ESCUCHARA la fecha, en el Legislativo de la provincia de Buenos Aires (PBA) se debate en comisiones un proyecto que actualiza indemnizaciones por despidos.
Hace horas, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, distanció al mandatario provincial de la iniciativa presentada por las diputadas camporistas Maite Alvado y Soledad Alonso, ya aprobada por la Cámara Baja bonaerense.
“Sabemos de qué se trata y que se está debatiendo en la Legislatura, pero no es un proyecto del Ejecutivo”, dijo Bianco en conferencia de prensa sobre una de las iniciativas insignias del kirchnerismo de la jurisdicción.
Casi en paralelo, el ministro de Trabajo de Kicillof, Walter Correa, quien participó de la presentación del texto legal, declaró que “más allá de pensar en un futuro” hay que “consolidar el presente” y “defender los puestos de trabajo”.
El cambio de tono de Correa es notable: cuando acudió al acto de presentación, dijo que estaba allí para “demostrar” que el ministerio de Trabajo, como institución, se involucraba con el proyecto porque era “positivo para los trabajadores”.
Además, anunció que la cartera que dirige se iba a “comprometer” y a “poner el gancho” para que “ningún compañero en la Legislatura” tuviera “duda” de “lo que significa la función pública”.
La modificación propuesta cambia el artículo 48 de la Ley 11.653; concretamente, la fórmula para calcular las indemnizaciones en juicios laborales. Plantea que el monto total por el que se condene se deberá adecuar de acuerdo a la tasa Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) reglamentada por el Banco Central, más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago.
La reforma implica pasar de una tasa pasiva a una activa, como ocurre en el ámbito laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Justamente esa equiparación es la que citan los partidarios de la iniciativa: argumentan que hace más de dos décadas la tasa propuesta se implementa en la CABA sin quiebras pymes por juicios laborales.
Litigiosidad
El presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, ya advirtió que las situaciones de los distritos son distintas. Recordó, por ejemplo, que la PBA no tiene ni instancia conciliatoria ni Cámara de Apelaciones que revise las sentencias y que, por ende, la iniciativa podría funcionar como incentivo para la litigiosidad.
El proyecto está en la comisión de Legislación General. Una vez debatido en ese ámbito pasará a Asuntos Constitucionales y Acuerdos para luego ser discutido por el Senado bonaerense.
Distintas entidades empresariales y de pymes se oponen a la iniciativa. En las últimas horas se sumaron al debate las entidades rurales que integran la Mesa de Enlace bonaerense, que enviaron una carta a la Cámara Alta de la PBA alertando que el incremento propuesto en los intereses sobre créditos laborales impactaría “de manera significativa” en los costos operativos de las empresas.
Opinan que, de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas, con impacto directo en el empleo rural y en las economías regionales.
