ESCUCHARAdvierten que las trabas burocráticas están retrasando significativamente el pago de sus emolumentos, poniendo en riesgo la continuidad del Registro de Abogados del Niño y sobrecargando el sistema judicial con ejecuciones de cobro
En febrero del año pasado y con una demora de tres años desde que se sancionó la figura del Abogado de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) se reglamentó las pautas y procedimientos que debían seguir los profesionales para cobrar sus honorarios.
En aquel momento hubo planteos de los letrados que consideraron que la reglamentación del artículo 9 de la ley 10636 implicaba dilatar, entorpecer y burocratizar el pago de los honorarios de quienes asumen la defensa técnica NNyA.
En la práctica, la demora de cobro implicaba desde la regulación de honorarios unos cuatros meses hasta la efectivización del pago, sin posibilidad de ejecución alguna.
La situación se agravó desde comienzo de año cuando se trasladó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) la gestión del trámite de pago de los honorarios que son regulados a los abogados desde el Poder Judicial
La burocracia administrativa impacta fuertemente en el bolsillo de los profesionales que se dedican a defender los intereses de los niños con demoras que llegan a duplicar los plazos previstos por la normativa.
Vanina Lamberti, presidenta de Instituto de Estudios Legales y Sociales de abogadas y abogados de Niñas, Niños y Adolescentes precisó a este medio que la mora administrativa obliga los profesionales del derecho a pedir la ejecución de honorarios en la justicia, lo que impacta además en una sobrecarga de trabajo en los juzgados.
Además de la preocupación que significa la demora en el cobro de los honorarios que deben percibir los profesionales, Lamberti advierte que esto incidirá negativamente en el Registro de Abogadas y Abogados de niños niñas y adolescentes toda vez que quien no puede cobrar por su trabajo dejará de estar inscripto y disponible para ejercer esa tarea.
“La falta de pago en tiempo y forma conforme al compromiso asumido es un efecto disuasor en el ejercicio profesional”, asegura la abogada especializada en Niñez y Adolescencia.
Cabe recordar que, a diferencia de otras especializades del derecho, en el caso de los profesionales que quieran ejercer como abogados del Niño, primero deben cumplir con los requisitos que prevé la ley, esto es realizar previamente una capacitación en el Colegio de Abogados y luego inscribirse en el Registro.
Por ley, en Córdoba se determinó que los honorarios de estos abogados deben ser afrontados por el Estado y es el principal responsable de garantizar el pago.
“Tenemos una ley vigente pero no es efectiva”, remarca Lamberti con preocupación.
La abogada cuestionó también la inacción del Colegio de Abogados de Córdoba que hasta el momento “no ha visibilizado ni llevado a cabo ninguna acción de defensa gremial para garantizar el cobro de los honorarios de los profesionales”.
En el mismo sentido, criticó la decisión de la institucíon de unificar la Sala Académica de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -que desde el 2020 funcionaba en el Colegio de Abogados de Córdoba – de manera independiente con la sala de Derecho de Familia. “Es un franco retroceso con el enfoque de derechos y paradigmas vigentes, en tanto los derechos de niñas y niños son transversales a los diferentes fueros y no privativos de las familias y además dificulta las gestiones independientes como la que se plantea hoy”, concluyó Lamberti.
Es una realidad la mora en el pago por parte de la provincia. Lo que no es cierto es la inacción del colegio de abogados, dado que desde acción gremial se han mantenido reuniones y se han realizado reclamos, además de estar trabajando en la reforma de la ley. Sería importante que se entrevistara a las personas que realmente saben del tema y que están haciendo algo al respecto