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Visita a represores: un fiscal cuestionó que se judicialicen temas políticos

PENAL DE EZEIZA. La reunión que generó polémica fue el 11 de julio.
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El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola rechazó en duros términos la denuncia que presentó la diputada Lourdes Arrieta (LLA) en contra los colegas de su bloque con los que visitó a ex militares condenados por delitos de lesa.

En su dictamen, el agente descalificó los argumentos de la legisladora y cuestionó que se lleven a los tribunales “diferencias que deberían resolverse en el ámbito político”.

A s turno, Arrieta pidió se investigue la posible comisión de los delitos de coacción agravada, abuso de autoridad, violación de deberes, conspiración y malversación de caudales públicos por parte del funcionario del Servicio Penitenciario Federal Fernando Martínez y personas a las que responsabilizó por organizar la visita al penal de Ezeiza, entre las que mencionó a los diputados Beltrán Benedit  y Guillermo Montenegro; al cura Javier Olivera Ravasi y a los abogados Ricardo Alberto Saint Jean y María Laura Olea.

Infantilismo
Mola estimó que Arrieta denunció por su “intención de despegarse” de un hecho que la tuvo como protagonista y que, con ese fin, hizo “consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”.

En esa línea, cuestionó lo que definió como “un mal” que “se hizo carne” en el país: la judicialización de cuestiones de naturaleza estrictamente política.

“No es en la justicia penal donde deben dirimir esas lides, ni los jueces y los fiscales son árbitros”, enfatizó.

Bajo esa premisa, alegó que se trata de un “impropio proceder” que, en definitiva, ensombrece la actuación del Judicial, generando desconfianza o “sospecha de proceder faccioso o de parcialidad”.

“Si la discusión política se dirime en un tribunal, cualquier decisión puede ser reputada de facciosa por quien se sienta defraudado”, consideró.

Mola manifestó que, a su entender, lo más grave es que, “bajo cuerda, so pretexto de una extravagante posible comisión de delitos”, se pretende inmiscuir a la Justicia en un ámbito en el que no le corresponde ingresar: el de la discusión política intrapartidaria.

Mola le pidió al juez que entiende en la causa, Ernesto Kreplak, que desestime la denuncia por inexistencia de delito. No obstante, solicitó que se indague si pudo existir algún tipo de incumplimiento de deberes por parte de las autoridades penitenciarias.

A su turno, Arrieta adujo que cuando fue incorporada a los grupos de WhatsApp desde donde se organizó la visita a represores creyó que era un espacio para debatir posibles proyectos para lograr “mejorar condiciones de detención de personas mayores”.

También adujo que fue víctima de “un minucioso trabajo de manipulación”.

“La denunciante es diputada nacional, lo que presupone un umbral mínimo de conocimiento de aquello que -como todas las cuestiones referidas- se encuentra presente, con permanente actualidad, en la agenda política y judicial de nuestro país desde hace mucho tiempo”, sostuvo Mola. “En todo caso, no alcanza alegar ignorancia para sustentar una supuesta manipulación”, sumó, y precisó que una simple búsqueda en Internet podría haber disipado las dudas de la legisladora.

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