ESCUCHAREn Uruguay, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario -creado por ley en 2003 para asesorar al Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa supranacional, constitucional, legal y reglamentaria en el cumplimiento de penas privativas de la libertad- reportó que la mayoría de las cárceles del país registran un hacinamiento “crítico”.
En su informe sobre 2023 también indicó que la alimentación en varias unidades es “pésima”; hay “debilidad generalizada” en la atención en salud y que las actividades educativas tienen un “espacio limitado”.
En tanto, detalló que hace dos décadas que la población carcelaria no para de crecer y que hay más de 16 mil internos, de los cuales el 40% tiene penas menores a dos años.
Las cifras ubican a Uruguay en el primer lugar de América del Sur en presos por habitante y entre los primeros 10 del mundo.
“Las muy malas condiciones carcelarias de hoy son la fuente de muchos de los delitos del mañana. No habrá seguridad pública sólida sin un sistema penitenciario técnico, rehabilitador y con recursos”, reza el documento.
Sumó que el hacinamiento empeoró dos puntos con respecto al 2022 y alcanzó el 120% y precisó que la densidad se amortiguó “en breves períodos de tiempo” con la construcción de nuevas cárceles, pero que subió desde el 2018 y que, al menos desde 2020, supera “ampliamente la capacidad de alojamiento”.
La oficina cuestionó además “la lógica de responder al aumento” en la cantidad de presos con la construcción de más cupos de “dudosa viabilidad” y planteó que la “alternativa real” es un rediseño del sistema, que aumente su eficiencia con “medidas alternativas fuertes y sustantivas para delitos con penas cortas” y “baje la reincidencia con programas y trabajo post penitenciario”.
