ESCUCHARMás de 1.000 referentes del Poder Judicial trabajan para prevenir conflictos y acercar derechos a la ciudadanía. En su tercera edición, se consolida como una política clave de responsabilidad social y prevención de la judicialización
El Programa de Referentes Judiciales Comunitarios está transitando su etapa final en su tercer año de implementación con una participación importante de magistrados, funcionarios y empleados judiciales de toda la provincia.
En su edición 2024, el programa se extiende a todo el territorio provincial, alcanzando 72 localidades del interior y 69 barrios de la capital y la participación voluntaria de 1.000 referentes comunitarios.
Vale recordar que se trata de una política de responsabilidad social impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y coordinada por la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad.
Se busca acercar la Justicia a la sociedad a través del diálogo y la interacción directa con los ciudadanos de cada comunidad a los fines de prevenir y abordar posibles conflictos fortaleciendo derechos.
“Con la excusa de una actividad concreta la Justicia está integrada con la sociedad, es más que acercarse, es ser parte de la comunidad”, reflexiona Carolina Granja, coordinadora de la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad.
El programa tiene un triple impacto. A nivel social, busca identificar a los destinatarios del sistema, fortalecer derechos en la sociedad y dar un cauce eficiente a la conflictiva. No se pretende asesorar sino guiar o derivar efectivamente a los ciudadanos que así lo requieran. También se busca prevenir la judicialización.
Florencia Bertone, es estudiante de abogacía y una de las participantes del programa de Referentes Judiciales. Forma parte del grupo asignado a barrio Alto Alberdi y es su primer año cumpliendo esta tarea.
“Trabajo en una Unidad Judicial y allí me di cuenta que hay mucha gente que viene y no sabe adónde acudir para resolver algún problema, terminamos en la Unidad Judicial asesorando y derivando a la gente”, explicó.
A nivel institucional, el programa tiene entre los objetivos favorecer vínculos entre las personas que trabajan en tribunales.
Por último, se busca generar un impacto a nivel individual en los integrantes del Poder Judicial, fortalecer el perfil de servidores públicos y potenciar habilidades no jurídicas ni formales.
“En el Poder Judicial tenemos personas con muchas competencias jurídicas pero hay conocimientos que no son jurídicos y que son centrales para trabajar en tribunales, que no se enseñan de manera académica y que queremos generar en los participantes”, remarcó Granja.
Derecho al pizarrón
Entre los desafíos que deben cumplir los referentes comunitarios se encuentra el denominado “derecho al pizarrón”. Esta actividad incluye la visita de los operadores judiciales designados a clubes deportivos, centros de jubilados, escuelas. Las temáticas que se abordan con la comunidad son diversas y van desde información sobre los derechos de los niños, bullying, ciberdelitos, abuso sexual o grooming.
Granja precisó que en estos encuentros se han enfrentado a situaciones dramáticas. “Una funcionaria que fue a participar a una escuela y llevó material de Unicef, después de la actividad una niña le confesó que era víctima de abuso sexual. En hora buena, la Justicia estaba ahí para acompañarla”.
“Colaborar en generar justicia, dar respuesta a alguien que lo necesita, es nuestro objetivo, los expedientes son historias de vida y queremos llegar a esas historias antes que se conviertan en expedientes”, concluyó.
Vivenciando la labor judicial
Entre las últimas actividades del programa se encuentra Vivenciando la Labor Judicial. En esta edición, la semana desde el 21 al 25 de octubre se abrirán las puertas de las sedes de tribunales en toda la provincia para recibir a estudiantes y miembros de los sectores de la comunidad con quienes han tomado contacto los referentes judiciales. Es una jornada abierta a la comunidad. En la edición anterior pasaron 16 mil personas.
