y adolescentes.
Hay una docena de proyectos sobre el tema en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de Diputados. Los autores expusieron sobre cada iniciativa, se hicieron reuniones informativas con expertos y se está redactando el texto de un dictamen para debatir en el recinto.
Paralelamente, en la Cámara Alta, hace un mes la senadora Anabel Fernández Sagasti promovió un proyecto que se enfoca en la publicidad de los denominados “casinos on line”.
La mendocina planteó que el tema está “fuera de control” y, bajo esa premisa, su propuesta veda la publicidad, el patrocinio y el sponsoreo de aquellas plataformas.
Al presentar su iniciativa, la legisladora de Unidad Ciudadana alertó que el rubro juegos de azar es el que más creció en inversión publicitaria multimedia en los últimos años: citó que entre enero de 2021 y enero de 2022 subió 235%.
En tanto, recordó que el decreto-ley 6.618 (de Prohibición de los Juegos de Azar) establece que para apostar hay que ser mayor de 18 años, pero enfatizó que los menores que apuestan falsean su identidad para ingresar a los sitios o usan “intermediarios”.
El texto prevé medidas de prevención, concientización y control para proteger los derechos de los niños y adolescentes en espacios digitales, en el marco de la Ley 26.061. Entre ellas, figuran implementar un registro y auditoría de operadores; la firma de convenios de colaboración con empresas, entidades públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil para identificar, bloquear y eliminar el contenido que promueve apuestas; el diseño de herramientas de análisis que posibiliten identificar tempranamente patrones potencialmente problemáticos y la habilitación de canales y dispositivos de la orientación, acompañamiento y asistencia personas que se encuentren en riesgo o en “situación de juego compulsivo”.
Complementariamente, incorpora la tipificación penal de la figura del intermediario como quien facilita el acceso de menores de 18 años a las plataformas de juegos de azar y apuestas en línea, estableciendo una pena de prisión de uno a 4 años.
En el país hay 11,4 millones de personas registradas en casinos virtuales.
Escalada
La escalada de la adicción se debe, en gran medida, a la falta de regulación de la actividad a nivel nacional, a la publicidad agresiva en televisión y redes, a la facilidad para acceder a medios de pago, a la disponibilidad para jugar las 24 horas y al libre acceso a las páginas de apuestas y sus interacciones con aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, para cargar “fichas”.
Gran parte de los sitios son ilegales, no están sometidos a control estatal e incentivan a los adolescentes a jugar.
Las regiones en donde más operan las empresas del sector son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), con preponderancia en los extractos socioeconómicos más bajos.
Por lo pronto, en cada jurisdicción del país hay casos particulares, pero la tendencia general es permitir que los casinos operen por Internet.
CABA
Hace 15 días, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) bloqueó 237 páginas de apuestas ilegales que permitían jugar on line desde territorio porteño.
A su turno, la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos denunció la existencia de las plataformas y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño abrió una pesquisa.
La FEJA, creada en julio y enfocada en combatir la ludopatía infantil, le solicitó con éxito el bloqueo al juez Ezequiel Quaine.
