ESCUCHAREn la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un ciudadano chileno de 19 años que hace dos semanas fue detenido tras entrar en una casa de Saavedra fue imputado, condenado por tentativa de robo calificado (por haber sido cometido mediante el uso de llave verdadera previamente sustraída) y expulsado del país en un trámite de flagrancia que duró 12 días, a partir de una investigación impulsada por la Fiscalía de Distrito de aquel barrio y de Núñez, a cargo del agente José María Campagnoli.
La decisión la tomó Luis Alberto Schelgel, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, en la audiencia de clausura del proceso, en línea con lo acordado en el juicio abreviado por el auxiliar fiscal Agustín Serra y por la defensa del encartado.
Schelgel condenó a Aaron Parra Pino. Le impuso un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, con el pago de costas. También le fijó las pautas de conductas que pidió el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).
En su fallo, Schelgel ordenó el traslado inmediato del joven -previo paso por el consulado Chile para tramitar documentación- al aeroparque porteño Jorge Newbery para efectivizar su expulsión del país, en un vuelo que partió el pasado jueves por la noche rumbo a Santiago de Chile.
Migraciones
De la audiencia participó un abogado de la Dirección Nacional de Migraciones que informó que con Parra Pino se dictó la disposición administrativa para su expulsión luego de corroborarse, tal como postuló la Fiscalía, que ingresó de manera irregular al país sin documentación.
La audiencia inicial multipropósito del trámite de flagrancia se hizo el 21 de septiembre. Cuatro días más tarde se dictó la condena y se concretó la expulsión.
La Fiscalía que dirige Campagnoli destacó que los 12 días que duró el proceso son un plazo propio del procedimiento de flagrancia, pero recalcó que en el caso se logró una resolución anticipada y se evitó llegar a un juicio oral, lo que también posibilitó cumplir con la expulsión el mismo día en el que se dictó el fallo.
Acuerdo
En abril pasado, el director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, y el fiscal general de la CABA, Juan Bautista Mahiques, firmaron un convenio colaborativo sobre intercambio de información para actuar de forma rápida ante la comisión de delitos, con foco en acelerar los procesos de expulsión de extranjeros.
Además de fortalecer los mecanismos de cooperación, se pactó incorporar infraestructura de tecnología para agilizar las pesquisas.
En ese marco, el MPF de la CABA se comprometió a informar sobre toda intimación de hechos que se formule a una persona extranjera en los procesos penales que tramiten en la jurisdicción, a fin de que Migraciones individualice a los autores y avance con las expulsiones.
Agilización
A principios de septiembre, el jefe de Gabinete Guillermo Francos suscribió un convenio con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también orientado a la agilización de expulsiones de ciudadanos extranjeros que delincan en territorio nacional o que tengan antecedentes penales.
En función del acuerdo, la CABA recibirá la habilitación de Migraciones sobre los registros informáticos de los no nacionales para facilitar consultas.
El gobierno de la CABA se comprometió a exhibir los sumarios policiales de extranjeros que cometan cualquier tipo de ilícitos y a compartir el registro de los que estén detenidos en comisarías o dependencias policiales, para que la justicia pueda obrar con mayor rapidez en su expulsión.
2017
A inicios de este año, Jorge Macri reclamó públicamente que se retome la política migratoria de la Administración de Mauricio Macri y que se restituya el decreto que, en 2017, impuso más restricciones al ingreso de extranjeros al país y, además, preveía un mecanismo rápido de extradición.
“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, escribió el porteño en su cuenta de X.
“Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra ciudad no debe ser más el lugar al que se vienen a cometer delitos”, añadió el jefe de Gobierno.
Luego, el ministro de Seguridad de la CABA, Waldo Wolff, afirmó su intención de trabajar para “proteger a los porteños” y estimó que ello implica que “el extranjero que está a prueba y comete un delito se tiene que ir”.
En diálogo con Radio Continental, puntualizó: “Hay distintos status de extranjero, el que tiene la residencia temporal y está a prueba está en discusión. El que está a prueba y comete un delito se tiene que ir”. Además, aseguró que hay grupos organizados de países limítrofes que se organizan “para venir a delinquir”.
En esa línea, afirmó que el 40% de los asesinatos perpetrados en la CABA fueron cometidos por extranjeros. “Es un indicio que nuestra legislación es laxa para aquellos extranjeros que con irregularidad delinquen, esto no pasa en la enorme mayoría de democracias en el mundo”, concluyó.
DNU 70/17
La supresión del DNU 70/17 fue fustigada por la oposición. A principio del 2021, al igual que otros dirigentes, el por entonces diputado nacional por la UCR Luis Petri cuestionó la derogación de la manda que, entre otras cosas, prohibía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales.
El Mendocino, actual ministro de Defensa de Javier Milei, sostuvo que aunque el Gobierno de Alberto Fernández decía que luchaba contra la delincuencia, el hecho de “abrirle las puertas” fomentaba la inseguridad.
“No hay país en el mundo que permita el ingreso a su territorio de extranjeros con antecedentes penales que intenten eludir a la justicia de sus países de origen”, añadió, y sostuvo que la decisión fue “gravísima”.
En esa línea, criticó otras medidas, como la liberación de presos y la “justificación de usurpaciones”.
“El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos”, planteó.
Poco más de un año después, el legislador Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley al respecto, luego de que 50 hinchas de Deportivo Cali fueran detenidos con armas blancas. Muchos tenían un ingreso irregular y fueron deportados.
Prerrogativa
Fundamentado que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, el decreto dictado por Mauricio Macri puso en marcha un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con agilidad. Destacó que había crecido la población carcelaria y que los procesos administrativos y judiciales eran muy largos.
La gestión de Fernández lo dejó sin efecto alegando que tenía medidas “irreconciliables” con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos.
La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales y a las que cumplan condena o tengan antecedentes tanto en Argentina como el exterior por delitos que merezcan según las leyes locales penas privativas de libertad o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos” y lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
Aquélla se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o de promoción de la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.
