ESCUCHAREn Mar del Plata, el fiscal federal Nicolás Czizik pidió penas de entre 1 año y 6 meses y 8 años y medio de prisión para 20 de los acusados en el megajuicio por asociación ilícita y más de 300 fraudes en contra de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), con un perjuicio millonario al Estado a través de la “fabricación” de beneficios previsionales fraudulentos.
En un extenso alegato de manera remota ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF), el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) describió las responsabilidades de los encausados.
Estudio previsional
Pidió las penas más altas para los principales imputados. Se trata de cuatro abogados que tenían a cargo el estudio previsional desde donde se organizaban las defraudaciones. Para Luis Miguel Iros pidió 8 años y 6 meses de prisión; para Rubén David Cagni y para Roberto Balbuena 8 años y 3 meses de prisión y para Luciano Conrado Diez Suárez 7 años y medio.
Todos están acusados como jefes de la asociación ilícita y por 97 casos de defraudación contra la administración pública, más de 250 en grado de tentativa, 102 adulteraciones dolosas de registros y cuatro casos de tenencia ilegítima de DNI ajenos. Sobre Iros, además, pesan dos cargos por cohecho.
Colaboradores
Para los integrantes de la banda criminal y colaboradores José Ricardo Caliyuri -encargado de coordinar la faz médica de la organización- y el galeno Ariel Fati el fiscal solicitó penas de 4 años y 3 años y 8 meses, respectivamente.
Caliyuri también está acusado de 41 casos de defraudación a la administración pública y de 232 en grado de tentativa (fue absuelto por 28 hechos), mientras que Fati suma 17 casos de fraude y 17 en grado de tentativa.
En virtud del acuerdo de colaboración homologado en el expediente, en el marco de la Ley 27.304, el agente indicó que debe reducirse la pena, conforme el parámetro previsto en los artículos 41 y 42 del Código Penal (CP), a 3 años de prisión.
Por otro lado, para el médico Fernando Daniel Fernández -despedido de la Comisión Médica N°12 por adulteración de un informe- reclamó 3 años de prisión como miembro de la asociación ilícita y coautor en un caso de defraudación.
Para Alejandro De la Torre Kriscovich, empleado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al tiempo de los hechos, requirió 3 años de prisión como miembro de la asociación ilícita y por 31 casos de defraudación, otros 12 en grado de tentativa y más de 43 alteraciones dolosas de registros.
En otro punto, solicitó condenar a 3 años de prisión al oftalmólogo Juan Carlos Soria, como miembro de la asociación ilícita y por 16 casos de defraudación y 11 en grado de tentativa.
Czizik pidió una veintena de absoluciones, la mayoría para beneficiarios de las maniobras. No obstante, para Walter Dubois y Ricardo Manuel Balbuena, acusados como coautores fraude contra la administración pública, sí pidió condenas (respectivamente, 2 años y 2 años y 6 meses de prisión), al entender que no desconocían el accionar delictivo de los integrantes del estudio jurídico.
A su vez, requirió la homologación de los acuerdos celebrados en la previa del debate oral. Entre las personas que reconocieron los delitos figuran cuatro médicos (Rodrigo Néstor Jones, Eduardo Alberto Moyano, Gustavo Enrique Domínguez y Nazareno Di Giovanni); dos allegados del estudio jurídico (Rodolfo Rubén Barone y Fernando Biesa) y la contadora Daniela Andrea Livi.
Decomisos
En otro tramo de su alegato, el fiscal requirió el decomiso de los inmuebles en donde funcionaba la banda criminal y del dinero en efectivo incautado a los cuatro principales responsables. “Desde allí se cargaron declaraciones juradas sobre relaciones laborales falsas. Desde allí, se ordenó a otros cargar declaraciones juradas desde sus domicilios. Allí se conservaba la documentación de personas físicas y jurídicas luego utilizadas como falsos empleadores. Allí trabajaba el acusado que realizaba falsos recibos de sueldo. Allí se conservaban DNI de terceras personas. Allí examinaban a los clientes los médicos que integraban la asociación”, reseñó.
Paralelamente, pidió que se declare a la Organización Jurídica Previsional SRL y a sus integrantes como deudores solidarios en relación con la deuda originada a la ANSES a partir de los beneficios previsionales fraudulentos por los que resulten condenados y que se comunique a la AFIP la sentencia en relación con el perjuicio sufrido por dos ciudadanos perjudicados ante el fisco por el obrar delictivo de la organización.
Czizik sostuvo que es difícil establecer de forma certera el perjuicio total ocasionado a las arcas públicas por “la variable la situación de cada beneficio irregular conseguido por la organización”, de los cuales algunos fueron saldados total o parcialmente por los beneficiarios y otros tienen deuda pendiente en permanente actualización.
Para poder aproximarse a la magnitud del daño causado, Czizik recordó que en 2017 la ANSES denunció menos de 30 casos con un perjuicio de 90 millones de pesos. “El universo de casos consumados alcanza 97 casos, de modo que aquel perjuicio, al menos debería triplicarse, sin perjuicio de la actualización”, señaló.
También citó la información consolidada en el incidente de reparación integral, en el que, por solo ocho casos, hace un año se fijó la existencia de una deuda a favor de la ANSES que alcanzaba los 45 millones de pesos.
El fiscal explicó que el estudio jurídico “no necesariamente se creó para cometer delitos”, pero estableció que a partir de la acreditación de casi 100 fraudes consumados y 250 tentados se podía concluir que “la experiencia adquirida durante largo tiempo en el litigio fue aprovechada y mutó para lograr los resultados no ya por la fuerza del derecho, sino a través de la comisión de delitos”.
“Los acusados insisten en que litigaban legalmente y en beneficio de sus clientes para que accedan a lo que tienen derecho, pero ello tan sólo es un argumento de superficie, que omite y no responde a las circunstancias de hecho acreditadas en la causa respecto de los fraudes señalados”, indico.
El fiscal contrastó con diversa y contundente prueba las explicaciones defensivas de los acusados, que nada dijeron, por ejemplo, del indigente, el botellero, o el nonagenario que hicieron pasar como empleadores para simular una relación laboral ficticia para sus clientes. “El sostenimiento del estudio y sus empleados, el reparto de ganancias por parte de los cuatro jefes acusados, los involucra a todos en el escenario delictivo propuesto como sustrato fáctico del juicio”, remarcó Czizik.
Maniobras centrales
La semana pasada, en la primera parte del alegato, el fiscal se refirió a las dos maniobras centrales que desplegó la organización criminal: la simulación de relaciones laborales inexistentes y falsedades varias en los procedimientos para obtener retiros tempranos por invalidez.
Explicó que se valió de un grupo de profesionales de la salud que realizaba informes sobre los clientes del estudio jurídico.
